Después de lo ocurrido este miércoles en la 64 Legislatura, los diputados locales no tendrán cara para cuestionar la lentitud de la justicia en Zacatecas, pues hoy han sido el principal obstáculo para que se cumplimente una de las dos órdenes de aprehensión obsequiadas por el caso del homicidio de Raúl Calderón Samaniego.
El tema cobró especial relevancia desde que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco hizo llegar al Poder Legislativo el pasado lunes 17 de abril la solicitud de procedencia de la separación del cargo que un funcionario municipal de representación popular y el retiro de su inmunidad para poder continuar con el proceso judicial en su contra.
Y como ya adelantábamos en este espacio, los procedimientos legislativos y sus plazos (aunado a la obsolescencia de su normatividad) han sido y siguen siendo el principal lastre del Poder Legislativo que poco abona a mejorar la mala imagen que se tiene de los diputados locales.
Ya de por sí la 64 Legislatura es considerada como la peor y más improductiva en toda la historia de Zacatecas, la demora en la dictaminación de la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto debió ser advertencia para imaginar que, en el caso de desafuero que hoy tiene al estado a la expectativa, los diputados actuarían de igual forma, buscando argucias legales para demorar una resolución «urgente».
Lo que se había prometido sería una sesión de puertas abiertas se desarrolló a puerta cerrada en el quinto piso del recinto legislativo en sesión de la Comisión Jurisdiccional, que desde el mediodía de este miércoles inició la discusión de la solicitud hecha por el fiscal.
Mientras el tiempo seguía corriendo para cumplimentar una de las dos órdenes de aprehensión obsequiadas por una jueza de control, las horas pasaban en la Comisión Jurisdiccional que integran los diputados Enrique Laviada (MC), Imelda Mauricio (MORENA), Jehú Salas (PRI), Marimar de Ávila (PAN) y Xerardo Ramírez (PT), quienes pasaron largo rato poniéndose de acuerdo sobre la decisión que se tomaría y el procedimiento a seguir.
Previamente, antes del arranque de la jornada legislativa con la sesión ordinaria convocada a las 10 de la mañana, no pasó desapercibida la discusión que tendrían los diputados Xerardo Ramírez, Enrique Laviada y Gaby Basurto. El primero, insistiendo en que la normatividad local establecía que se debía tener acceso a la carpeta de investigación para deliberar sobre la posibilidad del desafuero. Los segundos, argumentando la desactualización de la norma y la prioridad que llevaba la aplicación de la norma federal.
Ya en la Comisión Jurisdiccional, la tensión llegó al grado de que gran parte de los 30 diputados se apostó en el quinto piso del recinto legislativo para participar en la discusión del tema en cuestión, pese a que la decisión únicamente recaía en los cinco integrantes de la comisión.
Tras casi cuatro horas de discusión, finalmente en la Comisión Jurisdiccional se habría llegado a tres acuerdos: la radicación de la solicitud de procedencia (que no es otra cosa que el inicio formal del procedimiento), la notificación a la Fiscalía y al imputado sobre el inicio del procedimiento, y la elaboración del predictamen.
Lo anterior implicaría al menos un plazo legal de 24 horas para continuar con la siguiente etapa del procedimiento: el citatorio al imputado para comparecer ante el Poder Legislativo y ser informado del procedimiento iniciado en su contra y, ya notificado, comenzar con la discusión del predictamen.
Eso significaría que esta semana debería tenerse un dictamen definitivo en torno a la solicitud de la Fiscalía, dictamen que sería leído ante el pleno en sesión ordinaria, para luego ser discutido y aprobado (o rechazado) en otra sesión.
En resumen: otra práctica dilatoria que en este momento solo es responsabilidad de los cinco diputados de la Comisión Jurisdiccional (integrada como comisión examinadora), pero cuya decisión ya afecta a los 30 diputados de la 64 Legislatura, quienes en su mayoría (hasta donde se sabe) estarían de acuerdo en retirar la inmunidad del fuero al funcionario público en cuestión.
Durante toda la jornada legislativa de este miércoles, fue muy interesante ver a la diputada Violeta Cerrillo citar a sus homólogos de la Comisión Jurisdiccional, uno a uno, en el estacionamiento del recinto legislativo para «cabildear» (desconocemos el tema y los motivos), y luego, durante la sesión de la comisión, continuar el «cabildeo» uno a uno con la mayoría de los diputados… excepto dos.
Para nadie es secreto que desde hace tiempo la diputada Violeta Cerrillo ha buscado ser presidenta municipal, y ante la posibilidad de que el suplente del hoy imputado opte por no asumir la suplencia, se tendría que integrar una terna de la cual se elegiría al suplente, una terna en la que se especula que llevaría mano la legisladora.
Pese a la demora legislativa para resolver lo que es competencia del Poder Legislativo, no hay que perder de vista dos elementos fundamentales: queda pendiente una segunda orden de aprehensión de la cual la Fiscalía no se solicitó la procedencia de desafuero, por lo que no habría impedimento para ser cumplimentada; sin olvidar que el hoy imputado como coautor de los hechos también está sujeto a otros plazos legales para perder su inmunidad.
Recuérdese que transcurridas dos semanas de ausencia del funcionario público, existe la obligación de llamar a su suplente o, en su defecto, integrar una terna de la cual será elegida esta suplencia. Así, de facto perdería el fuero y la Fiscalía estaría en condiciones de continuar el proceso judicial, pero para entonces quién sabe en qué parte del mundo se encontraría el imputado.
Y como en el nuevo sistema de justicia penal adversarial debe prevalecer la presunción de inocencia, flaco favor le hicieron al imputado quienes hicieron circular un supuesto comunicado en el que se le victimiza y se insiste en su inocencia, alegando persecusión política, pues hoy está en duda hasta la firma del dichoso comunicado, pese a que fuentes del Ayuntamiento insisten en que es verídico el documento.
Muy raro que el imputado se haya caracterizado por figurar siempre en las redes sociales, mayormente a través de transmisiones en vivo o video mensajes, y en esta ocasión ni siquiera se pronunciara en sus redes sociales más que a través del supuesto comunicado.
Una cosa queda muy clara: ante el gran interés social y mediático que ha despertado el caso en cuestión, hoy la llevan 30 diputados por la demora en la que han incurrido los cinco diputados de la Comisión Jurisdiccional, sin importar en qué sentido votarán en su momento el dictamen ante el pleno. ¿A quién culpar por obstaculizar la justicia?
Saludos don Heraclio