Hará casi un año que buena parte de los diputados celebró el recorte al Poder Legislativo en su Presupuesto de Egresos 2022, alegando una pretendida “austeridad republicana” y en apariencia la eliminación de las llamadas “herramientas legislativas”, o aquella partida de servicios profesionales que fue la base de la otrora “estafa legislativa” mediante la contratación de “servicios legislativos” con empresas factureras o fantasma.
Hoy, sus propios informes financieros con corte al 30 de septiembre (y disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia) demuestran que la vulgar ambición, la farsa y la mentira nunca abandonaron al Poder Legislativo.
Frente a los 85.7 millones de pesos etiquetados por el Poder Ejecutivo o los 1.1 millones de pesos en el Poder Judicial, resultaban ridículos e insignificantes los 845 mil 376 pesos que había etiquetado el Poder Legislativo para Servicios de Comunicación Social y Publicidad, una partida que la nueva gobernanza siempre criticó, pero que hoy son la base de sus tacos de lengua.
No es que los diputados locales sean muy productivos, pero vaya desgaste se llevan los reporteros que cubren la fuente legislativa al soportar horas y horas de sesiones que no llevan a nada, pero sí demuestran mucho del bajo nivel en el que ha caído el Poder Legislativo.
Tal vez por eso los diputados tomaron la decisión, en el tercer trimestre del año, de recortar 762 mil 920 pesos en esta partida y dejar únicamente 82 mil 456 pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad en el último trimestre del año.
Tampoco es que tengan mucho que informar nuestros legisladores de todos los grupos parlamentarios, pero este significativo recorte contrasta con otros recortes también relevantes o las ampliaciones presupuestales en otras partidas equivalentes a las condenables “herramientas legislativas”.
Según sus propios informes financieros, en el Capítulo 1000 de Servicios Personales, los diputados hicieron recortes de personal que se tradujeron en una reducción por 7 millones 177 mil 208 pesos en esta partida, que finalmente quedó en 234.8 millones de pesos. “Austeridad republicana”, decían.
Luego, en el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros, los legisladores hicieron recortes por 1 millón 159 mil 616 pesos para disponer finalmente de poco más de 2.2 millones de pesos. “Austeridad republicana”, decían. Aunque ínfimos sus recortes en gasto corriente.
Por si fuera poco, en el Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles recortaron 457 mil 29 pesos de un gasto programado por 500 mil pesos, y la principal afectación fue en la adquisición de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. “Austeridad republicana”, decían, a tal grado que hoy no hay dinero para renovar una simple silla, un escritorio o alguna computadora.
Lo más interesante fue la ampliación presupuestal en el Capítulo 3000 de Servicios Generales por 10 millones 763 mil 248 pesos; al final, dicha partida quedó en poco más de 33.2 millones de pesos. Y los principales incrementos se dieron en los rubros de Servicios de Traslado y Viáticos, así como en Servicios Oficiales.
En el primer caso, la ampliación presupuestal fue de 7 millones 225 mil 325 pesos para quedar finalmente en poco más de 9 millones de pesos; mientras que en el segundo caso, la ampliación presupuestal fue por 11 millones 154 mil 729 pesos para poder disponer de un total de más de 15.5 millones de pesos en Servicios Oficiales.
Ahora se entiende por qué mes a mes los 30 diputados locales (sin importar grupo parlamentario) disponían mes a mes de entre 30 mil y 45 mil pesos para sus gastos de representación en “actividades propias de su encargo” y que, según la evidencia que obra en la Plataforma Nacional de Transparencia, en su mayoría corresponden a facturas de consumo de gasolina o algunos restaurantes.
¿Será que viajan mucho y cada día debían cargar unos mil pesos en combustible para atender las “actividades propias de su encargo”? Eso sí es “austeridad republicana”, ¿verdad?
Pero a lo mejor se les pasó la mano con los recortes que ellos mismos aprobaron en 2021 y por eso, durante la glosa del primer informe de gobierno, hubo ausencias sospechosas de quienes eran señalados de “cabildear” comparecencias a cambio de recursos. Si eso no es vulgar ambición, que nos expliquen de qué se trata su “austeridad republicana”.
Al cadalso, titular de SEDUZAC
Volviendo a lo que dicen que es la “productividad legislativa”, finalmente en el pleno se aprobó por mayoría de votos el dictamen de la iniciativa presentada por la diputada Cuquita Ávalos mediante la cual se solicita al gobernador David Monreal remover de su encargo a la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, por desacato a la comparecencia a la que fue citada por la 64 Legislatura con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.
La iniciativa precisa que, en caso de no removerla del cargo en los tres días posteriores a la aprobación de la iniciativa, los órganos del Poder Legislativo iniciarán el procedimiento jurídico para su remoción conforme al Título VII de la Constitución Política del Estado.
También en la iniciativa se solicita a la Mesa Directiva de la 64 Legislatura realice las acciones necesarias para imponer provisionalmente la multa de 500 unidades de medida a la titular de la dependencia, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Sería ocioso repetir los motivos que fundaron la iniciativa; baste recordar la serie de mentiras con las que se pretendió justificar el desacato de la funcionaria en cuestión, que a toda costa ha evitado rendir cuentas sobre el desastre en el que se encuentra la SEDUZAC.
A favor de este dictamen votaron los diputados Cuquita Ávalos, Ernesto González, Xerardo Ramírez, Lupe Correa, Priscila Benítez, Herminio Briones, Gaby Basurto, José Luis Figueroa, Manolo Gallardo, José Juan Estrada, Enrique Laviada, Jehú Salas, Gerardo Pinedo, Juan Mendoza, Marimar de Ávila y Karla Valdez, a quienes se sumaron las abstenciones de los diputados Georgia Fernanda Miranda, Armando Delgadillo e Imelda Mauricio.
Solo votaron en contra de la iniciativa los diputados Maribel Galván, Lorena Oliva, Nieves Medellín, Analí Infante y Zulema Santacruz. Precisamente quienes defendieron a capa y espada la asistencia de la secretaria de Educación al recinto legislativo, cuando una y otra vez se demostró que era mentira.
¿Qué pasará con el punto de acuerdo? Seguramente nada. Y como dijo el diputado Xerardo Ramírez, su relevancia es que quedará como antecedente histórico del primer desacato a un llamado a comparecer. O sea, nada.
Luego, en la misma sesión ordinaria y por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron los dictámenes relativos a las Cuentas Públicas 2020 de 34 municipios, del sistema de agua potable de Ojocaliente, de la JIAPAZ y de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA).
A solicitud de la diputada Gaby Basurto, la Cuenta Pública 2020 del municipio de Guadalupe se votó por separado y finalmente fue rechazada por mayoría de 12 votos, a los que se sumó una abstención, contra 8 votos a favor del dictamen. Seguramente la diputada Violeta Cerrillo echaba chispas porque ahora la Auditoría Superior del Estado tendrá que realizar una nueva revisión en un plazo de 90 días y, tal vez (solo tal vez) ser más dura en sus investigaciones.
Habrá que recordar que de este primer paquete de Cuentas Públicas 2020, los municipios con mayores montos en observaciones fueron:
- Genaro Codina, 33 millones 372 mil 128.86 pesos
- Guadalupe, 13 millones 878 mil 756.44 pesos
- Mazapil, 13 millones 694 mil 838.51 pesos
- Pinos, 7 millones 537 mil 128.72 pesos
- Santa María de la Paz, 7 millones 80 mil pesos
- Sombrerete, 6 millones 462 mil 113.61 pesos
- Tepechitlán, 4 millones 548 mil 649 pesos
Por último, trascendió un documento de la Secretaría de Gobernación donde se notifica oficialmente a la 64 Legislatura sobre la próxima visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de la fallida “comparecencia” que se canceló con la excusa del sensible fallecimiento del diputado migrante Sergio Ortega, cuando ya desde antes todo estaba hecho con las patas.
Si todo marcha bien, el funcionario federal estará en el recinto legislativo este jueves a las 12:00 horas para hablar sobre la reforma de la Guardia Nacional y la presencia de las fuerzas armadas en las calles, aunque en Asuntos Generales, los diputados mostraron mayor interés por abordar la próxima reforma electoral. Ya veremos, dijo el ciego.
También en Asuntos Generales, la diputada Marimar de Ávila, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Cultural, aprovechó para condenar la cancelación de la vigésima edición del Festival Internacional de Teatro de Calle y lo atribuyó a los recortes presupuestales propuestos por el Ejecutivo estatal y aprobados por diputados de MORENA y sus aliados.
De hecho, junto a la diputada Gaby Basurto, se insistió en los subejercicios que tanto han negado los funcionarios de la nueva gobernanza (y que una y otra vez se han demostrado con sus propios informes financieros) y se espera que en sesión de este miércoles se presente un llamado a misa… perdón, un “punto de acuerdo” para exhortar al Ejecutivo estatal a realizar los ajustes presupuestales necesarios con tal de que se realice la edición 20 de este importante Festival, que el año pasado requirió una inversión de alrededor de 8 millones de pesos. Falta que exista voluntad del gobernador David Monreal o de la secta. Es cuanto.
