Esa es la pregunta que se hacen los familiares de Héctor, Jorge, Yobani, Gumaro, Óscar, Diego y Jesús, los siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad originarios de la comunidad de Malpaso, en Villanueva, que «desaparecieron» el pasado fin de semana y que a la fecha no han regresado a sus hogares.
Pero también es la misma pregunta que se hacen respecto a las autoridades, iniciando por el gobernador David Monreal, quien más le valía haber hecho operación avestruz o de plano, hacerle frente a los problemas en lugar de hacerla de chambelán del bienestar para seguirle haciendo el caldo gordo a la secta.
Entregamos mochilas y loncheras como parte del programa Educación para el Bienestar. En este municipio de Fresnillo serán beneficiados 27 mil 394 alumnos de educación preescolar y primaria. Estoy convencido de que la educación es el principal instrumento de transformación social. pic.twitter.com/RIdZla1Zcn
— David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) September 26, 2023
No ha sido una semana grata para la «nueva gobernanza» que hoy parece gallina descabezada, sin atender a un manual de manejo de crisis (si es que existe). Y como si fuera deja vú, hoy vivimos lo que ya habíamos atestiguado a inicios de este funesto 2023: la toma de carreteras ante el enojo ciudadano que exige el regreso de sus familiares con vida. Porque vivos se los llevaron.
Porque hoy viene a la memoria el caso del niño Teo, secuestrado el pasado 20 de diciembre de 2022 en la comunidad de Chaparrosa, en Villa de Cos, y ante la indolencia y abulia de las autoridades, todo el pueblo se manifestó con la toma de carreteras hasta llegar a paralizar la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Finalmente, la presión social hizo que el menor volviera con vida a casa.
Esa misma presión social se repitió este martes en la UNIRSE de Malpaso, tomada por cerca de nueve horas por familiares de los siete jóvenes desaparecidos que fueron arropados por otros habitantes de la comunidad, para exigir la atención de las autoridades y que devuelvan a sus seres queridos con vida. Porque vivos se los llevaron.
Ya se sabía que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, era un hombre forjado en la disciplina militar: seco, parco, muy corto de palabras, pero de mecha corta. Y así lo dejó ver cuando se apersonó en la manifestación en la UNIRSE de Malpaso para «atender» a los familiares de las víctimas, en una muestra de la indolencia que ya caracteriza a la «nueva gobernanza».
Y mientras el gobernador David Monreal repartía loncheras y mochilas del bienestar porque «es el principal instrumento de la transformación» (vaya y repártales loncheras y mochilas a quienes tienen algún familiar desaparecido), su nombre retumbaba en los reclamos de los familiares de los siete jóvenes desaparecidos que en su momento le apoyaron en campaña para llegar a la gubernatura (tal como ocurrió con los habitantes de Chaparrosa) y hoy se niega a darles la cara.
Otro que no ha dado la cara es el fiscal especializado para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Rodrigo Rosas Collazo, pues a la UNIRSE de Malpaso acudió más bien Martha Berenice Vázquez González, fiscal especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, quien mejor le hubiera arrebatado la palabra al secretario de Seguridad Pública para no seguir acrecentando el dolor de las víctimas con su indolencia.
O quizás hubiera sido mejor que interviniera Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, que también se apersonó en la manifestación en Malpaso y junto a Berenice Vázquez atendió la reunión con familiares de las víctimas en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), en la que también estuvo el fiscal Francisco Murillo Ruiseco.
Dizque 300 elementos de seguridad (entre fuerzas castrenses y policías estatales y municipales) montaron un operativo de búsqueda y localización, aunque esa información está en duda cuando los propios familiares de las víctimas acusan que sólo se ha visto la participación de la Policía Municipal de Jerez en las labores.
Por lo pronto, los siete jóvenes siguen desaparecidos (y recuérdese que las primeras 48 horas son cruciales para encontrar con vida a una persona en tales circunstancias) y al reclamo ciudadano se suman el llamado que hiciera en la tribuna de la 64 Legislatura la diputada Gaby Basurto, así como en la tribuna federal la senadora Geovanna Bañuelos. Porque vivos se los llevaron.
Y hasta que no aparezcan, las manifestaciones continuarán, ya no sólo en la UNIRSE de Malpaso a partir de las 10:00 horas, sino también en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, tal como el caso de la comunidad de Chaparrosa ante la desaparición del niño Teo. Porque la angustia de no saber dónde están no concluirá hasta que vuelvan.
¿Culpa manifiesta?
Con fuertes declaraciones concluyó la sesión iniciada el pasado lunes y reanundada este martes ante la falta de quórum en el pleno de la 64 Legislatura. Porque la diputada Marimar de Ávila revivió el caso de un presunto acoso cometido en el recinto legislativo en contra de uno de los trabajadores, a quien ofreció todo el respaldo para denunciar los hechos.
Bien raro que «para hechos», el primero en intervenir fue el diputado Xerardo Ramírez no para rectificación de hechos, sino para acusar a la diputada panista de «fumar en los pasillos».
Y luego salieron las diputadas Susana Barragán y Georgia Miranda a hablar de oootro caso de violencia digital en contra de la primera por parte de un trabajador de la Legislatura, en un tema donde no se vio el respaldo de Marimar de Ávila.
¿Para quién fue la piedra y quién se puso el saco?
