Apenas el pasado 16 de mayo, el gobernador David Monreal informó a través de sus redes sociales de una reunión sostenida con algunos coordinadores administrativos de diferentes dependencias y aludía a una «política de austeridad y gasto eficiente» para consolidar «un gobierno con capacidad operativa«.
Lo que no se dijo es que en dicha reunión el mandatario anunció que habría recortes en el Capítulo 1000, relativo a Servicios personales, y estos recortes se darían en las dependencias de la administración pública centralizada. O al menos eso da a entender la reunión a la que no fueron invitados los coordinadores administrativos de organismos públicos descentralizados.
Como si no bastaran los juicios laborales que va perdiendo el Ejecutivo producto de un proceso desaseado de despidos desde que inició la administración, los recortes de personal ya se registraron en el primer trimestre del año.
Según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), de enero a marzo de este año el Poder Ejecutivo tuvo una reducción de 2 millones 518 mil 900 pesos en el Capítulo 1000.
Sin embargo, sólo es el balance general de dicho Capítulo, pues aunque estos recortes se enfocaron en los conceptos de Seguridad Social (34.9 millones); Otras prestaciones sociales y económicas (5.7 millones) y Pago de estímulos a servidores públicos (5.6 millones), hubo otros conceptos que tuvieron ampliaciones presupuestales.
Es el caso de las Remuneraciones al personal de carácter permanente (32.4 millones) y transitorio (6.4 millones); así como Remuneraciones adicionales y especiales (5 millones).
Los informes financieros de la SEFIN también muestran que hubo movimientos relevantes en el Capítulo 4000, relativo a las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con una ampliación presupuestal de más de 506 millones de pesos.
Y aunque en este Capítulo se encuentran las Ayudas sociales, según los informes financieros, la mayor parte de esta ampliación presupuestal se destinó a Transferencias internas y asignaciones al sector público; es decir, se canalizaron a organismos públicos descentralizados, de los cuales los más beneficiados con una ampliación fueron el COBAEZ (179.2 millones); los Servicios de Salud de Zacatecas (170.2 millones); el CECYTEZ (43.2 millones) y la UTZAC (11.8 millones).
Además, unos 69.1 millones de pesos de ampliación presupuestal se habrían canalizado a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, particularmente a la Secretaría de Desarrollo Social que hoy dice encabezar Sergio Casas.
En parte, el retraso en la ministración de participaciones federales ha limitado los movimientos en el Presupuesto de Egresos 2023, como ya advertía en su momento el titular de la SEFIN, Ricardo Olivares Sánchez, lo que no ha sido excusa para realizar estas ampliaciones o reducciones presupuestales que también incluyen al Capítulo 2000, con recortes en la mayoría de los conceptos excepto en Materiales de administración, con una ampliación de más de 28.8 millones en el primer trimestre del año.
Donde parece que sí se siguen apretando el cinturón es en el Poder Judicial, pues en el periodo de referencia apenas habría tenido una ampliación presupuestal de 1.2 millones de pesos en el Capítulo 1000, con mayor incremento en conceptos como el Pago de estímulos a servidores públicos (casi 1.3 millones) y Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Sin embargo, hubo recortes en conceptos como Remuneraciones adicionales y especiales (413 mil pesos); Remuneraciones al personal de carácter transitorio (293 mil pesos); Otras prestaciones sociales y económicas (134 mil pesos) y Seguridad social (15 mil 620 pesos).
En cambio, en el Poder Legislativo no parecen predicar el discurso de la «austeridad republicana», o al menos eso revelan sus informes financieros del primer trimestre del año.
Según estos informes, disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Legislativo habría tenido una ampliación presupuestal por 2.5 millones de pesos en el Capítulo 1000 entre enero y marzo. El mayor incremento se habría destinado a Remuneraciones al personal de carácter transitorio (2.3 millones); Seguridad social (361 mil pesos) y Remuneraciones adicionales y especiales (222 mil pesos).
En cambio, habría tenido recortes Otras prestaciones sociales y económicas (332 mil pesos); Remuneraciones al personal de carácter permanente (92 mil pesos) y Pago de estímulos a servidores públicos (7 mil 470 pesos).
Además, durante el primer trimestre también hubo modificaciones importantes al presupuesto 2023 del Legislativo, en lo correspondiente al Capítulo 3000, sobre todo en conceptos como Servicios oficiales y Servicios de traslado y viáticos, que son utilizados por los diputados locales para ausentarse de las sesiones convocadas por el pleno por atender «actividades propias de su encargo».
En Servicios oficiales se tuvo una ampliación en el primer trimestre por más de 1.7 millones de pesos, para que los diputados pudieran disponer finalmente de más de 21.5 millones este año. En lo que respecta al Servicio de traslado y viáticos, esta ampliación fue de poco más de 962 mil pesos, para disponer de más de 13.3 millones de pesos este año.
En ambos conceptos, los diputados contarían con una bolsa de casi 34.9 millones de pesos para «actividades propias de su encargo», es decir, poco más de 1 millón 161 mil pesos por diputado al año (unos 96 mil 817 pesos al mes por cada uno).
Además, en el Capítulo 3000 relativo a Servicios Generales hay otra partida que llama la atención, pues aunque habrían recortado unos 831 mil pesos en el primer trimestre en el concepto, aun así los diputados dispondrían de más de 14.2 millones de pesos en Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, una partida que sirvió a la 63 Legislatura para la llamada «estafa legislativa» (de la que formaron parte algunos diputados que hoy repiten en el cargo en la 64 Legislatura) con la contratación de «empresas fantasma» para presuntamente desviar recursos públicos.
Finalmente, lo que revelan los informes financieros de los tres Poderes es que al menos en el Ejecutivo y el Legislativo eso de la «austeridad republicana» ha quedado en mero discurso y que en el caso del «gobierno de la transformación», recurren al recorte de más personal (lamentablemente, el más calificado y con mayor experiencia) en lugar de eficientar el gasto público aplicando los recursos en tiempo y forma para lo que fueron programados. No entienden que no entienden…
Muy completa infirmacion. Lo unico que dejan ver es mucha medida de austeridad fingida por que al final lo ahorrado se va para donde todo mundo sabe.
Existen al igual programas que han creado bastante muy pichicateros como decimos allá.
Demasiado pequeños los apoyos y fé pocos alcances.
Pareciera que solo para que digan que están trabajando.