Regresan $21.5 millones a la TESOFE

Producto de una pésima gestión y un desastre administrativo nunca visto en los gobiernos de las «herencias malditas», la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) habría tenido que devolver a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más de 21.5 millones de pesos de recursos federales tan sólo en el primer bimestre de este año por no haberlos aplicado en tiempo y forma.

Y hasta donde se sabe, sería la dependencia estatal con el mayor monto en recursos del 2022 reintegrados a la federación, lo que dejaría muy mal parada a su titular, a quien hoy presumen como la mejor funcionaria del «gobierno de la transformación».

El mayor reintegro se habría dado en el Programa de expansión a la educación inicial, con al menos 10.3 millones de pesos, lo que sin duda habría impactado en el objetivo de «contribuir a que las niñas y los niños de 0 a 2 años y 11 meses accedan a los servicios de educación inicial mediante la ampliación de la cobertura a través de 3 modalidades escolarizadas y no escolarizadas».

Los reintegros también se habrían registrado en el famoso Programa U080, de «Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación», con más de 3.5 millones de pesos, lo que pone en aprietos al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, que ha sido el principal gestor de esta partida (y no la titular de la SEDUZAC) para compensar con recurso extraordinario el déficit en la nómina educativa. Con este antecedente, ¿cómo esperan que la Federación le otorgue a Zacatecas el recurso que necesita para pagar a los maestros?

Pero el problema no termina ahí, porque la SEDUZAC también habría tenido que devolver a la TESOFE unos 2.2 millones de pesos del programa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial; más de 2 millones de pesos del FONE, más de 1.2 millones del programa de Telebachillerato Comunitario y más de 1.4 millones del Programa S300 para el fortalecimiento a la excelencia educativa, lo que debilita la estrategia de apoyar a instituciones de formación docente para actualización y certificación de los futuros maestros.

Al desastre financiero en esta dependencia se suman las acusaciones que vertiera en tribuna la diputada Priscila Benítez durante la discusión del dictamen por el que se iniciaría un procedimiento de juicio político contra la titular de la SEDUZAC, acusaciones surgidas de las denuncias hechas por el magisterio y padres de familia cansados de la abulia en la «filial de la Secretaría del Bienestar» (Priscila Benítez dixit).

Los señalamientos de la diputada rasparon a más de uno, como a la coordinadora Técnica, Clara Verónica Delgado Venegas, acusada de tramitar desde la administración pasada su prejubilación con dos claves de preescolar federal incompatibles, pero que sigue cobrando con una clave administrativa federal y una compensación quincenal de 18 mil pesos.

La misma coordinadora es acusada de tener a más de 10 personas de su contentillo para hacer y deshacer en la dependencia ante la ausencia de la mejor funcionaria del «gobierno de la transformación», con amigos sin perfil ni experiencia para el cargo que hoy ostentan.

Como ejemplo, la diputada Benítez Sánchez se refirió a la directora de Capital Humano, la dentista Lucero Aguilera, quien «actúa con prepotencia y con el apoyo de sus secuaces, los jefes de personal de plazas estatal, Edith Ruelas, nombrada por Clara Verónica, y plazas federal, Édgar Sepúlveda, que acosa al personal de oficinas centrales«.

Las acusaciones no terminan ahí. La diputada señaló que la misma directora de Capital Humano contrató a su marido en secundarias federales en Calera y la jefa de plazas estatales, a su sobrina en la región de Guadalupe, además de basificarla antes de los seis meses sin haberse registrado en una convocatoria. ¿Seguimos hablando de «herencias malditas»?

Y a propósito de fantasmas, ahí está el caso de Mario Castruita, director de educación básica federal, a quien nunca se le puede encontrar en su oficina, pero fue nombrado por la titular de la dependencia para obedecer única y exclusivamente las órdenes de Clara Verónica Delgado. Y la lista de acusaciones puede seguir y seguir…

Sin embargo, hubo quienes con total cinismo y «por instrucciones superiores» salieron en defensa de la funcionaria fantasma.

Maribel «N», a juicio político

Tras dos horas y media de discusión, finalmente se aprobó el dictamen de examen previo para instaurar juicio político en contra de Maribel «N», con 16 votos a favor, el voto en contra de la diputada Violeta Cerrillo y cero abstenciones.

Ahora sigue designar a la Comisión Instructora integrada por tres diputados locales para continuar con el procedimiento en contra de la funcionaria estatal, a quien se acusa de no comparecer ante el pleno de la Legislatura como le obliga la Constitución.

Lo anterior generó una discusión irrisoria entre los diputados locales, digna de La Carabina de Ambrosio, quienes con el corazón en la mano se escudaban en un movimiento del que luego se desentendían cuando se trataba de defender principios morales frente a la despenalización del aborto.

Como se recordará, en octubre de 2022, cuando la titular de la SEDUZAC no atendió su comparecencia, presidía la Mesa Directiva el diputado Ernesto González Romo, quien desde entonces amagó con iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la funcionaria, quien recibió el mote de «fantasma» debido a que en múltiples ocasiones se comprobó que nunca ingresó al recinto legislativo, pese a que la bancada oficial casi casi juraba por los clavos de Cristo que hasa le habían sostenido su bolso.

¡Y qué paradojas! Mientras el diputado fundador de MORENA (y expulsado del movimiento por sus homólogos) reiteraba que Maribel «N» había vulnerado el principio de rendición de cuentas y contrapesos entre los Poderes del estado y por ello debía ir a juicio político, al mismo tiempo se declaraba aliado del gobernador David Monreal.

Sin embargo, de manera simultánea en «audiencia por la transformación» en el municipio de Pánfilo Natera, el mandatario estatal mostraba una vez más su respaldo hacia la titular de la SEDUZAC y acusaba que la funcionaria era víctima de ataques por el hecho de ser mujer, pues a su parecer sin justificación alguna se pretendía someterla a juicio político. ¿Entonces son o no son aliados?

Las declaraciones del diputado Ernesto González Romo no quedaron sin réplica, a cual más de vergonzosas y ridículas, como la de la diputada Violeta Cerrillo, quien acusó a su homólogo de impulsar una venganza personal contra la funcionaria cuya ausencia solo afectó «el ego de un diputado«, mientras Analí Infante señalaba que el legislador ¿morenista? estaba atacando a una mujer y por ello no representaba los fundamentos del movimiento, en tanto que Armando Delgadillo enfatizaba que esta decisión se trataba únicamente de «acciones políticas».

Del otro lado, diputados como José Luis Figueroa señalaban que era «fuego amigo«; Xerardo Ramírez expresaba que «no esperaba tanto cinismo de MORENA«; Priscila Benítez llamaba a sus homólogos a «no ser cínicos ni hipócritas«; y la diputada Zulema Santacruz enfatizaba que «no seremos comparsas de quienes pretenden estar al margen de la ley«.

Además, la diputada Cuquita Ávalos aclaraba que el juicio político no era promovido por González Romo, sino por el magisterio afectado con el actuar de la funcionaria, mientras Juan Mendoza pedía que se cuidara el procedimiento «con pulcritud para tener una resolución incuestionable«.

En medio de la discusión, sabe qué dirían los diputados Maribel Galván y Jehú Salas, que en sus argumentos demasiado técnicos solo se alcanzó a entender que hablaban de la Constitución y quién sabe si los abogados nos puedan explicar con peras y manzanas qué quisieron decir.

Lo más cómico de todo este asunto fue que, minutos antes de la votación del dictamen, vía telefónica la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, pretendía echar atrás la decisión que tomarían los diputados para no llevar a juicio político a Maribel «N». Y esto no es es mero chisme, sino que de ello fuimos testigos quienes ahí estuvimos en el recinto legislativo viendo a la diputada Maribel Galván corriendo de un lado a otro, teléfono en mano, para convencer a los diputados de votar en contra del dictamen.

Sobra decir que no prosperó la negociación, esa que originalmente se había encomendado a la diputada Analí Infante, la de los «seres superiores», y que muy poco podía hacer de último minuto la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA a tal grado que en la votación mejor se ausentó del pleno la bancada oficial.

Como dijera Porfirio Muñoz Ledo: ¡qué manera de legislar!

Ignorancia y conservadurismo legislativos

Después del desplante en el foro de reformas al Código Penal, este martes hubo oootro desplante al magistrado Arturo Nahle con el retraso de tres horas a la sesión solemne donde se tomaría protesta a Ruth Lucio Sánchez como magistrada del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes.

Todo se debió a una larguísima sesión de Comisiones Unidas de Justicia, Igualdad y Salud donde quedó claro que la intención es continuar postergando la dictaminación de la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto, con argumentos anacrónicos, desviruados y malintencionados para criminalizar no solo la iniciativa, sino a las mujeres que interrumpen su embarazo.

Pero quienes definitivamente hicieron un lamentable papel fueron los diputados Ernesto González Romo, Lupe Correa y Jehú Salas, para quienes quedó claro que en el Legislativo también pesa lo que diga el clero.

El primero logró que la dictaminación de la iniciativa se retrasara una vez más llevándola a Parlamento Abierto, mientras Salas Dávila se escudaba en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era órgano competente para instruir a los diputados a legislar en la materia, mucho menos si no estaba en la Constitución.

Más desafortunado fue el caso de Lupe Correa, quien advirtió que en caso de aprobar la iniciativa se dispararían hasta mil por ciento los abortos. Pero es falso su argumento, pues más bien la estadística oficial se incrementaría precisamente porque se tomarían en cuenta los abortos clandestinos que hoy existen por el hecho de criminalizar a quienes incurren en dicha práctica.

Más conciente fue el posicionamiento de la diputada Imelda Mauricio, quien llamó a tomar en cuenta las circunstancias que llevan a las mujeres, niñas y adolescentes a recurrir al aborto. Porque en el fondo, nadie, ninguna mujer, desea abortar. Es cuanto.