Pese a contar con todos los elementos para desestimar las acusaciones en su contra, los cuales serían presentados en la audiencia de este miércoles, todo indica que “por instrucciones de la secta” la jueza de Control que lleva el caso habría sido presionada para vincular a proceso al periodista Gabriel Contreras por el delito de “fraude específico”.
Sin embargo, no será en los términos que espera el subsecretario de Responsabilidades, Ángel Manuel Muñoz Muro, hoy más conocido como “el Ángel de la Muerte” (Soledad Luévano dixit).
Al no existir antecedentes penales, al periodista Gabriel Contreras no le dictarían medidas cautelares, o al menos esa es la expectativa, pues es tal la desesperación de la secta que pretenden que se instruya la prisión preventiva oficiosa contra el periodista (pese a no reunir los requisitos para dicha medida).
En todo caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares no serán motivo para declarar la culpabilidad de un imputado, como pretende hacer ver la secta, hoy más concentrada en vendettas políticas que en hacer justicia a las víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Lo cierto es que desde la audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de diciembre, el subsecretario de Responsabilidades ha incurrido en violaciones al proceso, incluyendo la presunción de inocencia y el deber de reserva, las cuales sí son sancionables cuando son cometidos por servidores públicos.
Y para quienes ya celebraban una sentencia condenatoria con privación de la libertad en algún penal de Zacatecas, todavía falta un muy largo trecho en el proceso judicial para llegar a esa resolución.
De hecho, quizá lo ideal sea la vinculación a proceso hasta agotar el procedimiento y llegar a una resolución definitiva. De otro modo, el caso se enviaría al archivo temporal, en espera de ser desempolvado cada vez que la secta pretenda recurrir a cortinas de humo como Benjamín “N” o para continuar con sus vendettas políticas cada vez que el periodismo de investigación cuestione al gobierno en turno.
Solo que para llegar a esa vía primero debería haber una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, ese que también lleva el mismo caso y no se ha pronunciado hasta el momento en ningún sentido.
En medio de todo esto: ¿qué opinará el magistrado Arturo Nahle García de este intento de “intervencionismo” en el Poder Judicial?, ¿lo permitirá? Porque de hacerlo, sería una clara señal para los zacatecanos de que la justicia es un derecho reservado solo para quienes detentan posiciones de poder y se deja en la indefensión a la población, sobre todo a las víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
De consumarse este “intervencionismo” que ha caracterizado a la secta, en Zacatecas se habría perdido el último resquicio de “autonomía” e “independencia” entre poderes, considerando los antecedentes del Poder Legislativo e incluso de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, esa que dice encabezar Francisco Murillo Ruiseco y que, ha quedado claro, está presto para aplicar eso de: “por instrucciones de la secta”.
Sobre este asunto ya se ha pronunciado Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional del PRD, quien a través de un videomensaje acusó que “en el estado de Zacatecas, en el gobierno de David Monreal, se agrede el derecho constitucional y el derecho humano a la libertad de prensa; se persigue a periodistas, como es el caso de Gabriel Contreras, donde el propio gobernador y Verónica Díaz Robles se han encargado de iniciar un proceso persecutorio para callar voces libres e independientes”.
Y remata en su mensaje: “Desde aquí nos solidarizamos con todas, con todos los periodistas y particularmente con Gabriel Contreras, que ahora está sujeto a persecución judicial para callar su voz”.
También en días pasados la senadora Soledad Luévano ha cuestionado este acoso judicial, que resume en su última publicación en redes sociales donde acusa que en la audiencia programada para este miércoles la secta quiere vincular a proceso al periodista Gabriel Contreras y “pedir prisión preventiva y darle un escarmiento que nunca olvide”.
Además, hace un llamado al magistrado Arturo Nahle para que “no permita que la Delegación del Bienestar, la Coordinación Jurídica, la Subsecretaría de la Función Pública y el Fiscal, utilicen el sistema judicial para venganzas políticas”.
Y remata: “es doblemente inmoral que en un estado con desaparecidos, asesinados, torturados, desplazados y personas esclavizadas por el crimen organizado, los recursos del estado, de la fiscalía y del poder judicial se utilicen para callar voces”.
Este miércoles no solo se definirá la situación del periodista Gabriel Contreras; hoy también se define de qué lado está el Poder Judicial: al servicio del pueblo o sometido a las instrucciones de la secta.
Recomendaciones contra la corrupción
A propósito de corrupción, Ricardo Bermeo Padilla, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, hizo un recuento de los resultados obtenidos en este 2022 y aunque a primera vista son exiguos, también dejan ver hasta dónde llegan los alcances de sus atribuciones y la necesidad de hacer reformas para que cuenten con herramientas que de verdad tengan consecuencias en el combate a la corrupción.
Entre los resultados destacan tres recomendaciones “no vinculantes” (es decir, opcionales para los entes públicos, no con carácter obligatorio ni con efectos jurídicos), además de cumplir al 90% en los rubros de la Plataforma Nacional Anticorrupción, colocando a Zacatecas en tercer lugar en el país.
Respecto a las recomendaciones “no vinculantes”, una en particular se refiere al fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, un tema recurrente en las observaciones que ha realizado la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las Cuentas Públicas de varios municipios.
Otra recomendación se refiere a generar un programa de capacitación anual y atender las convocatorias emitidas por el Sistema Estatal Anticorrupción; y una tercera recomendación para emitir el respectivo Código de Ética, ese que no ha leído la secta (y mucho menos la nueva gobernanza).
Muy claro lo dijo Ricardo Bermeo: “prestar un servicio al estado debe ser considerado por quien lo ejerce un privilegio de tener la potestad de servir a sus semejantes y no servirse de ellos”. ¿Alcanzaría a escuchar el Ángel de la Muerte?
