A prinicipios de marzo de este año, hará cosa de apenas tres meses, el gobernador David Monreal Ávila y todo un séquito de aplaudidores (entre los cuales se encontraba Julio César «N», que sigue prófugo de la justicia) posaron muy sonrientes para lo fotografía de la colocación de la primera piedra del Centro Estatal de Comando, Control de Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, mejor conocido como C5i.
Ya en octubre del año pasado, el mandatario había adelantado que el proyecto «más abicioso» en materia de seguridad pública tendría una inversión superior a los 700 millones de pesos, aunque en el acto protocolario con el que arrancaba la construcción del C5i dicha inversión ya rondaba los mil millones de pesos, en palabras del gobernador (eso dice él).
Para entonces, el periodista Gabriel Contreras ya había expuesto en su portal Agenda Política una parte de este entramado que bien podría configurar un nuevo esquema de corrupción, con el procedimiento de adjudicación directa PS-SAD-400-2022, mejor conocido como proyecto “Solución Tecnológica Integral de Monitoreo y Atención Ciudadana” en Zacatecas, que derivó en el contrato SAD/DJ/PS/152/2022 celebrado con la empresa Comunicación Segura SA de CV, filial de Seguritech Privada SA de CV, propiedad del empresario Ariel Zeev Picker Schatz.
Hasta la fecha, dicho contrato no ha sido publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no está disponible para su consulta pública pese a ser un tema de especial interés público, considerando que la situación de violencia en Zacatecas no está como para malgastar los recursos que deberían encaminarse a fortalecer la seguridad.
El problema es que tampoco hay registro público alguno, ni en la PNT ni en el portal de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la edificación de las nuevas instalaciones del C5i en el polígono conocido como Cerro San Simón, en el municipio de Guadalupe, ahí en cuya cúspide ya hay infraestructura que por sexenios no ha podido ser utilizada con un proyecto viable.
Lo único que se sabe es que, según los informes financieros y de Cuenta Pública 2022 de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispuso de un presupuesto superior a los 83 millones de pesos en Capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; así como más de 23.8 millones de pesos en Capítulo 6000 para Inversión Pública.
Y aunque al cierre del ejercicio fiscal se había devengado el 100% de esos recursos, en el caso del correspondiente al Capítulo 6000 no se había pagado un solo peso, mientras que del Capítulo 5000 aún tenían por pagar un saldo pendiente por casi 40 millones de pesos.
Para este año, según el informe financiero del primer trimestre de la SEFIN, a la SSP apenas le habrían asignado unos 8 millones 670 mil 652 pesos para el Capítulo 5000 y ni un solo peso para el Capítulo 6000, lo que hace sospechar que el pretendido C5i quedará en suspenso por un tiempo.
Esta sospecha tampoco es gratuita. Porque en la Gaceta Parlamentaria del pasado 13 de junio de este año, en la Síntesis de la Correspondencia, se incluye la solicitud que hiciera el Ayuntamiento de Guadalupe a la 64 Legislatura, en la que remiten un expediente técnico mediante el cual solicitan autorización para desincorporar un bien inmueble y su posterior enajenación bajo la modalidad de donación, a favor del Gobierno del Estado, para la instalación del C5i. Vaya, vaya…
Eso significa que, sin tener certeza jurídica, el «gobierno de la transformación» habría invertido ya al menos 95 millones 83 mil 684 pesos en el cacareado proyecto de seguridad (55 millones en marzo de este año y 40 millones en este mes de junio), sin que hubiera un convenio de por medio con el municipio (a menos que también lo oculten como el contrato correspondiente al tema que nos ocupa).
Sin embargo, cualquier mentira fácilmente se derrumbaría con el expediente técnico remitido al Poder Legislativo para hacer la donación correspondiente, que aún debe pasar por el análisis y dictaminación de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que hoy preside la diputada Priscila Benítez, y su posterior votación en el pleno de la 64 Legislatura. Ya entendemos el especial interés de la diputada Violeta Cerrillo por conservar la presidencia de dicha comisión.
Bien raro que todavía en mayo de este año continuaran las obras en el Cerro San Simón, como evidenció una publicación en las redes sociales del hoy secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, pese a no tener la certeza jurídica para realizar la millonaria inversión en seguridad. Y más raro que esta solicitud la tuviera que hacer el novel alcalde guadalupense, José Saldívar Alcalde, cuando el proyecto inició durante la gestión de Julio César «N».
Lo más interesante es que en el Programa Estatal de Obra 2023 aún no se considera en el listado de obras las relativas a la continuación del cacareado C5i.
Y si atendemos a la observación que ya hiciera en su momento el periodista Gabriel Contreras, respecto al uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en este proyecto, no hay que olvidar que la SSP dispondrá de este fondo con al menos 193.3 millones de pesos que bien podrían terminar con sendas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluso con responsabilidades resarcitorias.
¿A quién culpar de este desaseo en el «proyecto más ambicioso en materia de seguridad: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la SSP, la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Administración?, ¿o van todos en paquete?
Desangelada visita de «corcholata»
Como se había previsto, los múltiples operadores políticos de Adán Augusto López son sus peores enemigos, pues le organizaron un mitin en las condiciones más adversas posibles para su «asamblea informativa» en su aspiración a presidir los Comités de Defensa de la 4T, que no es otra cosa que la pre, pre, precampaña rumbo a la candidatura a la Presidencia en el 2024.
De inicio, la «corcholata» llegó con dos horas y media de retraso, a tal grado que ni siquiera ofreció la conferencia de prensa previa al evento que se realizaría en Plaza de Armas, pasado el mediodía, a unos 30 grados centígrados que no fueron paliados con el reparto de sombrillas o botellas de agua.
Lo anterior derivó en un mitin desangelado (por decir lo menos) en el que poco impacto habría tenido su mensaje político, cuya principal línea «rescatable» fue la promesa de combatir la inseguridad en el estado y generar oportunidades para los migrantes que retornen a esta tierra.
En este mítin se pudo observar a figuras públicas ya muy conocidas (y no necesariamente para bien), como el exsecretario de Salud Heladio Verver y Vargas Ramírez, el empresario Enrique Bernáldez Rayas o el senador José Narro Céspedes.
Pero también estuvo presente la delegada de la Secretaría de Gobernación, Martina Rodríguez, quien a pesar de la advertencia a los servidores públicos para abstenerse de participar en estos eventos proselitistas, no desaprovechó la oportunidad de traicionar a la familia Monreal Ávila… perdón, la oportunidad de tomarse la foto política con su gallo.
Así arranca la pasarela de «corcholatas» en Zacatecas.
