En el preámbulo de la sucesión presidencial, y a casi dos años del gobierno de David Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Zacatecas para seguir con una campaña que inició hará cosa de dos décadas.
Y la verdad sea dicha: desde que es Presidente, López Obrador trataba mejor a Zacatecas en tiempos del PRI durante el «quinquenio diferente», que en tiempos de la «nueva gobernanza» o, como le denominan ahora, el «gobierno de la transformación».
Porque los recursos extraordinarios remitidos a la entidad (y que han sido gestionados por el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares) han sido para compensar únicamente el déficit de más de 2 mil millones de pesos en la nómina magisterial, sin concretar la federalización. Y hasta ahí.
Recuérdese que desde la administración de Alejandro Tello ya se insistía en la solicitud no solo de la autopista Zacatecas-Aguascalientes (solicitud que fue reiterada en el Senado por Soledad Luévano en la comparecencia del titular de la SCT), sino en recursos extraordinarios para conservación y mantenimiento de carreteras, para el fortalecimiento de los servicios de salud y para la federalización de la nómina magisterial.
Desde entonces, en cada visita del Presidente se mantenían las mismas peticiones. Y en cada visita la respuesta era la misma: no dejaría solo a Zacatecas. El pasado fin de semana no fue la excepción, con nuevas promesas (ahora con números concretos, como los supuestos 800 millones de pesos para mejorar la red carretera) a menos de dos años de que concluya su mandato y con una sucesión presidencial muy accidentada.
Porque no es secreto que al interior de MORENA se viven fricciones entre sus militantes, especialmente desde el pasado proceso electoral 2020-2021, cuando se impusieron candidaturas con el aval del dirigente nacional Mario Delgado, que hoy divide a los morenos entre quienes respaldan la decisión de extender su dirigencia hasta concluido el 2024 y quienes rechazan este nuevo intento de imposición para el próximo proceso electoral.
Sobra decir que el «fuego amigo» entre las «corcholatas presidenciales» tampoco ha abonado a garantizar una sucesión presidencial tersa para que siga la transformación.
Ahora hay quienes concentran la discusión sobre la futura candidatura presidencial del movimiento entre la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mienrtas el senador Ricardo Monreal continúa con su gira de la Reconciliación por México y el canciller Marcelo Ebrard se evade de esta carrera ante la carga de los migrantes que recientemente perdieron la vida en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y en lo local las cosas no pintan mejor, con una dirigencia estatal coptada por la secta del malestar que seguramente llevará mano en la imposición de candidaturas para el próximo proceso electoral, como ya ocurrió en el 2021 y los más de 70 Servidores de la Nación en las fórmulas impuestas en los Ayuntamientos son la prueba fehaciente.
Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a estos problemas, pero hace oídos sordos ante la red de complicidades (¿de qué otra forma se explicaría su no intervención?), tal como ha hecho con los problemas que aquejan a los zacatecanos y que le explotaron durante el evento de «inauguración» del Hospital IMSS-Bienestar en Fresnillo.
De su última visita a Zacatecas solo nos queda la imagen de una joven corriendo tras la camioneta en la que viajaba el Presidente, arrojándole piedras ante la indolencia de un López Obrador acostumbrado a los vítores del «pueblo bueno y sabio» y no a sus reclamos, como los manifestados por familiares de personas desaparecidas y no localizadas que se han incrementado durante el «gobierno de la transformación».
Increíble que a estas alturas de su administración, el Presidente continúe con la retórica de condenar el «pasado neoliberal» y reafirmar una y otra vez que hoy «se acabó la corrupción», pese a las evidencias que muestran lo contrario. Que no se olvide que una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira. Y ahí viene el 2024 sin una alternativa entre la oposición.
Cambios con poca expectativa de mejora
Aprovechando el distractor del Festival Cultural Zacatecas 2023 (cuya programación cumplió con su objetivo, no así la proyección de ocupación hotelera y derrama económica muy optimista), el gobernador David Monreal realizó algunos nombramientos en su gabinete que aunque no representarán gran cambio en la desatroza política local, sí dejan ver que continúa el intervencionismo de la secta del malestar.
Uno de los cambios más llamativos fue el de un tal «Zuñi«, quien decía ser el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y hoy desempeñará las funciones que de facto ya venía realizando como cargamaletas y coordinador de la agenda de David Monreal, ahora como jefe de Oficina del Gobernador.
Sobra decir que su salida se ve precedida por múltiples fallas en la dependencia de la que fue titular, sin olvidar las denuncias de empresarios víctimas de extorsión y las quejas de alcaldes por el retraso en la ejecución de obras.
Su lugar ahora será ocupado por Sergio Casas, quien fuera subdelegado regional de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas y quien es hermano del secretario general del Comité Estatal de MORENA, Mariano Casas, quien al inicio del «gobierno de la transformación» se desempeñó como jefe de Oficina del Gobernador. Todo queda entre familia…
Ahora falta que le meta el acelerador porque a menos de 15 días de concluir el mes de abril, queda pendiente la publicación de las reglas de operación de los programas que ejecutará la SEDESOL para este año. No quieran calentar los dineros en las cuentas bancarias hasta el cierre del año para tener que devolver recursos a la federación.
Otro cambio significativo fue la salida de Gabriela Pinedo Morales de la Secretaría General de Gobierno para regresar a su curul en la 64 Legislatura (adiós a su suplente Analí Infante, la de los «seres superiores»), luego de 15 meses perdidos para la rectoría de la política gubernamental en el «gobierno de la transformación».
El desgaste que implica este cargo ahora pasa a manos de Rodrigo Reyes Muguerza, quien ya estaba dentro de la adminstración como «asesor», «coordinador de asesores» o «jefe de gabinete» (ni ellos se ponen de acuerdo) y de quien es sabido su padrinazgo del senador Ricardo Monreal. Pero este nombramiento tampoco se reflejó en un cambio positivo para la administración.
Ya desde el primer día el joven servidor público comenzó con el pie izquierdo con un video mensaje para invitar a las actividades del Festival Cultural de Zacatecas 2023, insistiendo que la seguridad estaba garantizada, mientras al mismo tiempo ejecutaban a jóvenes motociclistas en Calera y un taxista en la Plaza Bicentenario, en la Capital y a muy poca distancia de donde se desarrollaban las actividades del FCZ 2023. A su video solo le faltó el eslogan «Bienestar y Progreso» para ser prácticamente un acto anticipado de proselitismo.
El gran error es querer convencer a los zacatecanos de que es mentira la realidad que viven día a día, cuando su «público meta» deben ser los habitantes fuera de Zacatecas, a quienes había que convencer con resultados de que el Plan Zacatecas II marcha de maravilla.
Lo cierto es que a su llegada a la Secretaría General de Gobierno, Rodrigo Reyes desenvainó la espada y empezó con movimientos al interior de la dependencia, como la remoción de Manuel Ibarra para ceder su lugar a Diana Saucedo como subdirectora de Prevención Social del Delito y responsable de la Estrategia Estatal de Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana (dicen que entre más largo el nombre del cargo, más inútil).
Pero por mucho que se mantenga la retórica sobre una estrategia de prevención del delito, los zacatecanos seguimos sin conocer el dichoso plan emanado de los foros realizados a principios de año en el Palacio de Convenciones, más allá de las acciones que ya venía realizando (con fallas) el «gobierno de la transformación».
En medio de estos cambios, fue evidente el intento de cambiar la política de comunicación desde la Jefatura de Oficina del Gobernador, al enviar sendos boletines promoviendo al alcalde de la «honestidad y acciones firmes», pero que muy pronto quedará fuera de la carrera por la candidatura al Senado, pese al respaldo de la secta del malestar.
Bien raro que esta promoción terminó de forma abrupta luego de la comparecencia del fiscal Francisco Murillo ante la 64 Legislatura…
«Cero impunidad», en entredicho
Qué casualidad que el «tema de temas» se dejara para el periodo vacacional de Semana Santa, justo cuando la atención de la población estaba más en el entretenimiento y el descanso en estos «días de reflexión». Hasta parecía cabildeado con los diputados locales de todos los colores.
En el fondo, la comparecencia del fiscal Francisco Murillo no fue diferente a otros actos de rendición de cuentas, solo que en esta ocasión el fiscal «autónomo» parecía en campaña con su eslogan de «cero impunidad».
Lástima que el diputado Ernesto González Romo acabara con esa propaganda cuando aseguró que en el caso de los homicidios dolosos, la impunidad alcanza el 99.3% en Zacatecas, considerando que de los 1 mil 428 casos registrados el año pasado, solo se atendió a poco más de 100 víctimas y únicamente nueve casos fueron judicializados. Y son cifras oficiales otorgadas por el fiscal.
Eso sí, gran expectativa generó el anuncio de que «próximamente», «a la brevedad», se judicializaría el caso del asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego, «con las consecuencias que se tengan que asumir, porque el compromiso de la Fiscalía es ir más allá del poder político, porque lo que demanda el servicio de procuración de justicia es objetividad y nosotros somos objetivos» (Francisco Murillo dixit).
El caso fue llevado a tribuna por los diputados Juan Mendoza y Priscila Benítez, a quienes el fiscal respondió que «en todos los casos tratamos de hacer justicia, así, a secas», pero los hechos contradicen a los dichos, más cuando el principal reclamo ha sido la desaparición de personas y la demora en los protocolos para iniciar su búsqueda y cuando sobran los ejemplos del uso faccioso de la Fiscalía, a conveniencia de grupos de poder (recuérdese el acoso judicial del que es víctima el periodista Gabriel Contreras o la demora en el caso de la denuncia presentada por quien escribe estas líneas).
Lo cierto es que la judicialización de un caso no redime al fiscal Francisco Murillo de la serie de fallas acumuladas en su gestión, cuya tendencia a la procuración facciosa de la justicia se ha hecho más evidente a la llegada de la «nueva gobernanza».
No hay que olvidar el exceso de «protocolización» para cumplir con el llenado de carpetas de investigación, que se vuelven meros trámites donde no se ve un compromiso real de hacer justicia a las víctimas del delito y eso se muestra en los altos niveles de impunidad, según las cifras oficiales del informe del fiscal.
Al final, lo que ha fallado es el derecho a conocer la verdad, pues impera la opacidad en los procesos de investigación de la fiscalía, en gran parte porque Murillo Ruiseco aún se escuda en el Código Nacional de Procedimientos Penales alegando que «no es muy conveniente revictimizar a las personas involucradas en un caso». Pero también se revictimiza cuando se oculta la verdad. ¿»Cero impunidad»?, ¿para quién?
