Al menos en las últimas tres ocasiones que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco ha comparecido ante el Poder Legislativo, ha reiterado su petición de lograr una verdadera autonomía para este organismo.
Porque si bien la parte operativa aún tiene independencia (al menos en el papel), en la parte administrativa aún depende del Ejecutivo estatal, lo que ha impedido obtener el registro patronal correspondiente ante el IMSS.
Desde el «quinquenio diferente», dicha petición ha quedado en la congeladora legislativa y en los posicionamientos del fiscal en la tribuna correspondiente, porque de antemano se sabe que autorizarla implicaría un enorme impacto presupuestal.
Sin embargo, esta configuración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas poco abona a pensar en su autonomía, mucho menos cuando en pleno conflicto con sus trabajadores, la respuesta de Murillo Ruiseco ha sido la amenaza, haciéndose eco en la figura del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes.
Aquel discurso que en su momento repitiera hasta el cansancio el gobernador David Monreal, hoy se replica en la FGJEZ: «no hay, no hay, no hay». Porque según las cuentas alegres del fiscal, el presupuesto que le fue autorizado por el Poder Legislativo resulta insuficiente para cubrir todos los gastos que se generan en la institución.
Hagamos memoria reciente. Para el 2022, la 64 Legislatura le autorizó a la Fiscalía un presupuesto de 670 millones 558 mil 102 pesos; no obstante, durante el ejercicio fiscal tuvo ampliaciones presupuestales por 42 millones 704 mil 782 pesos.
Para este año, los diputados que no están en lo que deben estar, y con una oposición (es un decir) que para entonces ya representaba una mayoría en el pleno, autorizaron a la Fiscalía un presupuesto de 740 millones 896 mil 888 pesos. Y en el primer semestre del año este organismo ya tuvo una ampliación presupuestal por 1 millón 358 mil 325 pesos.
No se vayan a quedar pobres en la «nueva gobernanza», con eso de que le dieron mayor ampliación presupuestal al Legislativo (5 millones 582 mil 402 pesos, según los informes financieros de la Sceretaría de Finanzas) y Judicial (17 millones 938 mil 754 pesos).
Pero volviendo al fiscal y sus cuentas alegres, entre el presupuesto ejercido el año pasado y el presupuesto aprobado para este año hay una variación de 27 millones 634 mil 4 pesos. Ese fue el incremento que los diputados consideraron «aceptable» para la institución responsable de la procuración de justicia, que aunque es superior al que le fue autorizado al Poder Judicial, responsable de la impartición de justicia, dicen, juran y perjuran que sigue siendo insuficiente para atender sus labores más elementales.
Una de las principales quejas de los trabajadores que hoy se mantienen laborando bajo protesta en la Fiscalía, arropados por el líder del SITEZ, Alejandro Rivera Nieto, es que desde el 2018 no han tenido un incremento salarial, una queja que no se ha escuchado en voz de los agremiados al SUTSEMOP que hoy dice encabezar Israel Chávez Leandro.
¿Tienen razón los quejosos? Por supuesto que sí. Baste revisar los tabuladores de entonces a la fecha y prácticamente son el mismo, sin variaciones. Pero parafraseando a Cantinflas, «el problema está en el detalle».
Ya desde junio del año pasado, en Lalalá News dábamos a conocer que la llamada «nómina secreta» que ha mantenido hasta la fecha el gobierno de David Monreal también se replicaba en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en «estímulos por responsabilidad en el cargo» otorgados a al menos 36 servidores públicos y que al año representarían un impacto presupuestal por más de 12.2 millones de pesos.
Luego llegó septiembre y en el Suplemento del Periódico Oficial se publicó el Tabulador 2022, donde se ratificó la entrega de dichos estímulos, otorgados según lo que establece el artículo 18 Fracción XXIV de la Ley Orgánica de la FGJE, que a la letra dice que es facultad del fiscal: «Autorizar sistemas y procedimientos de evaluación en el cumplimiento de las funciones asignadas al personal y a las unidades administrativas de la Fiscalía General, así como el programa de estímulos y recompensas al personal«.
Pues resulta que en el Presupuesto de Egresos 2023 autorizado por la 64 Legislatura, según el Anexo 9.3.6, sigue siendo el mismo Tabulador de la Fiscalía que han venido aprobando desde el 2018, con todo y «estímulos por responsabilidad en el cargo», que este año se han pagado únicamente a 19 funcionarios por un monto que al año alcanzaría los 7 millones 284 mil pesos.
¿Austeridad para la base trabajadora? Por supuesto que sí. Porque este año dichos estímulos únicamente se han pagado al fiscal Francisco Murillo (algo así como 79 mil pesos mensuales), además del vicefiscal, los fiscales especializados, directores generales, al titular del Órgano Interno de Control y a subsecretarios.
La diferencia es que, según los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, este año ya no se están otorgando dichos «estímulos» a directores clasificados como «mandos medios», comisarios, inspectores jefes y policías primeros, pese a que sí están considerados en el Tabulador 2023.
Y luego andan diciendo que los magistrados del Poder Judicial viven en la opulencia, cuando precisamente el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado que preside el magistrado Arturo Nahle determinó apretarse el cinturón de la «austeridad republicana» y eliminó esas percepciones adicionales de los mandos superiores, aún cuando el Poder Judicial goza de menor presupuesto que la Fiscalía, ahí donde los mandos superiores se niegan a dejar sus privilegios a costa de congelar las percepciones de la base trabajadora.
Ante estas circunstancias, ¿qué tanto confía, estimado lector, en el fiscal Murillo Ruiseco?
