Para evitar una crisis de constitucionalidad y de legitimidad por un posible doble Congreso de la Unión en 2024, las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla propusieron modificar la Constitución para establecer que el periodo de los senadores y diputados de la LXV Legislatura concluirán su mandato el 31 de agosto y los nuevos legisladores asumirán el 1 de septiembre.
En una iniciativa presentada a la Comisión Permanente, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) buscan especificar en la Carta Magna que en el caso de la Cámara de Senadores, el periodo de las legislaturas del LXIV y LXV será del 1o. de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2024.
Y en el caso de los Diputados federales, relativo a la LXV Legislatura, su periodo comprenderá del 1o. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con los principios de certeza y seguridad jurídica.
Asimismo, se establece que los legisladores que sean electos en el Proceso Electoral Federal de 2024 para la renovación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, asumirán el cargo el 1o de septiembre de 2024.
Y que la fecha de inicio de la LXVI Legislatura será el 1o de septiembre de 2024 y no el 1ro de agosto como está actualmente en la legislación.
Geovanna Bañuelos señaló que con la aprobación de la Reforma Político-Electoral de 2014, México dio un paso importante hacia la consolidación de una democracia más inclusiva y equitativa. Sin embargo, al modificarse la fecha en la que se transmite el Poder Ejecutivo Federal, al pasar del primero de diciembre al primero de octubre, también se modificó la fecha de inicio del Congreso.
Lo anterior con el objetivo de contar con un periodo de transición más reducido entre la jornada electoral y la toma de posesión y propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, tanto para el Presidente saliente, como para la o el presidente entrante.
No obstante, al recorrer la fecha de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y del inicio de la siguiente legislatura, el Constituyente Permanente omitió normar un transitorio que especifique el mandato de los senadores electos en el proceso electoral de 2018 y de los diputados federales electos de 2021.
“Esta situación resulta preocupante, porque no sólo se entra en una crisis de constitucionalidad, sino también de una crisis de legitimidad, ya que los legisladores federales serán electos -para desempeñarse en su cargo en la LXVI Legislatura- antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, mientras quienes ocupan actualmente el cargo cuentan con la legitimidad otorgada en las urnas para concluir su mandato hasta el último día de agosto de 2024”, advirtió Geovanna Bañuelos.
La coordinadora del GPPT recordó que al emitir su voto la ciudadanía le otorga a una persona el derecho a ejercer determinado cargo de elección popular durante un tiempo concreto, definido y aceptado por todas las partes.
“Este contrato social, de las y los votantes con el candidato electo, es certificado a través de un documento vital en nuestro sistema democrático: la constancia de mayoría”, aclaró.
Y al ser este documento expedido por la autoridad electoral competente, certifica el triunfo de un candidato y, crucialmente, define el periodo exacto para el cual ha sido electo. “La constancia de mayoría es, en esencia, un testimonio escrito de la voluntad popular”.
En este sentido, Geovanna Bañuelos dijo que cualquier alteración de este documento o del periodo de gobierno que estipula una vez emitido, representa una violación de la voluntad popular expresada en las urnas.
“Esta alteración, ya sea para acortar o alargar un mandato, socava los cimientos de nuestra democracia: la certeza, la seguridad jurídica y, por supuesto, los principios democráticos”.
Por ello, llamó a sus compañeros legisladores a dejar de lado las diferencias partidistas e ideológicas, para evitar una condición de inestabilidad política que podría repercutir directamente en el bienestar del pueblo mexicano.
“Es nuestro deber realizar las reformas necesarias para blindar el funcionamiento y operación del Poder Legislativo Federal para que cumpla con sus responsabilidades constitucionales y, sobre todo, esté al servicio efectivo del pueblo de México”, concluyó.