Sería el 11 de febrero del 2022 cuando, en sesión extraordinaria de la 64 Legislatura, Virgilio Rivera Delgadillo fuera electo como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) para un periodo de 14 años, luego de la jubilación de la magistrada Silveria Gallegos Serrano.
Con esta designación, que tuvo 25 votos en el pleno contra los tres logrados por la aspirante Beatriz Angélica Torres Rojas y ninguno para la otra aspirante Cecilia Cerros Aristorena, el pleno del Poder Judicial pasó a tener un 37.5% de magistradas (cinco) y un 62.5% de magistrados (ocho), rompiendo el principio de paridad de género.
Aquella sesión extraordinaria que duró poco más de una hora, con un único punto en el orden del día, contó con la asistencia de 28 diputados presentes en el pleno y solo dos ausencias correspondientes a los diputados Herminio Briones y Manolo Gallardo.
En la discusión del dictamen con la terna a votar únicamente se habrían pronunciado en contra de la elegibilidad de Virgilio Rivera los diputados Gaby Basurto, Cuquita Ávalos y Juan Mendoza. Y al ser votación por cédula, se infirió que los tres votos que obtuvo Torres Rojas correspondieron a dichos legisladores.
Sin embargo, lo anterior habría implicado que diputados de la oposición emitieran su voto a favor del hoy conocido como «magistrade», pese a incumplir con los requisitos de elegibilidad, entre ellos los diputados Jehú Salas, David González, José Juan Estrada, Marimar de Ávila, Enrique Laviada, Gerardo Pinedo, Lupe Correa y Karla Valdez, presentes en el pleno el día de la votación.
El tema no tuvo mayor trascencencia, a excepción de aquella vez que en el pleno se discutía la redistribución de comisiones legislativas (mientras había sendos recursos en tribunales electorales para definir lo que competía al derecho parlamentario) y se echó en cara esta designación como parte de las vendettas políticas frente a los intereses externos que aún hoy amenazan la autonomía del Legislativo.
Poco más de un año después, y sin tantita vergüenza, en sesión ordinaria de este martes el diputado Jehú Salas dio lectura al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que él preside relativo a la reforma a varios artículos de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de paridad de género en las magistraturas del TSJEZ.
La iniciativa habría sido presentada ante el pleno apenas el pasado 22 de marzo de este año y fue firmada por los diputados Gaby Basurto, Jehú Salas, Cuquita Ávalos, Herminio Briones, José Juan Estrada, David González y Manolo Gallardo; todos del PRI (bueno, eso dicen).
Y con total cinismo disfrazado de indignación, Salas Dávila continuó leyendo el cuerpo del dictamen donde se refiere que: «con la última designación se redujo la participación de mujeres en las magistraturas de este Tribunal, puesto que se suplió una magistratura vacante que correspondía a una mujer, con una persona del sexo masculino, disminuyendo así la cantidad de 6 magistradas a 5 y, por otro lado, incrementando la participación de hombres de 7 a 8«.
Según el dictamen, ya desde la integración de la terna para elegir magistraturas vacantes se deberá respetar este principio de paridad de género no solo desde las postulaciones, sino tomando en cuenta la integración del pleno del TSJEZ.
Así pues, sin mayor empacho, se espera que el dictamen sea aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de este miércoles, aunque este cinismo de la bancada del PRI bien podría ser recordado en la discusión en lo general antes de la votación.
Finalmente, la 64 Legislatura vaya que está dando muestras de la decadencia en la política zacatecana y que ese pretendido discurso en defensa de las mujeres solo es de ocasión, de dientes para afuera.
Por eso se espera que en la misma sesión ordinaria convocada para este miércoles se aprueben sin mayores controversias dos minutas con proyecto de decreto con reformas constitucionales remitidas por la Cámara de Diputados: una, para la llamada «3 de 3 contra la violencia» a fin de establecer restricciones para ocupar un cargo público; y otra, para reducir a 18 años la edad mínima para ocupar un cargo de elección popular (que es quizá la más polémica a nivel nacional, pues se ha cuestionado si una persona con esa edad tiene la madurez, capacidad, preparación y experiencia suficientes).
¿Cuál es la urgencia de aprobar estas minutas en los Congresos estatales de todo el país? Que puedan aplicarse en el próximo proceso electoral 2023-2024 que está a casi nada de comenzar. De ahí la presión de la senadora Claudia Anaya o de colectivos feministas para que el Poder Legislativo de Zacatecas haga lo propio.
Por otra parte, la sesión ordinaria de este martes también tuvo entre sus temas la revocación de mandato, pues el diputado José Luis Figueroa (uno de los promoventes de esta reforma constitucional ya aprobada en diciembre del año pasado) presentó la inciativa correspondiente a la ley reglamentaria.
Y para abonar al tema, el diputado Armando Delgadillo también presentó una iniciativa conjunta con los diputados Roxana Muñoz, Violeta Cerrillo, Imelda Mauricio y Nieves Medellín, para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Participación Ciudadana a fin de que la revocación de mandato también aplique a diputados locales y presidentes municipales, no sólo a la figura del gobernador.
Ya para rematar, en Asuntos Generales, el diputado Ernesto González Romo hizo un llamado a la Comisión de Justicia a dictaminar las iniciativas que tiene en la congeladora casi casi desde que inició la 64 Legislatura; y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a hacer lo propio aplicando el reglamento, a fin de solicitar a la Mesa Directiva que las iniciativas que no han sido dictaminadas en esta comisión en el plazo legal de 40 días sean remitidas a otra comisión que sí quiera trabajar.
El tema no iría más allá de los alcances de la llamada «productividad legislativa», de no ser porque la citada comisión es presidida por el perredista Juan Mendoza y la JUCOPO, por el todavía emecista Enrique Laviada, en medio de una coyuntura por la posible salida de este último de Movimiento Ciudadano y su incorporación al PRD, y las recientes fricciones con la secta monrealista que han resucitado con ataques de ambas partes (le llaman «fuego amigo»).
¡¡¡Sestán peleandaaaaaa!!!
No sueltan la dirigencia sindical
Luego de una cerrada elección para renovar la dirigencia sindical del SPAUAZ, la ganadora de la contienda Jenny González Arenas, de la planilla «Defensa Sindical y Democracia», alertó sobre la posibilidad de que el actual secretario general, José Juan Martínez Pardo, se niegue a entregar la dirigencia sindical.
Y es que este 16 de mayo vencía el plazo para comenzar con el proceso de entrega recepción haciendo la toma de nota, proceso que dura alrededor de 10 días, y considerando que el 26 de mayo sería la fecha límite para cambiar la dirigencia, resulta sospechoso que no se haya movido un solo dedo para iniciar con este proceso.
Por lo pronto, Jenny González ya hizo lo propio presentando la solicitud formal ante el comité y buscará el respaldo de la autoridad jurisdiccional en materia laboral y sindical para estar preparados ante una eventual resistencia a entregar la dirigencia sindical y con ello generar un vacío jurídico que podría meter en problemas no solo al SPAUAZ, sino al propio rector Rubén Ibarra Reyes, quien ya puso sus barbas a remojar…
