La recurrida fórmula de Benjamín “N” como cortina de humo para la nueva gobernanza parece haber llegado a su fin, no así la estrategia implementada por algunos funcionarios que, incurriendo en violaciones al Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reproducen una violación sistemática a los derechos humanos en el ejercicio de la función pública para simular un aparente combate a la corrupción mientras persiguen otra consigna: callar las voces críticas.
En esta ocasión la nueva cortina de humo de la nueva gobernanza se trata de Gabriel Contreras, director de Agenda Política y quien ha evidenciado diversos casos de presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados diferentes servidores públicos y empresarios.
Desde las anomalías en el Crédito Ganadero a la Palabra, la existencia de una nómina secreta disfrazada de “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo” (investigación realizada en conjunto con La Cueva del Lobo y Lalalá News), hasta irregularidades en la contratación de obras, bienes y servicios, Contreras Velázquez ha contribuido al ejercicio del periodismo de investigación que cuestiona y da elementos al órgano fiscalizador para corregir y sancionar los presuntos actos de corrupción.
No obstante, desde el 2019 en Zacatecas se ha documentado una agresión recurrente y sistemática contra periodistas, en forma de “acoso judicial”, atentando contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, aunque estos ataques se han dirigido en particular hacia quienes han documentado y evidenciado este tipo de casos orquestados por funcionarios públicos afines a quien hoy encabeza la Delegación de Programas para el Desarrollo: Verónica Díaz Robles.
La cuarta denuncia
El pasado viernes 9 de diciembre, en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, se llevó a cabo la audiencia inicial de imputación, donde el Gobierno del Estado, representado legalmente por Ángel Manuel Muñoz Muro, subsecretario de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (no el coordinador general Jurídico, Ricardo Humberto Hernández León, que sería el único con dichas facultades), denuncia al periodista Gabriel Contreras Velázquez por el delito de “fraude específico”.
En su denuncia, consideran que a su paso por la administración pública (2018-2019), el periodista “se apropió indebidamente de recursos públicos mediante simulación de contratos sin haber realizado un trabajo y recibir un pago mientras estuvo adscrito”. Lo que comúnmente se conoce como “aviador”.
En dicha audiencia, en la que estuvo presente Lalalá News, la parte denunciante presentó evidencias como un informe de la Coordinación General Jurídica, registros en áreas internas de la misma dependencia, una denuncia anónima en el buzón electrónico de la SFP fechada en abril del 2020, informes diversos de varias dependencias, dos testimoniales, además de una determinación administrativa de la propia SFP donde se solicita determinar “falta administrativa por simulación de contratos”.
Sin embargo, al presentar esta última prueba “de último momento”, Muñoz Muro reconoció que se trataba de un elemento que actualmente se lleva en el Tribunal de Justicia Administrativa, un tema que no pasó desapercibido para la juez, quien estableció un plazo de 144 horas para que el denunciado presente elementos que permitan desestimar las acusaciones o, en su caso, proceder a la vinculación a proceso, donde aún existiría la alta posibilidad de desechar la denuncia.
La defensa
A reserva de otros elementos que se pudieran presentar en la próxima audiencia, Gabriel Contreras habrá de demostrar que cumplió con los contratos firmados en el periodo señalado en la denuncia, con informes semestrales, como acusa la parte denunciante.
Por el régimen de contratación, no estaba obligado a ocupar un espacio físico en las oficinas de la Coordinación General Jurídica; sin embargo, la parte denunciante presenta como testigos a dos personas que tampoco tenían la obligación de conocer sobre la asistencia o no del personal contratado en otras áreas de la misma dependencia.
Interesante será saber cómo la denuncia anónima en el buzón electrónico de la SFP, sin pruebas y acusando directamente la labor periodística, pasó de ser un tema administrativo a una denuncia penal, con un enfoque completamente distinto al de la denuncia original, sin olvidar a los responsables de dichos procedimientos.
Acoso judicial
Esta se trataría de la cuarta denuncia presentada en contra el periodista Gabriel Contreras; esta última, la primera que no está relacionada directamente con el ejercicio periodístico, aunque se da en un contexto donde Contreras Velázquez recientemente evidenció que el subsecretario de Responsabilidades, Ángel Manuel Muñoz, es investigado por la propia SFP por conflicto de interés y demás agravantes en el ejercicio de la función pública, por lo que no se descarta que se trate de un nuevo ataque motivado por el ejercicio periodístico.
De acuerdo con el abogado Jorge Rada, representante del Colectivo Nacional Anticorrupción (COLECNA), en este caso la nueva gobernanza busca judicializar el “derecho al trabajo”, pues pretende llevar por la vía penal un asunto que corresponde en primera instancia a la justicia laboral y a la justicia civil, que además es sub iúdice, es “cosa no juzgada” y hoy se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, como lo reconoció la parte denunciante.
La hipótesis de que se trataría de un ataque sistemático en contra del periodista en específico se sustenta no solo en las cuatro denuncias en su contra, derivado de su trabajo periodístico y que reflejan el acoso judicial del que él y otros periodistas han sido víctimas (incluyendo a quien esto redacta).
Algunas fuentes al interior del Gobierno del Estado dan cuenta de una reunión sostenida el mismo viernes 9 de diciembre entre el coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores López (quien ocupara el mismo cargo en la Delegación de Programas para el Desarrollo), con algunos medios de comunicación para “dictar línea” y replicar un asunto que pretenden llevar a vinculación a proceso en la próxima audiencia, programada para este miércoles 14 de diciembre.
Hay que considerar que, en el caso de Gabriel Contreras, de las cuatro denuncias en su contra es la primera que se pretende judicializar, en un acoso judicial sistemático, lo que implica limitar el trabajo periodístico al obligar a la contratación de abogados para su defensa, además de invertir tiempo y recursos en atender las audiencias y recabar los elementos en su defensa, sin olvidar intento reiterado de coartar la libertad de expresión.
Finalmente, llama la atención que mientras Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública, no dudó en mediatizar las más de 50 denuncias presentadas en el primer año de gobierno, incluyendo la campaña en contra de Benjamín “N”, en esta ocasión ha guardado silencio, pese a tratarse de la primera denuncia que se judicializa, en un proceso al que han dado celeridad desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, mientras otros casos denunciados por periodistas se mantienen detenidos o son enviados a archivo temporal. Todo esto, en un Zacatecas rebasado por la inseguridad y con un gabinete que sirve para no servir, “por instrucciones del gobernador”.
