Los diputados de la 64 Legislatura inauguraron los trabajos de este 2023 en una escueta sesión de la Comisión Permanente en la que se leyeron iniciativas para que la violación sea un delito perseguido de oficio; para armonizar la Ley de Transporte con la legislación federal, además de dar lectura a la terna para elegir magistrada en el Tribunal de Justicia para Adolescentes.
Más tiempo ocuparon en el apartado de Asuntos Generales, más conocidos como los “asuntos sin importancia”, y esa relevancia le dieron al tema de temas: la seguridad.
Fue el diputado Enrique Laviada quien subió a tribuna para presentar un documento denominado “Nueva política de seguridad para el estado de Zacatecas”, con 8 lineamientos estratégicos y 43 acciones para fortalecer la estrategia local en la materia.
En su intervención, no podía faltar el cuestionamiento a los magros resultados de la nueva gobernanza (¿o ahora le llaman “gobierno de la transformación”?) en materia de seguridad, que no ha tenido ni siquiera el tino de coordinarse con estados vecinos para implementar estrategias conjuntas en el “tema de temas”.
Y aunque el diputado exmorenista, hoy en Movimiento Ciudadano, contó con el respaldo de varios de sus homólogos, no faltaron algunas precisiones, como lo señaló la diputada Maribel Galván, coordinadora de la fracción parlamentaria de MORENA, quien advirtió que el problema de inseguridad no se gestó en el último año, como se ha reiterado en tantas ocasiones, y enfatizó en que la estrategia no depende únicamente de un solo poder.
En esta parte coincidió la diputada Gaby Basurto, coordinadora de la bancada del PRI, quien recordó que en el Poder Legislativo también tienen trabajo pendiente en la materia, con iniciativas que permanecen en la congeladora y no han sido dictaminadas, como dimos a conocer en Lalalá News el pasado lunes.
Baste recordar que una parte fundamental en una estrategia de seguridad tiene que ver con las tareas de inteligencia y que desde septiembre del 2021 la diputada Maribel Galván ya había presentado una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para establecer la “inteligencia” como parte de las tareas del Centro Estatal de Información. Iniciativa que a la fecha sigue sin ser dictaminada ni votada por el pleno.
Tal vez por eso la reiterada autocrítica de algunos diputados presentes respecto a qué está haciendo el Poder Legislativo (o qué ha dejado de hacer) para mejorar la seguridad en Zacatecas.
Lo dijo en su intervención la diputada aliancista Priscila Benítez, quien recordó que la nueva gobernanza llegó al poder porque “el voto de castigo al PRI era por el tema de inseguridad” y el cambio no se está viendo; por el contrario, se ha recrudecido.
No dejó pasar la oportunidad para señalar diversos yerros de la actual administración, magnificados por algunos medios de comunicación que incurrieron en actos de revictimización, como ocurrió en el caso de Raúl Calderón Samaniego.
Por tal motivo, anunció que se convocaría a periodo extraordinario para citar a comparecer al fiscal general de Justicia, Francisco Murillo, y por tercera ocasión al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín. A ver si la tercera es la vencida (como el eslogan de campaña de David Monreal) porque las dos veces anteriores el secretario de Seguridad nunca atendió el citatorio.
En el fondo, se esperaba que el posicionamiento del diputado Enrique Laviada no se desperdiciara en los “asuntos sin importancia”, sino que llegara a tribuna con una iniciativa concreta que se turnara a comisiones para su estudio y dictamen, incluso con la convocatoria a foros de análisis para enriquecer la iniciativa. Pero lo de ayer quedó en llamarada de petate, como meras declaraciones en temas de coyuntura para subirse a la agenda mediática.
Y mientras los diputados siguen discutiendo exhortos y temas relevantes como “asuntos sin importancia”, el problema continúa sin que autoridad alguna dé la cara y tome las riendas.
Recordemos que el pasado martes, cuando se desarrollaba la manifestación de habitantes de la comunidad de Chaparrosa por la desaparición del menor Tadeo, en el municipio de Guadalupe se reportaba la desaparición de la menor Evelyn María Cristina Palos, de apenas 13 años de edad. Y la estadística de personas desaparecidas sigue creciendo, a la par de los homicidios dolosos.
Así lo dicen las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (que incluso tiene un rezago en la carga de información en su plataforma).
En lo que va de la actual administración, en Zacatecas hay 791 personas en el estatus de “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales 606 son hombres y 185 mujeres. De este número, 29 son menores de cero a 12 años de edad y 113 tienen entre 13 y 17 años.
La incidencia parece ir a la par de los homicidios dolosos en la entidad, y por mucho que el secretario de Seguridad Pública insista en que este delito va a la baja (hasta 18%), la evolución mensual con cifras oficiales lo desmiente.
Sin embargo, el problema va más allá de Zacatecas. Baste señalar que entre los estados vecinos, Jalisco cuenta hoy con 1,299 personas desaparecidas y no localizadas en el mismo periodo que David Monreal lleva al frente del gobierno; le sigue Nuevo León, con 776 casos (y qué coincidencia que sean dos entidades gobernadas por MC); Guanajuato 369; Coahuila 290; Nayarit 257; San Luis Potosí 239; Durango 95 y Aguascalientes tan solo 15 casos en el mismo periodo.
Tomando en cuenta esta información oficial, ¿en qué momento se ha informado de alguna reunión con el gobernador jalisciense Enrique Alfaro para combatir de manera coordinada la desaparición de personas en la franja entre Zacatecas y Jalisco?, ¿qué está haciendo bien Aguascalientes que se pueda replicar en la estrategia de seguridad de Zacatecas?
Llueven solicitudes de información
En el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) iniciaron el año con mucha carga de trabajo, porque a la fecha ya van más de 600 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, que representan un crecimiento del 32% respecto a enero del 2022.
Quisiéramos pensar que se trata de que un mayor interés de la ciudadanía por conocer información de interés público; sin embargo, no se puede descartar que la opacidad que ha distinguido a la nueva gobernanza haya obligado a estas medidas para acceder a esta información.
En sesión del pleno, los comisionados Fabiola Torres, Nubia Barrios y Samuel Montoya también señalaron que este mes ya van 17 recursos de revisión y 29 denuncias derivado de inconformidades, la mayoría en contra de ayuntamientos porque no cumplen con sus obligaciones de transparencia.
Y que entre los sujetos obligados con mayor número de solicitudes de información han sido la Fiscalía General de Justicia del Estado, la 64 Legislatura, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y Servicios de Salud de Zacatecas. También los ayuntamientos de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, seguidos de la Secretaría de Finanzas, el municipio de Loreto y el propio IZAI.
Finalmente, ¿por qué será que los sujetos obligados se esperan hasta la fecha límite para la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia?, ¿con eso esperan demorar el acceso a la información pública? Baste revisar cuánto le invierten en las unidades de Transparencia. Ahí se nota el compromiso.
