El rechazo popular que hoy caracteriza al «gobierno de la transformación» no solo es motivado por un gobernador David Monreal que se mantiene desde el inicio de su gestión en los últimos lugares de aceptación.
También contribuye el cuestionable desempeño de gran parte de su gabinete, con titulares de dependencias que no están en lo que deben estar, aunque en rechazo popular, uno de los perfiles que más destaca es el director del Issstezac, Ignacio Sánchez González.
Este martes, en otro capítulo de lo que han denominado «Conferencias por la Transformación», el director dio un panorama del terrible escenario que hoy enfrenta el instituto y con cifras en mano, advirtió que solo hay de dos sopas: o se reforma la Ley del Issstezac o está condenado a desaparecer el instituto.
En el balance de las finanzas, mostró el déficit al que se enfrentan actualmente, con ingresos derivados de cuotas y aportaciones por 1 mil 313 millones de pesos, pero con gastos que ascienden a 1 mil 573 millones, lo que llevaría a vender los activos para cubrir este déficit en el corto plazo, aunque tampoco garantizaría esta cobertura si se pretende malbaratar la venta de activos (que se calcula en unos 2.6 mil millones de pesos) para beneficiar a los posibles compradores. ¿Intereses detrás?
Lo cierto es que mes a mes el instituto se mantiene en la lona para alcanzar a cubrir sus gastos, que incluyen el pago de unos 92.7 millones de pesos para los más de 5 mil 200 pensionados y jubilados, así como unos 17 millones de pesos para los trabajadores del Issstezac, pese a que los ingresos por cuotas y aportaciones apenas alcanzan los 101.6 millones de pesos.
Y a pesar de las medidas de austeridad que se han traducido en un recorte de personal para generar ahorros por más de 44 millones de pesos, esto ha sido insuficiente para dar solvencia al instituto, pues hoy hay cuatro trabajadores cotizantes por cada pensionado, mientras que hace al menos dos décadas esta relación era de al menos 20 a uno.
A eso súmele que por más intentos de negarse a pagar el aguinaldo a pensionados y jubilados, estos han ganado este derecho en tribunales y hoy están a la espera de recibir esos recursos del 2021 y 2022, aunado a las nuevas demandas que se interpondrán por el descuento ilegal de un 6% que, en caso de ser ganadas, se cobrarían en retroactivo y con las cuotas vigentes. No pinta un buen panorama en el corto plazo para Ignacio Sánchez ni para el Issstezac.
Ya en su comparecencia ante la 64 Legislatura, se había advertido de dos propuestas de reforma a la Ley del Issstezac para darle viabilidad al instituto: la planteada en su momento por la entonces diputada Alma Gloria Dávila y la llamada «Ley Tello» que finalmente terminó siendo bautizada como «Ley David», la cual no pudo ser aprobada por la 63 Legislatura de la que formaron parte varios de los actuales diputados que hoy repiten en su encargo como legisladores.
Desde aquella comparecencia se prometió remitir al Poder Legislativo una nueva propuesta de reforma y todo indica que ya se tendría lista para ser remitida a la consideración de los 30 diputados. Solo que esta nueva propuesta, más que una solución de fondo, parece un intento por desaparecer la institución.
Hasta donde se sabe, los puntos torales de la nueva reforma a la Ley del Issstezac contemplarían el cambio en la cotización de salarios mínimos a Unidades de Media de Actualización (UMAs), lo que reduciría la expectativa de recibir una pensión «decorosa» al momento de jubilarse.
No solo eso, también se establecerían topes máximos a las pensiones aplicando el principio de complementariedad; es decir, solo se podrían recibir hasta 50 mil pesos como pensión entre los diferentes sistemas en los que se haya cotizado.
Eso significa que si, por ejemplo, un trabajador fuera a recibir una pensión del IMSS o ISSSTE por unos 35 mil pesos y esperaba recibir por parte del Issstezac una segunda pensión por una cantidad similar, al final no le llegarían los 70 mil pesos que esperaba entre las dos pensiones, sino solo 50 mil pesos.
Estas medidas, entre muchas otras que contemplaría la nueva propuesta de reforma (como el incremento en el porcentaje de cuotas y aportaciones), por supuesto que desmotivarán a los trabajadores que hoy cotizan en el Issstezac y quizá llevarían a que muchos decidan dejar de cotizar en el instituto.
Lo anterior nuevamente desequilibraría las finanzas y es probable que no se cuente con los recursos necesarios para pagar las pensiones que ya se cubren, aunado a los trabajadores que están en espera de que se autorice su jubilación.
La alternativa de extinguir el instituto tampoco sería tan sencilla como se plantea. Tan solo la liquidación de trabajadores podría implicar hasta 150 millones de pesos, pero en la devolución de cuotas a los cotizantes, más la cobertura de pensiones a los ya jubilados, se requerirían hasta 30 mil millones de pesos, es decir, casi lo equivalente al presupuesto anual de todo el estado, y evidentemente no alcanzarían los poco más de 2 mil millones de pesos en la reserva técnica del Issstezac.
La propuesta de reforma, en todo caso, tampoco contaría con el respaldo esperado entre los 30 diputados de la 64 Legislatura, pues prácticamente representa un «suicidio político» y difícilmente alguno se atrevería a aprobar una iniciativa «impopular» si es que tienen aspiraciones a continuar en la vida pública de Zacatecas en algún cargo de elección popular.
Así las cosas, no se ve un 2023 muy terso para Ignacio Sánchez ni para el Issstezac. ¿Acaso habrá otra alternativa como un fondo de rescate de la institución?, ¿o dejarán morir al sistema de pensiones del estado?
Que llamen a los suplentes
A propósito de la 64 Legislatura, qué difícil ha sido para la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Martha Elena Rodríguez, poner orden entre sus homólogos y reunir el quórum legal para llevar a cabo las sesiones programadas.
Ya desde el 4 de mayo la sesión ordinaria había tenido que ser suspendida por la falta de quórum y el orden del día se retomó este martes, luego de tres horas de espera para reunir al menos los 16 diputados requeridos para sesionar. Como medida cde presión, se amagó con aplicar el reglamento (como debió ser desde el inicio) y aplicar los descuentos en la dieta de los diputados que no justificaron debidamente su asuencia.
Para no variar, este martes volvieron los puntos de acuerdo a tribuna, como el presentado por la «bancada estrella» en voz de la diputada Ana Luisa del Muro para exhortar al Ejecutivo estatal y a la Fiscalía de Justicia del Estado a retirar los vehículos quemados en el tramo carretero de Noria de Ángeles.
El tema no hubiera requerido ser llevado a tribuna, de no ser porque estos bloqueos carreteros por grupos de la delincuencia organizada ocurrieron desde hace más de un mes y medio y los vehículos ahí continúan. ¿Qué están haciendo las autoridades entonces?
Eso fue lo que se preguntaron los diputados Ernesto González Romo, Maribel Galván y José Luis Figueroa, al evidenciar que las carcachas incendiadas que hoy siguen en el tramo carretero de Noria de Ángeles son datos de prueba para que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes. ¿Entonces se investigan o no estos hechos de violencia en el estado?
Luego, sin mayor trascendencia (a diferencia de la sesión del 4 de mayo), la diputada Zulema Santacruz por fin pudo presentar su iniciativa de punto de acuerdo para evaluar la posible revocación a la autorización para concesionar el servicio de limpia y recolección de basura en Guadalupe, y aunque la diputada había solicitado que se turnara el asunto a las comisiones unidas de Hacienda y Transparencia, se remitió a las comisiones de Hacienda y Vigilancia.
Ya en una segunda sesión ordinaria, y con al menos 21 diputados en el pleno (que tampoco dejaban de estar en la chorcha), el diputado Ernesto González Romo presentó en conjunto con Maribel Galván, Armando Juárez y José Luis Figueroa una iniciativa por la que se adiciona y reforma la Ley del Servicio Civil del Estado y el Código Penal del Estado, a fin de tipificar y delimitar los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral, incluyendo las relaciones de subordinación o entre pares.
En la iniciativa se plantea que los trabajadores que denuncien conductas de hostigamiento sexual o acoso laboral podrán solicitar medidas cautelares contra sus agresores, además de que prohibe las represalias con actos de intimidación ante las protestas de trabajadores y sindicalizados que exijan mejores condiciones laborales o expongan inconformidades con la patronal.
La legislación sobre menores y adolescentes también ocupó parte de la agenda legislativa con la iniciativa presentada por la diputada Susana Barragán por la que se reforma la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado, respecto al grado de responsabilidad en la comisión de un delito, la clasificación de las conductas antisociales, medidas sancionadoras y el principio de reinserción social.
La idea de esta iniciativa no solo es precisar el grado de participación de los adolescentes en la comisión de un delito, sino garantizar las medidas para que estos menores infractores puedan reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su condena.
Además, la diputada Marimar de Ávila presentó una iniciativa por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas, a fin de reconocer y sancionar el delito de «cohabitación forzada de menores de 18 años».
Lo anterior significaría tipificar como delito lo que hoy se conoce como «matrimonio infantil» y actos similares que afectan el libre desarrollo de los menores de edad, principalmente niñas y adolescentes.
Finalmente, en esta segunda sesión ordinaria, no pasaron desapercibidas las fricciones entre los diptuados José Luis Figueroa y Martha Elena Rodríguez, especialmente en el apartado de Asuntos Generales, luego de que el diputado independiente cuestionara la «perpetuidad» de Soralla Bañuelos de la Torre al frente de la Sección 34 del SNTE, mientras la aliancista respondió que la convocatoria no depende de la seccional, sino de los órganos nacionales.
Intereses personales detrás o no, lo cierto es que dicha convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical sigue sin ser emitida desde hace un año, aunque todo indica que Soralla Bañuelos estaría por retirarse. ¿Heredará a su grupo la dirigencia sindical o pasará a manos de otro grupo?
