Si hubiera una estadística sobre maternidades no deseadas, quizá nos sorprenderíamos con el resultado en un país que lleva décadas (siglos, tal vez) con una política pronatalista, pero donde se agudizan cada vez más las desigualdades.
Hoy resulta paradójico que quienes llaman a «proteger las dos vidas» y rechazar la despenalización del aborto también se caracterizan por ser los primeros en vociferar los retrocesos de la Cuarta Transformación cuando se trata de derechos y garantías para las mujeres.
Pero es el aborto el delito que quizá genera mayor desigualdad en la impartición de justicia hacia las mujeres, pues aunque en varios estados se ha despenalizado bajo cualquier circunstancia, hay otras entidades donde todavía consideran la prisión entre sus penas y estas se pueden agravar bajo ciertas condiciones que resultan decimonónicas, como en el caso de Zacatecas.
Hasta el 2020, en los estados de Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Veracruz no se contemplaba una pena de cárcel a las mujeres que abortaran de forma voluntaria y aunque sí tenían registro de algunas denuncias por abortos, las sanciones podían implicar trabajo comunitario como en Michoacán, aunque generalmente se “castigaba” brindando a la mujer tratamiento psicológico, médico y educativo para su rehabilitación, como en el caso de Veracruz, donde se especifica que la mujer llevará este proceso “en libertad”.
Incluso había estados como Morelos o Tamaulipas donde se contemplaba una pena de 1 a 5 años de prisión; sin embargo, también se establecía que esta pena podía ser sustituida por tratamiento médico o psicológico a petición de la mujer.
En cambio, había estados como Oaxaca, Puebla, Tamaulipas o Zacatecas donde además de establecer penas de 4 meses a 5 años de prisión (como en Tamaulipas), estas se podían agravar si se incumplía con alguna de tres disposiciones: “que la mujer no tenga mala fama; que haya ocultado su embarazo; que el embarazo sea fruto de una unión ilegítima”.
Había otros casos más graves, como en el Estado de México, donde se consideraba una pena de 1 a 3 años de prisión y esta pena se podía agravar si la mujer no comprobaba que el embarazo era producto de la “deshonra”, mientras que en el estado de Coahuila se castigaba con 3 días a 6 meses de prisión en el caso de quienes abortaran producto de una violación.
Sin embargo, estas desigualdades cambiaron luego de que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, cuya resolución señala que es derecho de las mujeres interrumpir un embarazo hasta terminada la semana 12 de gestación.
En adelante, comenzaría un proceso de homologación de los Códigos Penales en todas las entidades federativas, y aunque en algunas ya han avanzado, Zacatecas sigue demorando la discusión de la iniciativa ciudadana promovida por el Movimiento Feminista de Zacatecas el año pasado.
Como se recordará, una vez reunidos los requisitos, la iniciativa fue leída ante el pleno de la 64 Legislatura y turnada a comisiones para su discusión y dictaminación desde el pasado 30 de noviembre. Y según el artículo 59 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, los diputados tenían un plazo de 40 días para dictaminar, plazo que evidentemente no se ha cumplido.
La excusa, en palabras de la diputada Imelda Mauricio, presidenta de la Comisión de Igualdad, es que la iniciativa fue turnada cuando el trabajo legislativo se concentró en la discusión del Paquete Económico 2023. Pero pasó el tiempo y la iniciativa sigue en la congeladora legislativa.
Este martes las comisiones dictaminadoras tenían programado sesionar para emitir, por fin, un dictamen de la iniciativa, pero desde temprana hora tomaron el Congreso del estado grupos «provida» exigiendo que se abriera la discusión en Parlamento Abierto.
Su petición fue atendida por integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que hoy preside el diputado Enrique Laviada, con el compromiso de someter a consideración del pleno la posibilidad de turnar la iniciativa a la comisión de Parlamento Abierto que preside la diputada Maribel Galván.
De acuerdo con el artículo 61 del citado reglamento, y en caso de que el pleno de la 64 Legislatura apruebe la propuesta, los diputados tendrían un plazo no mayor a 20 días naturales para dictaminar la iniciativa. El problema es que en ese plazo se cruza el periodo vacacional de Semana Santa y considerando la «productividad legislativa», es probable que ese dictamen siga esperando en la congeladora.
Por eso no es gratutio el reclamo de colectivas feministas que hoy exigen que la iniciativa sea dictaminada sí o sí, no importa si es a favor o en contra, pues lo importante será la resolución del pleno para proceder con la ruta legal: ante una aprobación de la iniciativa, esperar la publicación del decreto; en caso de negativa, recurrir al amparo, como se ha hecho en otras entidades, para obligar al Poder Legislativo a homologar el Código Penal y eliminar la criminalización por aborto en los términos que señala la SCJN.
Y aunque a la fecha son pocos los diputados que han emitido su postura respecto al tema, su demora en la dictaminación de la iniciativa deja en claro sus prioridades. Porque no hay que olvidar la cercanía del proceso electoral 2023-2024 y hay quienes todavía creen tener futuro político, pese a pertenecer a la peor Legislatura en la historia del Poder Legislativo.
Finalmente, luego de la marcha por el 8M, queda una pregunta en el aire: si el día en que se vote el dictamen se manifiestan quienes están a favor y en contra de la despenalización del aborto, ¿quién reuniría más gente, los grupos Provida o el movimiento feminista?
Llaman a no visitar Zacatecas
Bastaron tres líneas para tumbar la campaña «Todos Somos Zacatecas» y cualquier esfuerzo por «hablar bien de Zacatecas».
Ni nos acordábamos que el cantante Marco Flores era diputado federal por Zacatecas hasta que en sus redes sociales publicó el cierre de su hotel La Cabrona, en el Pueblo Mágico de Jerez que hoy dice gobernar el alcalde Humberto Salazar, «por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cartel de Jalisco«. Y en su misma publicación advertía de tener «mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si pueden evitar es mejor«.
Más tarde, extendió su pronunciamiento también en redes sociales para insistir en la exigencia de mayor seguridad para Zacatecas y solicitar el apoyo de autoridades federales a fin de frenar «la ola de delincuencia e inseguridad» que se vive en la entidad.
Solo que el cantante hoy es diputado federal por la coalición que llevó a David Monreal a la gubernatura y su posicionamiento contradice el discurso de que el Plan Zacatecas II y la Estrategia Nacional de Seguridad marchan requetebien.
¿Seguirán el «gobierno de la transformación» y la 4T en su burbuja de «otros datos» o por fin reconocerán las dimensiones del problema y se pondrán a trabajar?
