A poco más de cuatro meses para el segundo informe de gobierno, el gobernador David Monreal ha anunciado algunos cambios en su gabinete, más allá de que en febrero de este año haya tomado protesta a su tercer secretario de Seguridad Pública en la figura de Arturo Medina Mayoral.
El reciente relevo de piezas comenzó en la Secretaría de Desarrollo Social, a donde llega Sergio Casas, exsubdelegado regional del Bienestar, en sustitución de Carlos Alberto Zúñiga Rivera, «Zuñi», cuyo mediocre desempeño le hizo perder la confianza del gobernador y lo designó como nuevo cargamaletines… perdón, jefe de Oficina del Gobernador.
Si bien este relevo no representa gran cambio en la administración, sí deja en claro que el mandatario no ha tenido la mano para marcar un alto al intervencionismo de la secta, y desde la Jefatura de Oficina del Gobernador bien pueden incidir en mantener a David Monreal en el sótano de la aceptación popular.
No son pocas las quejas en las diferentes dependencias respecto a la política de comunicación social, cuya taquería se concentra en la agenda del gobernador y deja de lado la información que se genera en cada ente público, lo que poco abona a mejorar la percepción de que el «gobierno de la transformación» está trabajando.
Baste recordar que la Coordinación de Comunicación Social depende de la Jefatura de Oficina del Gobernador y en ambas áreas figuran como titulares dos incondicionales de Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo.
Pero esta resistencia a comunicar diferente poco a poco se va venciendo con nuevos cambios en el gabinete. Ya lo vemos en el caso de Rodrigo Reyes Muguerza, quien llegó a la Secretaría General de Gobierno en sustitución de Gabriela Pinedo Morales, quien regresa a su curul en la 64 Legislatura.
Y aunque inició con el pie izquierdo, Reyes Muguerza ha dado muestra de que se puede informar a la población de manera institucional, con independencia de la taquería de Comunicación Social y más allá del intervencionismo de la secta.
Sin embargo, muy pronto se verán otros cambios que sí podrían marcar una gran diferencia en el «gobierno de la transformación». Por una parte, ya se habla del próximo relevo en la Coordinación General Jurídica, hoy en manos de Ricardo Humberto Hernández León; y en la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Zaira Ivonne Villagrana Escareño.
Del primero solo quedará el mal sabor de boca por los desaseados procesos de despido en los primeros dos años de administración que se traducirán en sendos laudos que comprometerán las finanzas del estado, y de la segunda, las propias quejas de las zacatecanas dan cuenta del mal trato que han recibido de Villagrana Escareño, sus desplantes y el hostigamiento laboral del que son víctimas las trabajadoras de la dependencia.
Los cambios también llegarían a la Secretaría de la Función Pública que hoy encabeza Humbelina Elizabeth López Loera, y aunque ésta se mantendría al frente, al parecer le retirarían el principal freno para el buen desempeño de esta dependencia: Ángel Manuel Muñoz Muro, actual subsecretario de Responsabilidades.
Ya desde el proceso de entrega recepción en 2021, el Ángel de la Muerte había dado muestras de que su misión era ejecutar las vendettas políticas de una secta que mantiene al «gobierno de la transformación» en el ostracismo y así se confirmó al asumir el cargo, con los primeros procesos de inhabilitación contra exservidores públicos anunciados como si fueran un hecho, cuando los casos aún se litigan en tribunales.
No solo eso, motivó la presentación de más de 50 denuncias penales contra exservidores públicos por diferentes delitos, de los cuales únicamente dos tuvieron la celeridad nunca antes vista en la Fiscalía: el caso de Benjamín «N» por presunto desfalco en la FENAZA y el caso del periodista Gabriel Contreras acusado de «fraude específico», dos casos que se encuentran detenidos en el Tribunal de Control y Enjuiciamiento porque la Fiscalía y el propio Ángel de la Muerte no han podido presentar evidencias contundentes de sus acusaciones.
Lo anterior no ha sido obstáculo para que el juez con licencia sea cómplice de actos de corrupción al interior del «gobierno de la transformación» y siguiendo instrucciones (recuérdese que llevó el divorcio de Verónica Díaz Robles y desde entonces ha gozado de toda su confianza), ha omitido iniciar procedimientos de responsabilidades en contra de actuales servidores públicos, incluyendo a su cónyuge y actual directora de la Escuela de Conservación y Restauración «Refugio Reyes».
Y a pesar de su supuesta alianza con el magistrado Carlos Villegas (quien aspira a suceder a Arturo Nahle en la presidencia del TSJEZ) para incidir en los casos que se han judicializado, no han sido pocas las ocasiones en las que jueces del Poder Judicial (prácticamente, sus homólogos) le han tenido que corregir la plana por pretender actuar como el defensor de la parte que acusa, cuando únicamente lleva la representación legal, no la defensoría.
Pues todo indica que su reinado del terror por vendettas políticas estaría por llegar a su fin una vez que se concrete su remoción del cargo y aunque no quedaría fuera del «gobierno de la transformación», sí le pondrían un bozal para que deje de meter más trabas en la ya de por sí endeble goberabilidad en Zacatecas, al nombrarlo como «asesor» en la Secretaría General de Gobierno, ahí donde Rodrigo Reyes tendría la encomienda de mantenerlo con las manos amarradas.
Además de este cambio, será interesante saber si habrá interlocución entre Reyes Muguerza y la actual coordinadora de la bancada de MORENA en la 64 Legislatura, la diputada Gabriela Pinedo Morales, pues todo indica que pertenecen a grupos contrarios y así quedó de manifiesto en la sesión ordinaria del pasado viernes durante la discusión del dictamen sobre la solicitud de procedencia para separar del cargo a Julio César «N» y retirarle el fuero, acusado como coautor de los delitos de homicidio calificado y robo calificado.
¿De verdad estos cambios que se especulan abonarían a la gobernabilidad en Zacatecas? Porque en esa lista habría que incluir al secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda…
Sindicalismo zacatecano
Este lunes arrancó la etapa de proselitismo para la renovación del Comité Ejecutivo del SPAUAZ para el periodo 2023-2026 y luego del pésimo desempeño del actual secretario general, José Juan Martínez Pardo, buena parte del profesorado universitario no está dispuesto a elegir a otro cómplice de las corruptelas del rector Rubén Ibarra Reyes.
Luego de cumplir con todos los requisitos, la Comisión de Registro y Dictamen del Colegio Electoral certificó el registro de cuatro planillas: «Defensa Sindical y Democracia» encabezada por Jenny González Arenas; «Sobernía Sindical» conducida por Claudia Sifuentes Gallardo; «Sindicalismo Independiente» dirigida por Pedro López Jácquez y «Movimiento Acción Sindical» encabezada por Manuel Rivera Escobedo.
Sin embargo, este último se rumora que sería la propuesta del rector Rubén Ibarra para continuar con las arbitrariedades de las que ha sido cómplice Martínez Pardo y que han motivado gran parte del enojo de la comunidad universitaria, especialmente si se recuerda la polémica por el contrato colectivo 2022 cuyas modificaciones nunca fueron avaladas por el sindicato.
Por lo pronto, las cuatro planillas tendrán hasta el 9 de mayo para sus actividades de proselitismo, donde se esperan algunos debates entre los aspirantes a la Secretaría General, mientras que la votación se llevaría a cabo el próximo 11 de mayo para tomar protesta a la próxima dirigencia sindical en la última semana de mayo. ¿Cederán los universitarios a los deseos del rector o se inclinarán por una alternativa que sí represente un contrapeso?
… esculcando el buró
Saludos don Heraclio