En el «tema de temas», quien tiene la última palabra es el ciudadano de a pie que vive en carne propia los aciertos o errores del gobierno en turno y cuya opinión en parte se registra en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el INEGI, la misma que da cuenta de que Fresnillo y Zacatecas hoy por hoy son los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país.
Pese a ser un estudio serio, una y otra vez el alcalde Saúl Monreal se ha referido a la ENSU casi casi como «encuestas cuchareadas» (hagan de cuenta, como las encuestas de suspirantes a la Presidencia) y una opinión similar tenían el exsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, y el gobernador David Monreal.
Pero como descalificar una encuesta del INEGI no ha sido suficiente, el «gobierno de la transformación» también abrió un frente contra medios de comunicación a los que llegaron a calificar de «promotores del crimen organizado» y casi casi los tachaban de «prensa sicaria».
Y como siguió la percepción negativa en el «tema de temas», vinieron los pretextos: que si las «herencias malditas», que si la corrupción del pasado, que si Felipe Calderón y la guerra contra el narco, que si la falta de recursos para fortalecer a las coporaciones, que si la certificación policial, que si los bajos salarios de los uniformados, que si la falta de coordinación interinstitucional, que si los delitos son federales, que si los «muertitos» fueron ejecutados en otros estados y sembrados en Zacatecas… en fin.
Una larga lista que podría continuar y en la que para todo pretexto existen respuestas, como la corrupción del presente, la infiltración del crimen organizado en las corporaciones, la desaparición del FORTASEG, los subregistros en la estadística de incidencia delictiva para «mejorar» la percepción de seguridad, la omisión de funciones en delitos del fuero federal y del fuero común, y por encima de todo, una simulación maquillada con eventos públicos y declaraciones demagógicas.
Pues bien, esta semana arrancó con la entrega de 58 patrullas en las que se invirtieron 73.6 millones de pesos, así como estímulos económicos a policías, en un evento donde el gobernador David Monreal anunció que este año habría una homologación salarial para que ningún policía ganara menos de 12 mil pesos mensuales, y también recordó que actualmente se construye la primera etapa del C5.
Hasta ahí lo sustantivo del evento. Ahora vayamos al análisis, empezando por el dichoso C5i, del que ya en otra entrega en Lalalá News dimos cuenta de que el dichoso Centro Estatal de Comando, Control de Comunicaciones, Cómputo y Coordinación está paralizado por un problema jurídico que no se advirtió desde antes de colocar la primera piedra.
Tampoco es que la homologación salarial vaya a ser tan fácil como piensa el «gobierno de la transformación». Porque a propósito del tema, ya el pasado 5 de junio en sesión ordinaria de la 64 Legislatura, la diputada Gaby Pinedo había presentado una iniciativa conjunta con los diputados Roxana Muñoz y Nieves Medellín a fin de reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas para homologar las disposiciones relativas a las garantías para personal de corporaciones de seguridad.
Según la iniciativa, tanto elementos de la Guardia Nacional como de corporaciones estatales y municipales deberán contar con estímulos y previsión social que garanticen como mínimo: aguinaldo, vacaciones, licencia, crédito para la vivienda, becas escolares, apoyo a familiares, seguro de vida, entre otros.
Y aunque la iniciativa sigue en comisiones esperando ser dictaminada, no deja de tener relación con el anuncio que hiciera el gobernador David Monreal este lunes, donde se pretende que el Gobierno del Estado aporte el 50% de las provisiones salariales de los policías municipales y los Ayuntamientos, la otra mitad, a fin de lograr la homologación en un ingreso promedio de 12 mil pesos mensuales.
El problema es que hay municipios como El Salvador, que ni siquiera reportan policías en su plantilla laboral; y en otros casos existe disparidad en sus ingresos, como el caso de Susticacán, donde un policía gana en promedio 8 mil 476.60 pesos al mes, mientras en Fresnillo este ingreso alcanza los 14 mil 739 pesos.
Así que considerando el anuncio del gobernador David Monreal, por supuesto que beneficiaría a policías de municipios como Susticacán porque representaría un aumento salarial, pero lo anterior ¿también implicaría bajar el sueldo a policías de Fresnillo que ganan más que la propuesta del mandatario?, ¿o qué criterios se utilizarían? Porque un policía en Susticacán no atiende al mismo número de población que un policía en Fresnillo.
Y claro que para cumplir con este anuncio se debe contar con la suficiencia presupuestal, pero resulta bien raro que según los informes financieros, la Secretaría de Seguridad Pública este año tenga presupuestados 14 millones 215 mil 863 pesos en Estímulos a servidores públicos, cuando el año pasado fueron 18 millones 194 mil 650 pesos.
Y la dichosa homologación salarial por supuesto que aún estaría sujeta a la firma o no del respectivo convenio con los 58 municipios, porque si algunos deciden no participar, ¿de verdad se lograría la homologación salarial?
Por si fuera poco, la entrega de las 58 patrullas de este lunes también tiene sus claroscuros. Se trata de la Licitación Pública con recurso de origen estatal de carácter nacional No. SAD-932079957-11-2023, relativa a la adquisición de 58 vehículos tipo patrulla, solicitados por la SSP.
Según la información disponible para consulta pública en el portal de la Secretaría de la Función Pública, en la Junta se Aclaraciones se habrían presentado cuatro empresas interesadas en participar en la licitación: Vehículos de Guanajuato SA de CV; 399 Project Development SA de CV; Automóviles CGE de Zacatecas SA de CV; y Total Parts and Components SA de CV.
Sólo que las primeras dos hicieron casi las mismas preguntas y la tercera más parecía estar presente por mero requisito para una licitación que ya tenía ganador. Porque en el acta de fallo correspondiente al 6 de abril, únicamente se tuvo la propuesta técnica y económica de Total Parts and Components SA de CV, por 73 millones 648 mil 832.45 pesos (incluyendo impuestos).
Según el acta de fallo, el contrato se firmaría el 14 de abril y la empresa ganadora de la licitación, según las bases de la convocatoria, tendría 15 días hábiles para la entrega de los vehículos. Es decir, el «gobierno de la transformación» debió haber recibido estas unidades entre el 8 y el 12 de mayo, entonces: ¿por qué tardaron casi dos meses en hacer el acto de entrega de las patrullas, en un acto público?
Tampoco pasa desapercibido que Total Parts and Components SA de CV, en la Junta de Aclaraciones, preguntó si en lo relativo al Anexo 1, punto D, de las bases se referían a «arrendamiento» o a la «adquisición» de las unidades vehiculares y aunque la respuesta fue lo segundo, hay dos detalles que llaman la atención.
Por una parte, la empresa ganadora de la licitación se ha caracterizado en los últimos años por el arrendamiento de patrullas a diferentes gobiernos, incluyendo un contrato por 3 mil 299 millones 689 pesos para arrendar por tres años unas 1 mil 855 patrullas al Gobierno de la Ciudad de México que entonces encabezaba Claudia Sheinbaum.
Por otra parte, resulta que para este año la SSP presupuestó sólo 7 millones 409 mil 239 pesos para adquisición de vehículos y equipo de transporte, cuando el año pasado este monto alcanzó los 46 millones 650 mil 347 pesos. Bien raro que en la partida de Servicios de arrendamiento este año la SSP presupuesto algo así como 58 millones 256 mil 123 pesos, cuando el año pasado muy apenas se etiquetaron 7 millones 767 mil 782 pesos.
Y que conste que también en este mismo espacio ya habíamos advertido sobre las implicaciones de una austeridad simulada con la renta de vehículos en lugar de adquirirlos, gracias a las medidas tomadas desde la Secretaría de Administración que encabeza Verónica Yvette Hernández López de Lara.
Entonces: ¿es arrendamiento o adquisición?
