Sería en octubre de 2020 cuando Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Un mes después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiraría los cargos en su contra debido a que la Fiscalía General de la República en México (FGR) continuaría con la investigación.
Pero la misma FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, exoneraría en enero de 2021 a Salvador Cienfuegos por no haber encontrado elementos que probaran que tuvo encuentros o comunicación con organizaciones delictivas.
En agosto de ese mismo año, a capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuó la farsa con la llamada «consulta popular» que costó más de 500 millones de pesos para preguntar a la población: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El resultado: una participación del 7.11% del padrón electoral (6.6 millones de personas) y 97.72% a favor del «Sí» (6.5 millones). Pero debido a que no se alcanzó el 40% de participación del listado nominal, el resultado no tendría efectos vinculantes.
Con estos antecedentes, hoy la 4T celebra que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fuera declarado culpable por el jurado de la Corte de Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín Guzmán Loera «El Chapo«.
Qué paradójico que la justicia llegue a México desde el extranjero y mientras se condena un encuentro sostenido entre el embajador Ken Salazar y el gobernador David Monreal (incluyendo agentes de la DEA) para una posible alianza en materia de seguridad (según se especula), a Ovidio Guzmán le han suspendido en tres ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos para ser juzgado.
Sería difícil atribuir a una sola persona el origen de la violencia en México, o particularmente en Zacatecas, aunque fue más evidente durante el sexenio del panista Felipe Calderón en su llamada «guerra contra el narcotráfico».
Desde entonces, cada gobierno ha hecho lo que a su parecer ha sido adecuado para combatir esta violencia y a los grupos delictivos que la generan, hasta llegar al gobierno de la Cuarta Transformación y su Estrategia Nacional de Seguridad.
Sin embargo, con la alternancia en los estados en el 2021, Zacatecas no ha mejorado su situación, pues a pesar de la insistencia en los «datos oficiales» que muestran una disminución en los homicidios dolosos, estos siguen ocurriendo en hechos cada vez más atroces, lo que sin duda repercute en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad.
Tan solo este martes el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaba que en Zacatecas se habían registrado ocho homicidios dolosos, incluyendo las dos osamentas encontradas en la comunidad de El Capulín, en Monte Escobedo, así como un cuerpo sin vida y tres cabezas en el municipio de Valparaíso.
Pero Zacatecas no solo enfrenta una crisis por homicidios. Cada día las redes sociales y las calles se llenan de fichas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y aunque ha habido casos de éxito en el que las personas son localizadas con vida, la cifra de personas que continúan sin volver con sus familiares sigue siendo mayor.
Esta crisis llevó a romper la burbuja del alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y cancelar a regañadientes el Carnaval y la Jerezada, aunque sigue en pie la realización de la Feria de la Primavera, pese a que el fiscal Francisco Murillo haya declarado (según voces de diputados locales) que no había condiciones y que ninguna autoridad estatal quiera meter las manos al fuego por las decisiones del presidente municipal.
En cambio, en la Capital tenemos en puerta el Festival Cultural Zacatecas 2023, en cuyo anuncio participó el secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, para exponer el despliegue operativo que se implementará con motivo de la máxima fiesta cultural de los zacatecanos. A ese grado llegamos en Zacatecas «deslumbrante«.
Por supuesto que no ha faltado la campaña en contra de que se realice este festival, exigiendo que primero se garantice la seguridad de las y los zacatecanos. Y ahí va de por medio la posible reactivación económica que tanto esperan los negocios de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Para abonar a esta campaña, hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas convoca a una «marcha pacífica contra la inseguridad» que partirá a las 10 de la mañana de la Unidad Académica de Ingeniería, luego de que uno de sus catedráticos fuera privado de la libertad cuando viajaba por la carretera Zacatecas-Aguascalientes.
Mientras el estado se cae a pedazos, el gobernador David Monreal parece no darle prioridad al «tema de temas», con dos días de chambelán del embajador de Canadá en México, Graeme Christie Clark, para dizque «atraer inversión extranjera directa, fortalecer programas y detonar los cuatro ejes tractores» (que siguen sin arrancar).
Y mientras el gobernador sigue pensando que la minería canadiense es sustentable en una tierra con estrés hídrico, la diputada Maribel Galván encabeza un Foro de Consulta en Materia de Legislación Hídrica, advirtiendo que Zacatecas está a punto de llegar a la «hora cero» ante la falta del vital líquido. Y nadie olvida el desastre del proyecto de la Presa Milpillas, con un evidente tufo de corrupción que sigue sin ser castigada.
Lo bueno es que hoy se firmarán con los municipios los convenios para la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2023 y que el secretario de Desarrollo Social, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, siga emprendiendo con sus «negocios del Bienestar«. Para el «gobierno de la transformación», quedan claras las prioridades.
Enrique Flores, delegado del PRI en Aguascalientes
Después de mantener a flote al PRI en Zacatecas en su peor momento, Enrique Flores Mendoza llega a tierras hidrocálidas al ser designado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor en Aguascalientes.
En su toma de protesta, a la que asistió el exgobernador Miguel Alonso Reyes, secretario de Operación Política del CEN, Flores Mendoza se comprometió a recorrer todas las 622 secciones y 11 municipios de Aguascalientes para hacer frente a las demandas de la militancia y de la ciudadanía.
¿Qué tendrá Aguascalientes que tantos zacatecanos huyen a aquel estado?
Saludos don Heraclio
Esta es una historia increíble. Estoy impresionado por la rapidez con la que el Departamento de Justicia de EE. UU. retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional. ¡Parece que los mexicanos tuvieron suerte de tener a la FGR en su lado!