Tras la designación de María de Jesús Muñoz Reyes al frente del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, fueron altas las expectativas generadas en el gremio de creadores, conocedores de su trayectoria, capacidad y preparación en el ramo.
Pero a un año de la nueva gobernanza la política cultural sigue difusa, sin aparente conexión con la reconstrucción del tejido social ni la búsqueda de nuevos talentos. Y no hay que perder de vista que el propio gobernador David Monreal había prometido convertir a Zacatecas en la capital de la cultura a nivel nacional e internacional, aunque parecen muy, pero muy lejanos a esa meta.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Cultural con motivo de la glosa del informe de gobierno, Dulce Muñoz Reyes destacó avances en el mantenimiento de la infraestructura y el patrimonio cultural, los esfuerzos por reactivar los institutos municipales de cultural mediante el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, los oferta de talleres, la gama de festivales que se han mantenido luego de la pandemia y el impacto de la nueva Ley de Cultura del Estado de Zacatecas.
Pese a ser una de las dependencias de la administración pública descentralizada que tuvo ampliación en su presupuesto 2022, el recurso al parecer sigue siendo limitado, y aunque la directora haya reconocido que “no existen subejercicios”, sus informes financieros revelan que el IZC está en la rayita, con insuficiencia presupuestal.
Por supuesto, no podía faltar la pérdida de tiempo en responder a las “cartitas al Niño Dios” que le hicieran los diputados presentes en la comparecencia, quienes nuevamente demostraron que acuden a las comparecencias a improvisar, sin haberse documentado para evaluar con datos duros el desempeño de cada dependencia en el último año.
Muy poco tiempo les costaba haber leído mínimo lo que se reportaba en el documento del primer informe de gobierno y contrastar con otras fuentes de información si lo reportado era verídico, si había inconsistencias o si no había evidencias documentales.
Baste revisar el portal de consulta pública en formato de datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en cuyo apartado de “contratos de obras, bienes y servicios” apenas se transparentan 11 contratos por adjudicación directa que en conjunto suman 4 millones 467 mil 554.59 pesos, de un presupuesto anual aprobado por más de 151 millones de pesos.
Casualmente, los 11 contratos subidos en la PNT corresponden a la contratación de servicios para el Festival Cultural Zacatecas en su edición 2022, pero ninguno corresponde a la cartera de artistas que se presentaron e integraron el programa.
De hecho, tres de esos contratos, que en conjunto representan 1.4 millones de pesos, correspondieron a la renta de pantallas, iluminación, sonido y demás producción técnica para las plazas y plazuelas donde se realizarían las actividades, además de otro contrato para la renta de vallas de seguridad; uno más para contratar a 231 elementos de seguridad privada y 96 veladores, sin olvidar otro contrato por casi 122 mil pesos para el servicio de streaming de las principales actividades programadas.
En el gobierno del “no hay, no hay, no hay” y de las “herencias malditas”, llama la atención el contrato por 870 mil pesos para la renta de un avión privado con motivo de la presentación del tenor Javier Camarena en el citado Festival Cultural. La cuestión es que la renta del dichoso avión privado fue de carácter ilimitado, del 7 al 12 de abril, por varias ciudades de Estados Unidos, pese a que en Zacatecas únicamente se presentó el día 10 de abril. Y no se informa de sus honorarios ni del resto de artistas que integraron el programa de la edición 36 del Festival…
En la antesala de la inauguración del Festival Internacional de Jazz, poco se dijo en la comparecencia sobre la cancelación del Festival Internacional de Teatro de Calle, ese que permitía vincular el patrimonio arquitectónico y cultural en una sinergia con la estrategia de difusión turística, en una tierra urgida de promover “lo bueno” que hay en Zacatecas y que ha sido opacado por la violencia.
Considerando lo anterior, los diputados bien pudieron preguntar ¿dónde están los contratos del resto del presupuesto ejercido? Porque el Capítulo 1000 apenas representa una tercera parte del presupuesto anual aprobado al IZC, y su informe de avance de gestión al 30 de junio muestra ya un déficit presupuestal. Por algo Dulce Reyes reiteró que “no hay subejercicios”…
No se duda de la gran capacidad y talento de la directora del IZC para emprender grandes proyectos en materia cultural. Anteriormente ya lo había demostrado. Pero no quisiéramos pensar que entre su equipo más bien hay quien se empeña en obstaculizar su labor y mantener en la opacidad el ejercicio del recurso público. ¿Algo que busquen esconder en particular?
Cochinero en cuentas públicas
Ayer mismo, en sesión ordinaria por demás tediosa, conmovió el mensaje del diputado Ernesto González Romo por el término de su periodo al frente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura. No es que tuviera un papel brillante, pero sí mostró mayor institucionalidad que en sus intervenciones del primer año constitucional cuyo léxico incluía expresiones como “botargas aplaudidoras”.
Pese a pertenecer al partido en el gobierno, es de reconocer su actitud de no sumisión ante la secta, especialmente por su empeño en demostrar que la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, nunca acudió al recinto legislativo para atender su comparecencia.
Pero más allá de las lágrimas de cocodrilo, lo importante de la sesión de este miércoles radicó en el primer paquete de dictámenes de la revisión de las cuentas públicas 2020 de 35 municipios.
Ninguno salió ileso a la revisión que realizara la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, destacan por los montos observados los siguientes municipios:
- Genaro Codina, 33 millones 372 mil 128.86 pesos
- Guadalupe, 13 millones 878 mil 756.44 pesos
- Mazapil, 13 millones 694 mil 838.51 pesos
- Pinos, 7 millones 537 mil 128.72 pesos
- Santa María de la Paz, 7 millones 80 mil pesos
- Sombrerete, 6 millones 462 mil 113.61 pesos
- Tepechitlán, 4 millones 548 mil 649 pesos
¿Algo que tengan que decir los alcaldes sobre estas observaciones por posible daño al erario?
