El desastre del SIZART

Con mucha esperanza, trabajadores del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART) recibieron el anuncio del gobernador David Monreal para destinar 60 millones de pesos adicionales para su «actualización tecnológica». Era abril de 2022, en el marco del 38 aniversario de Radio Zacatecas.

El anuncio hubiera implicado que el sistema público de radio y televisión dispusiera de un presupuesto de más de 94 millones de pesos para ese ejercicio fiscal, un monto superior a lo que hubieran recibido otros entes públicos como el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Coordinación Estatal de Planeación, la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Zacatecano Migrante, la Secretaría de las Mujeres, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) o el Instituto de la Juventud.

Sin embargo, ese recurso finalmente no llegó. Por el contrario, ya desde diciembre del 2021 diputados locales (o más bien, la entonces «aplanadora oficialista») habían determinado no incrementar el presupuesto al SIZART, pero durante el año pasado el «gobierno de la transformación» (que entonces se preciaba de ser la «nueva gobernanza») de un plumazo recortó casi 25 millones al Sistema, dejándolos con apenas 9.5 millones de pesos para su operación.

Y no es que el SIZART hoy se encuentre en mejores condiciones que en tiempos de su exdirectora Teresa Velázquez, pues el sistema público de radio y televisión se ha convertido en vocería de propaganda oficialista que en su momento fue coronado por el ¿programa? denominado «Nueva Gobernanza».

Actualmente la programación del SIZART se ha concentrado en una agenda prioritariamente gubernamental y se ha convertido en la principal vía para atacar desde un sistema público no gubernamental a los detractores del actual régimen, alejándose de sus obligaciones establecidas en las cláusulas de concesión para uso público y social.

De haberse posicionado como un medio público de radio y televisión referente entre las audiencias, el SIZART fue desmantelado especialmente por vendettas políticas que respondían (y responden) a intereses de quienes hoy son los principales responsables de la pésima percepción que se tiene del «gobierno de la transformación» y del gobernador David Monreal, esos que recientemente echaron en cara a la burocracia que «gracias al señor gobernador tienen trabajo«.

Pero los problemas del SIZART no solo se reflejan hacia afuera, sino que al interior llevan tiempo los conflictos con la base trabajadora, que finalmente este jueves llegaron a una manifestación ante el constante hostigamiento laboral que vive el personal.

Ya desde julio del año pasado el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUSTEMOP) había buscado un acercamiento con el hoy director del SIZART, Hermelio Camarillo Conde, ante cuestionadas prácticas de terrorismo laboral.

Al menos eso informó el secretario general del Sindicato, Israel Chávez Leandro, quien no dijo ni pío cuando en octubre del año pasado la periodista Arazú Tinajero fuera notificada de su despido luego de varios días de acoso y hostigamiento laboral, en un proceso lleno de irregularidades. Y no era el primer caso que se presentaba en el Sistema.

Como ella, con varios años de trabajo en este sistema público de radio y televisión, ha habido otras personas destacadas de quienes el «gobierno de la transformación» prescindió de su experiencia con las mismas prácticas de hostigamiento laboral y acoso, una situación sobre la cual hasta hoy, tras 18 meses de administración, se pronuncia el líder sindical, ahora sí en defensa de los trabajadores.

En teoría, desde octubre pasado se habría solicitado una asamblea sindical con la presencia del director del Sistema, la cual fue postergada hasta este jueves ante la renuencia de Hermelio Camarillo, y la negativa continuó a tal grado que ni siquiera les fue autorizado realizar la asamblea en las instalaciones del SIZART.

En sus denuncias, los cerca de 50 trabajadores del Sistema acusan principalmente al director Hermelio Camarillo; a la coordinadora de Noticias, Aideé Lara; y al director Jurídico, Sergio Ordóñez Trujillo, de ser los responsables del acoso y hostigamiento laboral que viven, en jornadas extenuantes donde no se les pagan horas extra, no se les respetan sus horarios laborales y con un constante cambio en sus funciones.

Ante la imposibilidad de realizar un paro de labores para no afectar la señal de comunicación, se prevé que el próximo lunes se tomen otras medidas para atender esta situación que está por estallar.

Lo más lamentable es que, al igual que en las dependencias estatales, no se cumplió eso de que amor con amor se paga, pues entre las víctimas de este terrorismo laboral figuran quienes abiertamente mostraron su respaldo al entonces candidato a gobernador David Monreal y hoy sufren el látigo de su desprecio por vendettas políticas, tal como le ocurrió al magisterio. ¿Qué le deberá el «gobierno de la transformación» a Hermelio Camarillo para gozar de tanta protección?

Se desgrana la mazorca «plural ampliada»

Parece que en el «bloque plural ampliado» no entendieron de los errores del bloque oficial en el primer año de la 64 Legislatura, cuando la secta era una aplanadora oficialista que todo aprobaba o rechazaba «por instrucciones de…».

Hoy se entiende desde otra perspectiva lo que en su momento dijo la diputada Violeta Cerrillo cuando afirmó que «no peleamos por cargos ni oficinas», pues desde la oposición que en su momento le dio por autodenominarse «bloque plural ampliado» ya dieron muestras de que, efectivamente, van por cargos y oficinas. O al menos una fracción.

No es secreto que el grupo parlamentario del PAN ha entorpecido el proceso de dictaminación de la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto, pero su perversidad fue más allá.

Este jueves había convocatoria a sesión de las comisiones unidad de Justicia, Igualdad y Salud para abortar la citada iniciativa, pero no estuvieron presentes los diputados de la Comisión de Salud que preside la panista Karla Valdez, pese a su insistencia de ampliar el turno y abrir el tema a Parlamento Abierto.

Lo más raro es que tampoco estuvieron el diputado Ernesto González Romo ni diputados del PRI, aunque minutos más tarde se presentaron en el pleno para la sesión ordinaria y arguyeron que «se les olvidó por completo» la convocatoria a sesión de comisiones unidas. ¡Qué casualidad!

No fue gratuito el reclamo del diputado perredista Juan Mendoza al enfatizar que «sería penoso que el Poder Judicial nos corrigiera la plana por un amparo», reclamo al que en sesión del pleno, en Asuntos Generales, se sumarían otros diputados como Xerardo Ramírez, José Luis Figueroa o Armando Delgadillo, éste último haciendo un llamado a sus homólogos a «tener poquita vergüenza» y cumplir con su chamba en comisiones.

Pero no fue la única muestra de que el PAN hoy está replicando las formas de la secta para cumplir sus caprichos. Ayer mismo, en sesión ordinaria, el pleno desechó la terna para elegir al consejero faltante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Previo a la votación, hubo una larga discusión del dictamen con pronunciamientos que dejaban ver la falta de consensos y qué aspirantes de la terna motivaban la discordia, porque al final la votación se habría centrado entre María Eugenia del Río Venegas, que logró 6 votos, y Ana Hilda Rivera, con 12 votos. Y qué casualidad que entre los pronunciamientos fuera recurrente el argumento de no demeritar a un aspirante tan solo por «sus apellidos».

Hasta donde se sabe, al momento de dictaminar la terna habría consenso para elegir a Ana Hilda Rivera, quien cuenta con toda la experiencia para el cargo al ya haber sido consejera y contar con el respaldo del Movimiento Feminista de Zacatecas. Pero en los últimos días habrían sido los panistas Lupe Correa (coordinador de la bancada) y Karla Valdez los principales diputados en tumbar los acuerdos e impulsar a la otra aspirante, lo que derivó en la penosa votación que obligará a realizar todo el procedimiento desde cero, hasta el próximo periodo ordinario que empieza en septiembre.

En cambio, los diputados pudieron ponerse de acuerdo (sospechosamente) en el caso de la magistrada del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, pues con 20 votos (es decir, exactamente la mayoría calificada) eligieron a Ruth Lucio Sánchez, cuando originalmente las preferencias se decantaban por Olivia Carlos Hernández.

Finalmente, en la misma sesión ordinaria, se dio lectura al dictamen de examen previo para la instauración del juicio político en contra de Maribel «N», ante la reiterada negativa de la acusada para comparecer ante las comisiones dictaminadoras (Jurisdiccional y Puntos Constitucionales) en su derecho de audiencia y debido a que los elementos presentados en su defensa no pudieron ser acreditados para desvirtuar su omisión a un mandato constitucional.

Por lo anterior, el dictamen (que se votará en la próxima sesión ordinaria del martes 28 de marzo) propone instaurar el juicio político en su contra, para lo cual se integrará una Comisión Instructora con tres diputados propuestos por la JUCOPO para dar continuidad al procedimiento. Y se especula que esta Comisión quedaría integrada por los diputados Enrique Laviada, Cuquita Ávalos y Ernesto González Romo.

Así las cosas en el Poder Legislativo. Es cuanto.