Vaya estreno de la nueva Mesa Directiva de la 64 Legislatura para el periodo mayo-junio. La presidencia que hoy recae en la diputada aliancista Martha Elena Rodríguez Camarillo no sólo se enfrentó a un retraso de poco más de una hora para el inicio de la sesión ordinaria programada para este miércoles.
A qué grado llegaría el barullo en el salón del pleno que tuvo que llamar al orden en diversas ocasiones, especialmente durante el apartado de Asuntos Generales, y declarando receso cada vez que se rompía el quórum legal para continuar con la sesión.
Mesurada como le ha caracterizado desde el inicio de la 64 Legislatura, la diputada Martha Elena Rodríguez se mantuvo en su papel como presidenta de la Mesa Directiva y con mucho respeto (y enorme paciencia) reiteraba el llamado a sus homólogos a guardar silencio para escuchar a los oradores en tribuna.
El desorden (o desinterés) llegó a tal grado que hasta la diputada Gabriela Pinedo (que no es nueva en esto de ocupar una curul legislativa y que rara vez había hecho uso de la voz desde que volvió a ocupar su lugar en la 64 Legislatura) pareció salirse de sus casillas y pidió en dos ocasiones a la Mesa Directiva un llamado de atención a los diputados, sobre todo para quienes no permanecen en el pleno y cuya ausencia llevó a romper el quórum en diversas ocasiones.
El barullo tampoco era para menos. Entre curules, los diputados se dedicaban a discutir temas coyunturales en el estado, como el dictamen sobre la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto (el cual se espera sea leído en sesión de este jueves en tribuna), la próxima presentación del dictamen relativo a la Ley para la Protección a Periodistas del Estado de Zacatecas, o el caso de Julio César «N», quien después del proceso de desafuero al parecer no se presentó ante los tribunales para comparecer por los delitos que se le imputan, pese a haber obtenido una suspensión definitiva a la orden de aprehensión girada en su contra.
A diferencia de otras sesiones, en esta ocasión no hubo puntos de acuerdo que enfrascaran a los diputados en discusiones estériles por un «llamado a misa» (o al menos así se percibe desde afuera del recinto legislativo), y aunque fueron escasas las iniciativas presentadas, no dejan de ser sustantivas.
Por ejemplo, el diputado Ernesto González Romo presentó una iniciativa en conjunto con los diputados Maribel Galván, Armando Juárez y José Luis Figueroa, a fin de proponer a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal de Derechos que, desde el primer momento, encontró similitudes con lo que antes se conocía como el Fondo Minero.
Con la propuesta presentada, se busca redistribuir los recursos derivados de la producción minera y que son repartidos entre los estados de manera proporcional a fin de que la riqueza que se llevan las empresas mineras se quede en las entidades donde realizan su actividad.
La propuesta plantea que el 5% de estos recursos se divida entre trabajadores de empresas mineras, a quienes les transferirían el dinero mediante el Banco del Bienestar; además, el 10% se transferiría a los gobiernos de los estados para construcción y rehabilitación de carreteras y caminos.
También se propone que el 10% se transfiera a los municipios y se destinen a la construcción de redes de agua potable, drenaje y pavimentación de calles; el 15% se aplicaría a través de CONAGUA en obras hídricas; y el 20% se aplicaría a través de la Secretaría de Economía federal para la entrega de créditos de hasta 10 mil salarios mínimos para proyectos productivos y apertura de negocios.
Asimismo, el 20% de estos recursos se aplicaría a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el mantenimiento de vialidades; mientras que el 20% restante se aplicaría a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la entrega directa de apoyos a productores agrícolas.
Anteriormente, el extinto Fondo Minero pretendía distribuir de manera proporcional los recursos derivados de la extracción minera entre los estados y municipios con esta actividad, y que al menos en las reglas de operación, debían se invertidos en infraestructura y nada más.
Con la propuesta que hoy se presenta, ya no solo se contempla esta vertiente que tenía el Fondo Minero, sino también la diversificación en la aplicación de los recursos, lo que permitiría en cierta medida contribuir al desarrollo de las comunidades afectadas por la actividad minera.
Habrá qué ver si en la Cámara de Diputados la iniciativa tendrá el respaldo de los legisladores zacatecanos Marco Flores, Benelly Hernández, Noemí Luna, Miguel Ángel Varela, Carolina Dávila, Fuensanta Guerrero, Carlos Puente, Alfredo Femat, Amalia García y Miguel Torres (sí, todos esos dicen ser diputados federales por Zacatecas).
Siguiendo con la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada Marimar de Ávila presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; Ley de Salud Mental del Estado; y la Ley de Educación del Estado, en materia de prevención y atención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.
Entre otras disposiciones, se establece la obligatoriedad de diversas autoridades para implementar acciones de prevención y atención del suicidio en niñas, niños y adolescentes; así como promover la educación socioemocional entre estudiantes de nivel básico.
El tema no es cosa menor, considerando el incremento de estos hechos en los últimos años, sobre todo durante la pandemia por el COVID-19, cuando se registarron hasta 14 suicidios entre niños de adolescentes de 10 a 14 años de edad, lo que motivó que la mayoría de los diputados presentes (de todas las bancadas) suscribieran la iniciativa.
Posteriormente, la diputada Imelda Mauricio presentó una iniciativa por la que se reforma y adiciona el Código Penal del Estado de Zacatecas, a fin de reconocer el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. La sanción propuesta sería de 4 a 9 años de prisión, y de 50 a 200 cuotas.
Este fenómeno que también debe ser reconocido en los ordenamientos legales se suma a otros delitos que afectan a este sector de la población, pues tan sólo en el último año se registraron más de 648 niñas, niños y adolescentes víctimas de la comisión de algún delito, de los cuales 115 fueron homicidios dolosos, 66 homicidios culposos, 164 lesiones culposas y 260 lesiones dolosas.
Seguramente esta iniciativa será fusionada con otras similiares que ya se han presentado en la 64 Legislatura, como la del diputado Ernesto González en junio de 2022 en materia de «homicidio, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos», o la del diputado Manolo Gallardo (también en la misma fecha) para sancionar a quien involucre a menores de edad en la comisión de delitos o a que forme parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada.
Finalmente, en Asuntos Generales, destacó la intervención de la diputada Zulema Santacruz, quien se refirió a la demora en la publicación del decreto correspondiente a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Zacatecas y el recurrente «veto de bolsillo» por parte del Ejecutivo para retrasar la publicación de decretos emitidos por el Legislativo.
La diputada acusó «vicios» en la Coordinación General Jurídica, coptada por «una mujer que se ostenta como la verdadera mandamás» y a quien atribuyó gran parte de los yerros en la dependencia junto a otros servidores públicos cuya «falta de pericia tiene al gobernador (David Monreal) en problemas que no existían«. Y ante estas declaraciones expresó que ojalá no reciba amenazas (como las recibidas por quien escribe estas líneas).
Para rematar, y en medio de interrupciones o la falta de quórum, la diputada Zulema Santacruz afirmó que «tal vez y solo tal vez estos funcionarios están preocupados por la posible responsabilidad» en actos irregulares en la actual administración y por ello demoran la publicación de los decretos aprobados por el Legislativo, «para seguir en la opacidad o entregando obras de deficiente calidad«.
Y a propósito de opacidad, el 30 de abril venció el plazo para que los sujetos obligados publicaran su información correspondiente al primer trimestre de este año y el Ejecutivo no brilla precisamente por su transparencia. Ya veremos qué dice el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su evaluación. Es cuanto.
