En MORENA ¿roban y matan?

En una sesión con audiencia récord en sus transmisiones, este martes ante el pleno de la 64 Legislatura el diputado Enrique Laviada dio lectura a la solicitud del fiscal Francisco Murillo Ruiseco para la declaratoria de procedencia para separar del cargo «a un funcionario público municipal», por su presunta relación con el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.

Textualmente, la solicitud leída en tribuna se refería al «acuerdo de solicitud de declaratoria de procedencia, con remoción de fuero constitucional y separación del cargo, del ciudadano Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, por considerar que ha participado en calidad de coautor en los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado y robo calificado, previstos en el Código Penal del Estado de Zacatecas«.

La misma solicitud agregaba que dichos hechos habrían sido cometidos en perjuicio de Raúl Calderón, y para respaldar la solicitud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas anexaba una copia certificada de la orden de aprehensión que fuera liberada por la jueza de Control María de Jesús García González para que, de encontrarse ajustada a derecho, se le diera el trámite correspondiente.

Al término de la lectura, y en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el diptuado Enrique Laviada expresó que la solicitud del fiscal sería atendida «con institucionalidad, con toda la seriedad que el caso merece y un estricto apego a la legalidad«.

Luego, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado migrante José Juan Estrada, turnó la solicitud a la Comisión Jurisdiccional (que también preside el diputado Enrique Laviada) con carácter de examen previo para darle el seguimiento correspondiente.

Evidentemente, la expectativa en torno al caso era que ayer mismo se hubiera votado la solicitud en el pleno; sin embargo, ésta sí o sí debe pasar por los procedimientos legales obligatorios, que en gran parte han influido en una mala percepción del trabajo legislativo por la demora en la dictaminación en comisiones.

Hoy, la expectativa se concentra en la Comisión Jurisdiccional que preside el diputado Enrique Laviada y que también integran sus homólogos Imelda Mauricio, Marimar de Ávila, Jehú Salas y Xerardo Muñoz. Ellos serán los encargados de dar trámite a la solicitud de la Fiscalía mientras el tiempo corre para la ejecución de una de las dos órdenes de aprehensión liberadas por el caso de Raúl Calderón.

Y como el tiempo apremia, este miércoles se habría citado a la comisión a sesionar a las 12:30 horas con la finalidad de que la solicitud sea sometida a la consideración del pleno en una segunda sesión programada para las 3 de la tarde (la primera está convocada para las 10 de la mañana). Así pues, hoy mismo se definiría el futuro que espera al alcalde de la «honestidad y acciones firmes».

De antemano ya ha habido algunos pronunciamientos en torno al caso, como el diputado Xerardo Ramírez, integrante de la Comisión Jurisdiccional, quien ha dicho que se conducirá «de manera objetiva, con responsabilidad y absoluto respeto a la ley, buscando siempre el respeto y protección a los derechos humanos«.

También la diputada Marimar de Ávila se pronunció por el «absoluto cumplimiento a la ley, así como a los procedimientos constitucionales y las normas específicas con el único e irrestricto fin de obtener una clara y expedita procuración de justicia«. Y reiteró su compromiso de «coadyuvar en el proceso que desde el Poder Legislativo se desarrollará para que dicha solicitud transite en los términos legales y jurídicos que corresponde a los ordenamientos constitucionales en la materia«.

Además, desde el Comité Directivo Estatal del PRI, el dirigente estatal Carlos Peña reconoció que «este acontecimiento es un parteaguas en la historia política de Zacatecas y sienta precedente en el trabajo institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como en la alta responsabilidad de los diputados  integrantes de la 64 Legislatura, que deberán dar procedimiento a la solicitud de la Fiscalía, para que, retirado el fuero al imputado, se proceda a su localización y detención«.

Hoy mismo, mientras sesiona el pleno de la 64 Legislatura, los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD que integran la coalición Va por Zacatecas ofrecerán una rueda de prensa para emitir un pronunciamiento conjunto en torno al caso.

A la lista de pronunciamientos se suma el de Rodrigo Reyes, novel secretario general de Gobierno, quien mediante un videomensaje enfatizó que «la posición del gobierno es que [este caso] se resuelva judicialmente, con apego al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso. Este gobierno es y será respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía«.

¿Y qué ha dicho MORENA en torno al caso? Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la dirigencia estatal, ni siquiera porque se trata de un servidor público de representación popular que fue postulado por dicho partido político y, ante las acusaciones que hoy enfrenta, contraviene los principios del Movimiento del que forma parte apenas desde el 2018.

Lo cierto es que al interior del Poder Legislativo, la secta aún pretende demorar la decisión del Legislativo en torno a la solicitud de la Fiscalía al solicitar el acceso a la carpeta de investigación para deliberar si existen elementos suficientes para determinar el desafuero o no del funcionario público en cuestión.

Olvidan que el Poder Legislativo no es juez para determinar la inocencia o culpabilidad del indiciado y que su papel, en este caso, se limita única y exclusivamente a decidir si se retira el fuero o no al presidente municipal. Y el hecho de que una jueza de Control haya liberado una orden de aprehensión en su contra (para lo cual debió contar con elementos suficientes que demostraran su probable responsabilidad) debería ser argumento suficiente para que el Poder Legislativo no entorpezca un procedimiento judicial.

Finalmente, ante la presión social y mediática que ha despertado el caso, bien cabe la pregunta: ¿quién de los diputados se atrevería a una muerte política votando en contra de retirar el fuero a un funcionario público acusado de delitos graves? Porque eso, sin duda, implicaría poner fin a su carrera política.

No hay que olvidar que la solicitud de la Fiscalía requiere únicamente de 16 votos para ser aprobada y éstos los puede reunir fácilmente el denominado «bloque plural ampliado». Será interesante ver el sentido del voto de la secta, o incluso si optan por ausentarse de la sesión.

El resultado parece previsible, pues se sabe que ha surgido especial interés en la figura que suplirá a Julio César Chávez Padilla en la Presidencia Municipal de Guadalupe, a cuyo suplente José Saldívar Alcalde no le permitirían ocupar el cargo, sino que se plantearía una terna donde se incluyera un perfil más afín a la secta.

En medio de todo esto, se mantiene una pregunta en el aire: ¿dónde está Julio César Chávez?

Termina protesta en el ISSSTE

Luego de varias semanas en protesta, todo indica que este miércoles concluiría la manifestación de personal médico del ISSSTE en Zacatecas tras llegar a un acuerdo sobre sus peticiones.

Estos acuerdos habrían incluido las bajas de personal que ya fue cesado del cargo, además de que se encontraría una «salida digna» a otro grupo de trabajadores que cuentan con buena trayectoria y reconocimiento, pero de quienes se ocupan sus plazas.

Esta noticia llega luego de hallar soluciones también a los problemas que enfrentaban los hospitales de Fresnillo y de la Capital, dejando en claro que el nuevo subdelegado Administrativo, Salvador Estrada González, como su nombre lo dice, llegó a salvar al ISSSTE.