Desde que hubo alternancia en el Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, en México empezamos a forjar una idea de democracia que se fue fortaleciendo desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hasta lo que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral (INE), un órgano perfectible que se ha ido adaptando a los contextos de nuestro país.
Con esta alternancia, a la par ha crecido un discurso cada vez más radicalizado en el que se distingue un «nosotros» de «aquellos», en una dicotomía que se acerca al «bien y el mal», como si nuestra democracia (y realidad) únicamente existiera a partir del blanco o negro.
Sin embargo, a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido más evidente la radicalización de estos discursos a tal punto que hoy predominan los calificativos para referirse al «nosotros» y «aquellos», en grados cada vez más ofensivos, y entre más ofensivos, más son celebrados.
En el camino, se han debilitado las instituciones sobre las que se cimenta nuestro país y en mucho han contribuido las malas acciones de quienes han integrado dichas instituciones, una dinámica de la que no ha estado exento el INE. Pero de eso a criminalizar a las instituciones por las acciones de unos cuantos hay un discurso que sí pone en riesgo esa idea de democracia que nos hemos forjado.
Solo quienes vivieron en los 70 años de régimen del entonces partido hegemónico pueden valorar en su justa dimensión la importancia de una institución como el INE, que en apariencia dio certeza y legalidad al voto de millones de mexicanos que en su momento eligieron la alternancia, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
Y aunque la pretendida reforma electoral fue rechazada por no reunir mayoría calificada, el llamado Plan B con reformas a leyes secundarias fue aprobado sin problemas por una aplastante mayoría oficialista que no ve el riesgo de retrocesos en la democracia que hemos construido como país.
La manifestación de este domingo 26 de febrero que se replicó en diversas ciudades del país (y del mundo) también estuvo llena de matices, pues aunque unió a la población por la defensa del INE, también dejó muestras de lo «peorcito» del «pueblo bueno y sabio», replicando el discurso del «nosotros» y «aquellos» en sus peores formas.
Lo más evidente fueron los calificativos y expresiones «clasistas» en esta dicotomía que solo replica el discurso presidencial y (lo peor) con mayor fuerza entre quienes solo son «aspiracionistas». Fue una marcha con presencia del conservadurismo más rancio que contribuyó al deterioro del país y de nuestras instituciones, pero su presencia tampoco fue la más importante.
Hoy a los mexicanos nos hacen creer que todo se reduce a ser obradorista o partidario del «PRIAN», en un discurso que ha funcionado electoralmente, pero que no refleja la pluralidad de nuestra democracia que no se reduce al blanco o negro.
En la marcha de este domingo predominaron las voces que confían en las instituciones y las defienden porque han sido testigos de los cambios que han transformado la vida de nuestro país. Son quienes hoy ven un riesgo en la democracia que hemos construido a partir de instituciones (creadas por el entonces partido hegemónico y fortalecidas o debilitadas con la alternancia en el poder).
En la pretendida «austeridad republicana» que sustenta el Plan B presidencial se replica el discurso del «nosotros» y «aquellos», pero tampoco va al fondo del asunto en eso de quitar «privilegios», pues aunque las modificaciones implicarían importantes recortes presupuestales al órgano electoral (sobre todo con la desaparición de 300 juntas distritales o el recorte de personal especializado), estas más bien parecen encaminadas a incidir en la sucesión presidencial en el 2024, con retrocesos que a muchos recuerdan los peores tiempos del PRI.
Hoy el Plan B presidencial queda en manos de los tribunales federales, en cuyos ministros recaerá el peso de nuestra democracia. ¿El INE no se toca? Sí, pero no al costo de nuestra democracia.
10 mil millones de dólares
A un año y medio del «gobierno de la transformación», el gobernador David Monreal puede seguir reuniéndose con cuanto embajador le venga en gana, pero la realidad es que Zacatecas no sale del bache económico en el que se encuentra y ese poco a poco se va convirtiendo en su «herencia maldita».
No han bastado las estadísticas de trabajadores asegurados del IMSS que revelan un estancamiento en el empleo formal en esta administración, o las caídas consecutivas en la actividad industrial en los últimos meses, o que durante el 2022 nuestra entidad tuvo uno de los peores desempeños en el país en la atracción de inversión extranjera directa, que en mucho contribuye a la generación de empleos y a dinamizar la economía.
El gobernador sigue creyendo que los «cuatro ejes tractores» van viento en popa y ni por asomo ha dado muestras de querer remover del cargo a quien dice ser secretario de Economía, Rodrigo Castañeda, y mucho menos a quien mueve los hilos en dicha dependencia.
Y mientras David Monreal se reunía la semana pasada con el embajador de Canadá en México, Graeme Christie Clark, para seguir hablando de que la minería es lo mejor que le ha pasado a Zacatecas (contradiciendo el discurso obradorista que condena la industria extractiva) a pesar de que el año pasado fue la actividad donde hubo mayor desinversión, los gobernadores de otros estados sí estaban en lo que deben estar.
Porque hay al menos 11 estados que están en la pelea por quedarse con la instalación del próximo centro logístico estratégico de vehículos eléctricos de Tesla, la compañía de Elon Musk, y eso representaría una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Es decir, casi el 28% de la inversión extranjera directa que entró a México durante todo el 2022. ¿Se imagina la cantidad de empleos y el crecimiento en el Producto Interno Bruto estatal que eso significaría?
Pues de ese tamaño es el empeño que han impreso los gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Michoacán (con todo y la inseguridad que se equipara con la que vivimos en Zacatecas), Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y el Estado de México para quedarse con la próxima planta de Tesla.
Tampoco es que Zacatecas tenga mucho qué ofrecer. A la escasez de agua potable se suma el hecho de que el 62.2% de las empresas instaladas en nuestra entidad considera que transportar sus productos en carretera es inseguro, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 que elabora el INEGI. Y es la segunda entidad con mayor percepción de inseguridad para las empresas, después de Puebla.
Agréguele que en el «gobierno de la transformación» no han sabido sacarle provecho al recinto estratégico fiscalizado que costó una década en materializar y quedará claro por qué Zacatecas no figura en el plano nacional de las grandes inversiones. Pero sigamos pensando que abrir locales de hamburguesas es dinamizar la economía. ¿A eso aspiramos?
