Terminada la euforia de las «corcholatas» de MORENA y el golpe de realidad con el regreso a la violencia del día a día en Zacatecas, en el «gobierno de la transformación» hay una secta que ni se inmuta ni se preocupa.
Ya a principios de este mes en Lalalá News señalábamos que, según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, al cierre del 2022 las dependencias de la administración centralizada acumularon más de 2 mil 383 millones de pesos en recursos comprometidos, pero no pagados, demostrando una mala planeación en la ejecución del gasto.
De hecho, en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 31 de enero, los diputados Lupe Correa y Gaby Basurto enfatizaron en el desorden administrativo para aplicar los recursos en tiempo y forma, lo que ya había despertado la molestia de varios alcaldes que reclamaban que los recursos convenidos con el «gobierno de la transformación» estaban siendo ejecutados con evidente retraso por el Ejecutivo estatal y exigían que mejor se delegaran los proyectos a los municipios.
Es el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), del cual el año pasado se estimaba una recaudación por 1 mil 258 millones 167 mil 68 pesos que se distribuirían entre los 58 municipios mediante el Fondo de Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), con posibilidades de convenir recursos entre estado y municipios.
El rezago en la ejecución de estos recursos convenidos tampoco es cosa menor. De al menos 60 convenios con los municipios (según los informes financieros de la SEFIN), al cierre del 2022, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que dice encabezar Carlos Alberto Zúñiga Rivera había devengado 95 millones 500 mil 615 pesos, pero aún no pagaba 77 millones 599 mil 667 pesos ya comprometidos; es decir, el 81.2% de los recursos convenidos.
A ello se agrega que de 103 millones 262 mil 783 pesos del FISE devengados, únicamente había pagado 3 millones 482 mil 239 pesos. Eso significa que en cuentas bancarias seguían generando rendimientos algo así como 99 millones 780 mil 544 pesos ya comprometidos, pero que aún no se pagaban.
Y en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), que entonces todavía encabezaba Laura Elvia Bermúdez Valdés, el rezago mostró niveles similares: al cierre del 2022 habían devengado 54 millones 242 mil 726 del FISE, pero solo habían pagado 3 millones 754 mil 810 pesos. Eso significa que en cuentas bancarias generando rendimientos aún tenían 50 millones 487 mil 916 pesos pendientes por pagar.
Este rezago no solo ha generado el enojo de varios alcaldes, especialmente contra la Secretaría de Obras Públicas que encabeza Guillermo Carrillo Pasillas, por ser la instancia ejecutora de buena parte de las obras convenidas. Pero nunca fue la responsable del rezago.
Contratistas entrevistados por este medio informaron que para firmar los contratos de obra respectivos la primera condición era acudir al despacho del titular de SEDESOL, un tal «Zuñi«, quien al parecer habría solicitado un «moche» de entre el 10% y el 30% del monto del contrato. Eso representaría entre 25.3 y 75.9 millones de pesos, según las cuentas de los convenios con municipios. Y esta versión fue confirmada por fuentes al interior de la dependencia.
Mucho trabajo tendrá la secretaria de la Función Pública (SFP), Humbelina Elizabeth López Loera, para investigar este presunto desvío de recursos, en el preámbulo de lo que será el proceso electoral 2023-2024, no sea que se estén destinando a la promoción de aspirantes a un cargo de elección popular.
Vinendo de la secta, ¿para qué campaña cree que se destinarían estos recursos: la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal; la delegada Verónica Díaz Robles, o la exsecretaria de Educación, Delfina Gómez?
Pendientes por aclarar, casi $128 millones
Por fin, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, remitió a la Cámara de Diputados la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al gasto federalizado, y donde el estado de Zacatecas no sale bien parado, pues tiene pendientes por aclarar unos 127 millones 812 mil pesos.
Las mayores observaciones se dieron en los conceptos de Participaciones Federales a Entidades Federativas; el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y en las participaciones que recibió el municipio de Miguel Auza.
Muy curioso este último caso, pues derivó en el Pliego de Observaciones 2021-D-32029-19-2024-06-001 por el probable daño o perjuicio a la Hacienda pública por 36 millones 122 mil 291.70 pesos, más rendimientos, debido a que no entregaron la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos recibidos por Participaciones Federales 2021.
Y resulta curioso porque durante el proceso de auditoría, el municipio que hoy encabeza el morenista Armando Perales argumentó que “la información fue requerida al área de tesorería…quien respondió que no se contaba con la información requerida debido a que, al haber existido cambio de administración en el mes de septiembre de 2021, la administración saliente no dejó la documentación comprobatoria del gasto de todos los recursos que se gestionaron en el área de Tesorería del municipio«.
Solo que su antecesor fue otro morenista: José Alfredo González Perales. ¿Así se llevan?
También es interesante la Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-32000-19-2005-2022 respecto a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, de donde se desprendió un pliego de observaciones que alcanza a embarrar a la Fiscalía General de Justicia del Estado que encabeza Francisco Murillo; y al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que entonces presidía Virgilio Rivera Delgadillo.
De acuerdo con el Pliego de Observaciones 2021-A-32000-19-2005-06-001, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública por 36 millones 170 mil 191.89 pesos, más rendimientos, por no proporcionar la documentación comprobatoria del gasto, así como de la etapa del cumplimiento y pago de los contratos, números FGJEZ/DGA/PS/003/2021, IEEZ-AB- 002/VIII/2021, IEEZ-AB-007/VIII/2021 y IEEZ-CA-081/VIII/2021.
El primer caso, el contrato FGJEZ/DGA/PS/003/2021 (disponible para consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia), se refiere a la «contratación de los servicios de los equipos IMSI Catcher y Directional Finder, soporte técnico, garantía sobre el servicio», firmado con la empresa Polaris Industries SA de CV a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y que representó 4 millones 828 mil 833.36 pesos.
Respecto a los contratos IEEZ-AB- 002/VIII/2021 e IEEZ-AB-007/VIII/2021, el primero fue para la compra de material electoral a la empresa Formas Finas y Material SA de CV, por un monto de 10 millones 495 mil 416.56 pesos; y el segundo fue para documentación electoral con la empresa Gráficas Corona JE SA de CV, por 16 millones 500 mil 010.01 pesos. Del tercer contrato, IEEZ-CA-081/VIII/2021, no hay registros en la PNT, pero habría sido por un monto de 4 millones 345 mil 931.96 pesos.
A todo lo anterior hay que sumar dos solicitudes de aclaración respecto a 18 millones 533 mil 468.20 pesos sobre la aplicación de Participaciones Federales.
La cosa se pone más interesante con la Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-32000-19-2009-2022, relativa al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, pues se determinaron 26 millones 631 mil 407.55 pesos pendientes por aclarar, más 10 acciones de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias y tres pliegos de observaciones.
Según el Pliego de Observaciones 2021-A-32000-19-2009-06-001, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 150 mil 658.83 pesos, más rendimientos, por pagos que excedieron los precios de los medicamentos señalados en el Listado Precios de Referencia 2021.
También el Pliego de Observaciones 2021-A-32000-19-2009-06-002 señala un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 106 mil 63.12 pesos, más rendimientos, por por penas convencionales no aplicadas ni recuperadas por atrasos en el suministro de los bienes adquiridos mediante los contratos números SSZ-LPN-LA-932057995-E20-2021-019 y SSZ-ADQ-MAT-155-2021, relativos a la adquisición de «Materiales, accesorios y suministros médicos», así como «Medicinas y productos farmacéuticos».
Y si alguien cuestionaba a la 4T por no tener un sistema de salud como el de Dinamarca, hay que ver el desastre que dejó Gilberto Breña Cantú a su paso por la Secretaría de Salud de Zacatecas.
Según el Pliego de Observaciones 2021-A-32000-19-2009-06-003, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 24 millones 374 mil 685.60 pesos, más rendimientos, por pagos de los que no se acreditó con documentación justificativa la prestación del servicio objeto del contrato número SSZ-ADQ-SERV-125-2021, relativo al «Servicio integral de administración y abasto de medicamentos a farmacias subrogadas en las instalaciones de los SSZ».
¡Vaya cochinero dejó el «quinquenio diferente»!
