No es una expresión contradictoria, pero sí paradójica, en un contexto como el de Zacatecas. Y el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puso el punto sobre las íes durante el homenaje luctuoso a la memoria de Roberto Elías Martínez, juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento que perdiera la vida el pasado fin de semana en un cobarde ataque en el municipio de Guadalupe.
En una entidad con más de mil homicidios dolosos en lo que va de la actual administración, con alrededor de 60 policías que han perdido la vida víctimas de alguna agresión, con más de 80 menores en la misma condición, que acumula una de las mayores tasas de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes, y que tiene a dos de sus principales municipios entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país, no es cosa menor el asesinato del comisario José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, o del juez Roberto Elías Martínez.
Se trata de dos momentos clave para dimensionar la gravedad de la situación que hay en Zacatecas, una situación que ciertamente no se originó el 12 de septiembre de 2021, pero cuyo manejo desde entonces parece errático en múltiples dimensiones.
Y a pesar de la baja en la incidencia delictiva que muestran las cifras oficiales (también relativas, como ya se ha demostrado desde octubre de 2021), la magnitud de los daños incide directamente en la percepción de seguridad, ese indicador clave que forma parte de los parámetros de evaluación sobre la eficiencia de la Secretaría de Seguridad Pública (baste revisar la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023).
En su mensaje, el magistrado Arturo Nahle enfatizaba que con el asesinato del juez Roberto Elías “no solo se priva de la vida a un hombre que por su profesionalismo y honorabilidad está dotado de fe pública y autoridad; no, se mata a uno de los encargados de que el pacto social persista, se mata a quien hace valer las reglas del juego que todos jugamos, el juego de la vida, del trabajo y de la vida en común”.
Las mismas palabras se podrían aplicar en el caso del asesinato del comisario José Silvestre Urzúa Padilla, el elemento de más alto rango que pierde la vida en lo que va de la actual administración. Porque su función también era la de salvaguardar la protección de la población y hacer que prevalezca el Estado de Derecho, ese al que Nahle García calificó de “deteriorado”.
El reclamo de la justicia que pide justicia contrasta con el logro de haber frustrado un intento de fuga en el CERERESO de Cieneguillas con el que se pretende minimizar la situación de violencia que se vive en Zacatecas y en cuya estrategia de atención, las víctimas quedan en último lugar.
El tema salió a colación durante el panel “La corrupción en la agenda pública”, organizado por la Secretaría de la Función Pública en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, donde Salvador Camarena Rodríguez, editorialista de El Financiero y El País México, vino a dar una sacudida a autoridades y medios de comunicación.
— Secretaría de la Función Pública (@SFP_Zac) December 5, 2022
Tras recordar los hechos ocurridos el domingo pasado que generaron alerta en diversos puntos del estado luego del intento de fuga frustrado por las corporaciones, enfatizó en la importancia de “no confundir la causa con el efecto”.
Desde su perspectiva, tales hechos son efecto de la “corrupción en las elecciones, cuando capitales oscuros entran en un proceso electoral y financian campañas”, pues consideró que “hay muchísimo dinero que no está fiscalizado y que rebasa por mucho lo permitido por la ley”.
Pero no solo eso. Mientras la audiencia pelaba los ojos en el auditorio del Edificio J en Ciudad Administrativa, Salvador Camarena indicaba que la situación de violencia en Zacatecas también es producto de la corrupción en los cuerpos policiacos, y en algún momento de las fuerzas armadas.
Y con evidente molestia, remató: “no sé cómo podemos estar aquí sentados cuando mataron a un juez el fin de semana y hace 10 o 15 días a un general, así no podemos empezar (este panel); no veo a las autoridades con un luto, no veo a la clase política diciendo ‘mataron a uno de los nuestros’ (…) es un actividad de riesgo la función pública, sí; pero no los veo dolidos; si matan a un juez y no hay gran conmoción, al rato matan a otro o a otra”.
Tal vez sin conocer la dinámica de la actual comunicación institucional en Zacatecas, Salvador Camarena también cuestionó que ante este tipo de hechos “los gobiernos deberían tener una estrategia de información en tiempo real para que la ciudadanía tome sus decisiones y si se equivocan o se esconden, eso no puede ser pretexto para nosotros como medios de comunicación para informar”.
¿Qué ocurrió el domingo pasado (por poner un ejemplo) ante el intento de fuga en el penal de Cieneguillas? La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se limitó a unas escuetas líneas para dar cuenta de un “evento” cuya información estaba en proceso.
Luego vino una declaración escueta en redes sociales de la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, y más tarde (mucho más tarde) la declaración (también escueta) del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín.
En ese ínterin, quedaron muchas lagunas informativas que fueron llenadas con especulación y que derivaron en la desinformación y el caos, originados en gran parte por eso que cuestionaba Salvador Camarena y que ha sido la constante en la actual administración cuando se trata de hechos de inseguridad.
Y a propósito del combate a la corrupción y de los hechos registrados el fin de semana, vale la pena rescatar unas líneas de la editorial del morenista Luis Medina Lizalde de este lunes:
“Una clase gobernante con corruptos en sus filas no puede ofrecer a sus gobernados cuerpos policíacos sin nexos con el crimen organizado, tampoco puede garantizar a la población que los denunciantes no sean delatados ante las bandas criminales ni que un juez corrupto libere delincuentes”.
“El crimen organizado usa la violencia cuando lo necesita pero que eso no nos hagan pensar que la delincuencia se impone a balazos ocultándonos que se abre paso a billetazos”.
Por supuesto que lo ocurrido el fin de semana fue aprovechado por quienes hacen leña del árbol caído y con profusión, circuló en redes sociales una petición en la plataforma change.org para exigir la renuncia del gobernador David Monreal, campaña que hasta esta mañana ya había rebasado las 18 mil firmas.
Si se trató de una vía para que la sociedad hiciera catarsis, bien. Pero es solo una ilusión, pues la iniciativa no tiene efectos jurídicos ni vinculantes; eso solo se logrará una vez que se haya aprobado la armonización constitucional en materia de revocación de mandato, esa que en su momento celebró el propio mandatario, y aun así, hay que reunir los duros requisitos establecidos en la Constitución para llegar a ese resultado.
Pero entre carroñeros y farsantes te veas…
Desastrosa la realidad de la Inseguridad por encima de la percepción en el Estado de Zacatecas, la versión y opinión del Pte del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Arturo Nahle plenamente certera y que refleja de manera precisa la problemática por la obtención de la Justicia en el Estado, más aún cuando la limitan de recursos económicos, y en mi opinión ( no soy abogado), la actual ley procesal acusatorio no funcionó y libera fácilmente a muchos delincuentes.