Cosas buenas que parecen malas

Algo no olía bien desde la lectura de la síntesis de la correspondencia de la sesión de la Comisión Permanente del pasado 23 de febrero. El Ayuntamiento de Guadalupe había remitido a la 64 Legislatura un escrito mediante el cual solicitaban la aprobación de una iniciativa de reformas a su Ley de Ingresos 2023.

Dicho escrito había sido recibido en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el 17 de febrero. En él se daba cuenta del Acuerdo 430/2023 relativo a la iniciativa aprobada por el Cabildo de Guadalupe en la 34 sesión ordinaria, celebrada un día antes, para realizar modificaciones a la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal.

Desde su lectura en la síntesis de la correspondencia, no pocos diputados se pusieron en alerta, sobre todo quienes integran la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que preside la aliancista Priscila Benítez.

Habrá que recordar que en la sesión de esta comisión legislativa del pasado 21 de diciembre hubo una álgida discusión con el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, debido a que en su iniciativa de Ley de Ingresos 2023 no se incluían estímulos fiscales para los contribuyentes, especialmente en lo relativo al pago del predial. Y era el único municipio en el estado en esta condición.

Pese a las objeciones de la diputada Maribel Galván, en el dictamen se incluyeron dichos estímulos fiscales, tal como se habían otorgado en el 2022, lo que sin duda tendría un impacto en los ingresos del municipio, según cuentas del alcalde de la «honestidad y acciones firmes», por 500 mil pesos. Y ese dictamen así fue aprobado por el pleno.

Sin embargo, las modificaciones a la Ley de Ingresos 2023 que hoy pone a consideración de la 64 Legislatura el Ayuntamiento de Guadalupe no se refieren a dichos estímulos fiscales en el pago del predial, concepto sobre el cual abundan las quejas ciudadanas porque no se están respetando los estímulos.

Tampoco se incluyen modificaciones a las tarifas que se cobran en la Alberca Olímpica de Guadalupe, donde siguen las quejas por las malas condiciones del inmueble y el servicio que brinda el municipio, pese a las altas tarifas que no se reflejan en mejoras.

Las reformas propuestas se refieren específicamente al cobro de permisos y licencias por venta de bebidas alcohólicas, en lo relativo al almacenaje, distribución, venta y consumo, que según la Ley de Ingresos aprobada por la 64 Legislatura representarían 6 millones 153 mil 299.03 pesos en ingresos al municipio.

En general, las modificaciones propuestas son una homologación de tarifas conforme a los criterios establecidos en la Ley de Ingresos 2023 para el municipio de Zacatecas en los mismos conceptos.

Tomando en cuenta las colindancias de ambos municipios que hoy conforman la zona metropolitana más importante del estado, es entendible esta homologación que permitiría a los establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas ofrecer un servicio en las mismas condiciones de competencia por el pago de obligaciones tributarias.

Los cambios propuestos por Guadalupe se refieren a la sección décima de su Ley de Ingresos, del artículo 96 al 100, que corresponderían con las secciones décima, décima primera y décima segunda; artículos 89 al 95 de la Ley de Ingresos de la Capital.

Sin embargo, en el documento remitido al Poder Legislativo, el Ayuntamiento de Guadalupe no informa del impacto presupuestal que representaría esta homologación, aunque revisando el detalle del nuevo tarifario, las proyecciones de ingresos adicionales sí podrían rebasar los 500 mil pesos que Chávez Padilla había argumentado en diciembre pasado como golpe a las finanzas municipales por otorgar estímulos fiscales en el pago del predial.

Y es que en la Ley de Ingresos aprobada en diciembre, el cobro de tarifas a este tipo de establecimientos se fijaba por hora autorizada en valores de Unidad de Medida de Actualización Diaria (UMA). Ahora no se especifica el cobro por hora, sino por el permiso o licencia en su totalidad, independientemente del horario del establecimiento.

Este cambio en algunos casos podría representar ingresos a la baja para el municipio; sin embargo, se incluyen otros conceptos que no están en la actual Ley de Ingresos, pero que sí representarían ingresos adicionales, como el cobro de permisos eventuales para eventos masivos o por las verificaciones que realice el municipio a los establecimientos. Todas, con el mismo tarifarios en UMA’s que tiene la Capital.

Así que, de aprobarse la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos de Guadalupe, los empresarios ahora tendrán que enfrentarse no solo al llamado cobro de piso por parte de grupos delictivos, sino que también podrían ser víctimas de extorsión o pago de moches para evitar multas en las verificaciones que realice el municipio, que también deberán ser pagadas conforme al nuevo tarifario propuesto.

Lo bueno es que, según el documento remitido por el Ayuntamiento de Guadalupe, estos recursos serán invertidos en acciones de seguridad. ¿Les creemos?

«Herencias malditas» en Obras Públicas

Pues se llegó el día. Arturo Nahle García, en calidad de ciudadano y no como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, contra quien resulte responsable por el desfalco de 20.2 millones de pesos pagados entre 2017 y 2018 para la construcción de juzgados en la Capital sin los cimientos adecuados.

Y lo hace en calidad de ciudadano y no desde el cargo que ostenta porque, al llegar el asunto a tribunales, el Poder Judicial no podría ser juez y parte. Así de sencillo.

En rueda de prensa, Nahle García expuso que en su momento, el magistrado en retiro Armando Ávalos Arellano, entonces presidente del TSJEZ, firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de Infraestructura para la ejecución de la obra, cuya licitación fue ganada por la empresa Sahara SA de CV, de la cual era representante legal Francisco Javier Bañuelos Acuña, quien falleció hace un par de semanas.

Sin embargo, desde el proceso de edificación (que implicó invertir los 20.2 millones de pesos por el costo que implicaba la cimentación), hubo señalamientos de que la obra tenía deficiencias y debía ser demolida, pero hicieron caso omiso a las advertencias y la construcción continuó, tal como los pagos puntuales a la empresa hasta liquidar el contrato respectivo.

Hoy que se han gestionado los recursos adicionales ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para construir una torre de seis niveles en el mismo inmueble, la dependencia federal ha solicitado el proyecto para otorgar el recurso. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque la Secretaría de Obras Públicas en manos de Guillermo Carrillo detectó las irregularidades en los cimientos.

¿Quién fue el responsable del desfalco? Habrá que preguntarle a Francisco Ibargüengoitia y a José Luis Pedroza Ochoa, pues uno firmó el convenio de coordinación y el otro ejecutó la obra y pagó a la empresa, pese a las irregularidades. Más los servidores públicos que en su momento hicieron caso omiso a las advertencias.

Según Nahle García, este caso podría derivar en la comisión de delitos como peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y aunque también se dará parte a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera, lo más importante serán las acciones a emprender para no perder el recurso ya gestionado ante la STPS. ¡Vaya «herencias malditas»!

 Las cuentas alegres de Humberto Salazar

No sabemos si el alcalde de Jerez, Humberto Salazar, es o se hace. Nuevamente salió en redes sociales con un videomensaje anunciando el destino que se dará al recurso etiquetado a la Feria de la Primavera 2023, cancelado hace unos días porque no tenía de otra con tantas voces en contra.

En su videomensaje, el alcalde del Pueblo Mágico anunció que de los 6 millones de pesos de la feria, el 50% era recurso municipal y el resto, una aportación estatal. Y que dicho recurso se invertiría en una estrategia de seguridad para pacificar el municipio, sin especificar las acciones a emprender.

El problema es que no fueron 6, sino 16 millones de pesos los que estaban etiquetados para la Feria de la Primavera 2023, según lo que dice su Presupuesto de Egresos para este año. ¿Fue un «error involuntario» del alcalde?, ¿o dónde se perdieron los 10 millones de pesos restantes?