¿Corrupción desde la SFP?

Ya desde el proceso de entrega recepción, quien hoy encabeza la Secretaría de la Función Pública y hasta el entonces gobernador electo David Monreal nos habían sorprendido con declaraciones como el presunto robo de lápices, obras de arte y hasta un cocodrilo en lo que tradicionalmente se conoce como el «Año de Hidalgo».

A más de 22 meses de la «nueva gobernanza» que pasó a convertirse en el «gobierno de la transformación», atrás quedaron las acusaciones de supuestos desfalcos por irregularidades en los inventarios y poco a poco se ha ido diluyendo la gastada frase de las «herencias malditas» porque, a casi nada del segundo informe de gobierno, ya es difícil creer en dicho pretexto para justificar los magros resultados.

Desde el inicio, Humbelina Elizabeth López Loera no solo enfrentó problemas para ser ratificada en el cargo por la 64 Legislatura, pues como se recordará, la aprobación de su nombramiento por parte del Poder Legislativo ocurrió hasta el 23 de noviembre, y aunque fue por unanimidad del pleno, el plazo ya había vencido legalmente.

La expectativa sobre su nombramiento no era cosa menor, considerando las declaraciones incendiarias en torno a administraciones pasadas acusadas de presuntos actos de corrupción, desfalcos y «herencias malditas» que no habían sido sancionadas.

Y la expectativa creció cuando, en rueda de prensa del pasado 28 de junio de 2022, López Loera dio a conocer la existencia de ocho servidores públicos en proceso de inhabilitación, con sentencias que podrían superar los 171 años de inhabilitación, y hasta enfatizó que se habían detectado más de 593 millones de pesos como probable daño al erario por parte de diversos funcionarios de las dos administraciones anteriores, aunque el 40% correspondía a expedientes que ya habían prescrito.

En la lista de irregularidades detectadas, la titular de la SFP enumeró pagos excesivos, incumplimiento en aportaciones en convenios de coordinación, irregularidades en documentos de comprobación de gastos, falta de soporte documental, la no acreditación de varias plazas en el sector salud, falta de claridad en el otorgamiento de subsidios, unos 40 aviadores, entre muchas, muchas otras.

Pero a más de un año de aquella rueda de prensa, esos casos de procesos de inhabilitación que incluso llegaron a denuncias penales (se llegaron a presentar más de 80 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado) y que llevaban el sello del Ángel de la Muerte se cayeron en los tribunales, aunque principalmente las resoluciones del Poder Judicial motivaron sendas declaraciones de López Loera de presunta corrupción entre los jueces que le llevaron a un pleito legal con el exmagistrado Armando Ávalos, quien hoy le ha puesto un alto al «gobierno de la transformación» en su intento de torcer la ley en sus vendettas personales por consigna.

Sudando fiebres ajenas, hoy Humbelina Elizabeth López Loera no sólo carga con los yerros del exsubsecretario de Responsabilidades sin deslindarse de sus consecuencias. También ha quedado a deber en presuntos casos de corrupción en el «gobierno de la transformación», como la llamada «nómina secreta» mediante el pago de «Estímulos por Responsabilidad en el Cargo», o la simulación de licitaciones y presunto desvío de recursos en diversas contrataciones, duplicidad de funciones, conflictos de interés, abusos de autoridad y lo que se acumule en el expediente de diversos servidores públicos, sin olvidar a los funcionarios embarrados en la llamada «Estafa Legislativa».

Tal vez los diputados de la 64 Legislatura hoy se arrepienten de dar por satisfecha su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, luego de no reunir el quórum legal para sesionar, pese a que López Loera se encontraba en el recinto legislativo (a diferencia de quien hoy enfrenta un juicio político por negarse a comparecer).

No es gratuito que la titular de la SFP evite poner un pie en el Congreso del estado y envíe a representantes en su lugar ante diferentes citatorios a comparecer, como ocurrió este martes ante la Comisión Especial de seguimiento a la crisis del Issstezac.

Se sabe que este miércoles también estará ausente del Encuentro Estatal de Órganos Internos de Control que se realizará en el recinto legislativo, pese a encabezar el Órgano Interno de Control (OIT) del Poder Ejecutivo estatal.

En dicho encuentro se espera la participación de representantes de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa, del IZAI, del Comité de Participación Ciudadana, del Poder Judicial del estado, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de los OIT en los 58 municipios y organismos autónomos, así como del OIT del Poder Legislativo.

Y ante la ausencia de López Loera, es probable que algunos responsables de órganos internos de control en el Ejecutivo estatal agarren valor para denunciar el presunto cobro de cuotas de hasta 2 mil 500 pesos por persona de manera quincenal, a cada uno de los encargados de estos órganos. Es decir, unos 45 mil pesos cada quincena. ¿Con qué propósito? Eso, ni Obama ni la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) lo saben, mucho menos la justificación para el presunto cobro de estas cuotas.

Lo más grave es que, de confirmarse la acusación, dejaría mal parado al órgano responsable de vigilar y sancionar presuntos actos de corrupción y daría pie a creer otras acusaciones como el supuesto ofrecimiento de ayuda a funcionarios de primer nivel para ocultar irregularidades en su gestión.

Lo peor es que, en el caso de los órganos internos de control del Ejecutivo estatal, ¿a qué instancia podrían recurrir para investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de corrupción de la institución responsable de realizar estas tareas?

Mucho tendrá que decir el diputado Ernesto González Romo no solo como presidente de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, sino también por ser el principal defensor de la ratificación del nombramiento de Humbelina Elizabeth López Loera como titular de la SFP, quien también tendría que dar una explicación ante estas acusaciones de las que es objeto, so pena de seguir sudando fiebres ajenas.

El bote pateado del Issstezac

A propósito del Poder Legislativo, y continuando con la farsa de la Comisión Especial de seguimiento a la crisis del Issstezac, este martes comparecieron el titular de la ASE, Raúl Brito Berúmen, y el subsecretario de Responsabilidades, José Luis Carrillo Delgado, para hablar por horas de lo que ya es bien conocido desde hace años.

En esta dinámica de seguir pateando el bote, los cuestionamientos de los diputados más parecían estar concentrados en sacar de los comparecientes una declaración con los nombres de los presuntos responsables de la quiebra del Issstezac, cosa que no sucedió porque algunos casos ya prescribieron y otros se encuentran en investigación.

Lo cierto es que en todos estos años, únicamente se tiene registro de una persona inhabilitada por la cantidad de 79 mil 400 pesos. Lo demás fue tiempo perdido en la lista de irregularidades que ya obran en la auditoría especial practicada al Instituto para el periodo 2010-2020 y que obra en manos del Poder Legislativo desde la pasada Legislatura.

Que si la Ley del Issstezac nació muerta, que si en 28 años no se reformó, que si 174 trabajadores se pensionaron desde el primer año sin haber cotizado, que si faltaron candados en la edad de jubilación o el salario promedio, que si cuotas no registradas, que si aportaciones insuficientes, que si adquisiciones a sobreprecio, que si venta de inmuebles a precios de ganga, que si la Caja Chica del gobierno, y más y más anomalías ya documentadas por décadas que hasta el momento no tienen nombre y apellido de los responsables.

Lo único cierto es que en la congeladora legislativa obran al menos dos iniciativas de reforma a la Ley del Issstezac que podrían darle viabilidad al instituto en los próximos años, pero los diputados insisten en que el Ejecutivo envíe su propia iniciativa con las observaciones ya planteadas en sesión previa de la citada Comisión en la que compareció el director general Ignacio Sánchez.

Hasta donde se sabe, hay la voluntad para aprobar la reforma que turne el Ejecutivo con tal de rescatar al Issstezac, aunque eso implique un costo político. El «pero» es que la oposición no estaría dipuesta a asumir el costo adicional de presentar la iniciativa. De ahí la insistencia en que lo haga el Ejecutivo en turno. ¿Saldrá la reforma en el último año de la 64 Legislatura?