Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la Estadística de Nacimientos Registrados 2022, en la que Zacatecas destaca como la cuarta entidad con mayor tasa de nacimientos registrados, nada más 63.7 por cada mil mujeres en edad reproductiva.
En el desaglose de la información, se reporta que en nuestra entidad hubo 26 mil 920 registros de nacimientos durante el año pasado, pero sólo 19 mil 449 correspondieron al mismo año de ocurrencia, lo que demuestra un rezago en el registro de nacimientos.
La misma estadística también revela un dato que debe preocupar y ocupar a las autoridades, porque en Zacatecas hay una tasa de 12.2 nacimientos por cada mil madres que tienen entre 10 y 17 años de edad.
Tan sólo el año pasado se registraron 1 mil 437 nacimientos entre niñas y adolescentes: 63 tenían entre 10 y 14 años de edad; 214 se convirtieron en madres a los 15 años; 486 dieron a luz a sus 16 años; y 674, a los 17 años de edad.
Y aunque nuestra entidad se encuentra por debajo de la media nacional, no deja de preocupar que aún existan casos de menores de edad, sobre todo niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad, cuya perspectiva de vida cambie forzosamente por un embarazo.
El tema viene a colación por dos motivos: la negativa a despenalizar el aborto en Zacatecas (pese a la despenalización a nivel federal) y la agenda legislativa abordada en la jornada de este martes, en la que por unanimidad del pleno se declara el 15 de octubre como una fecha para conmemorar y concientizar sobre las muertes gestacionales perinatales y de edad temprana en el estado de Zacatecas.
Esta es la realidad que enfrentan las zacatecanas: por una parte, el derecho a elegir sobre su maternidad, las maternidades no deseadas y el embarazo entre niñas y adolescentes. Por otra, el duelo que enfrentan aquellas madres que pierden a sus bebés durante o después del embarazo.
Sobre este último punto, ante el pleno de la 64 Legislatura, y con el acompañamiento de la asociación civil Ángeles Iluminando Sonrisas, se presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Salud y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en materia de derechos por muertes fetales, perinatales y primera infancia.
Porque a nivel mundial se estima que 2 millones de bebés nacen muertos cada año, o 1 cada 16 segundos. Y ante esta realidad, hoy se propone crear protocolos en hospitales para atender los casos de muerte fetal y perinatal y garantizar el derecho a un duelo respetado y acompañado, protocolos que también deberían existir en el caso de la interrupción legal de un embarazo, pues se atraviesa igualmente por un duelo.
Lo anterior no minimiza el hecho de que siga el registro de embarazos entre niñas y adolescentes, de ahí la iniciativa presentada por la diputada Karla Valdez para reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas a fin de que se establezca pena y multa a quien «sin violencia realice cópula» con un menor de 16 años de edad. La sanción será de 10 a 30 años de prisión y multa de 40 a 200 veces el valor diario de la UMA.
Sin embargo, más allá del populismo penal, se deben generar las políticas públicas adecuadas para prevenir los embarazos entre niñas y adolescentes, un tema que compete en gran medida a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER), pero en el que también deben involucrarse otras instituciones en políticas públicas integrales ya no sólo para la prevención, sino para la atención de niñas y adolescentes cuya perspectiva de vida cambia ante un embarazo no deseado.
Esa realidad la entiende muy bien la diputada Imelda Mauricio, única legisladora de MORENA que en la discusión de la iniciativa para despenalizar el aborto se mostró a favor de la interrupción legal del embarazo, luego de ser testigo de casos de niñas y adolescentes cuya vida cambió por circunstancias que les eran desfavorables con un embarazo no deseado o no planeado. El tema sigue pendiente, pero seguramente se heredará a la 65 Legislatura.
Otra vez la deuda para Sombrerete
Sí, resulta que en la síntesis de la correspondencia de la sesión de este martes, se dio a conocer la solicitud del Ayuntamiento de Sombrerete para contratar dos créditos: uno por la cantidad de 21 millones 880 mil pesos para la obra del embovedado del «Arroyo del Diezmo» (vaya nombrecito) y otro por 24 millones de pesos para adquirir paneles solares y equipar los pozos de agua.
En total, casi 46 millones de pesos de deuda pública, de los cuales uno de los créditos (el de 24 millones de pesos) se pagarían en un plazo de hasta 7 años, mientras que el otro sería solventado antes de que concluya la administración del alcalde Alan Murillo.
Como se recordará, la misma solicitud ya se había presentado en el pasado periodo ordinario, en el que el dictamen fue desechado por no reunir la mayoría calificada al contar con sólo 14 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
Y aunque las nuevas disposiciones en materia de deuda pública sí avalan el endeudamiento para proyectos de inversión (no para pago de Capítulo 1000), la realidad es que estos créditos serían el pretexto para hacerse de una bolsa de recursos en el préambulo del próximo proceso electoral.
No olvidemos que Alan Murillo es un «luevanista» de corazón, y que al término de la administración de Roberto Luévano como alcalde de Guadalupe se contrató una deuda millonaria que todavía se sigue pagando y que de los 180 millones contratados, a la fecha se adeudan 95.6 millones de pesos. Y eso que ya han transcurrido casi tres administraciones. ¿En qué se invirtió el recurso? Eso, ni Obama lo sabe…
¿Y dónde está Juan Mendoza?
Siguiendo con la sesión de este martes, en voz de la diputada Gaby Basurto, la bancada del PRI presentó una iniciativa por la que se adiciona el Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos.
La iniciativa es muy similar a una ya presentada desde el año pasado por los diputados morenistas Ernesto González Romo y Maribel Galván. Desde entonces la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia que preside el perredista Juan Mendoza, pero a la fecha sigue en la congeladora.
No es gratuito que González Romo solicitara a la presidenta de la Mesa Directiva (ahora sí asistió la diputada Georgia Miranda) que la iniciativa presentada por el PRI fuera turnada a otra comisión que sí sesionara y desahogara los asuntos que le han sido turnados. En medio de todo esto, muchos se siguen preguntando: ¿y dónde está Juan Mendoza? Porque para desquitar su dieta como legislador, ¡ni hablar!
Y a propósito de Ernesto González Romo, ayer presentó una iniciativa para eliminar de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas la tenencia y el impuesto adicional a la infraestructura.
Bien curiosa la exposición de motivos, pues si quería ayudarle al «mejor gobernador que ha tenido Zacatecas», pasó más a perjudicarlo, reconociendo que la entidad no atraviesa por una buena situación en materia económica, con un enorme rezago en la generación de empleos.
Eso sí, la iniciativa quién sabe si tenga respaldo, pues implicaría para el Ejecutivo un impacto presupuestal superior a los 200 millones de pesos de ingresos propios que hoy más que nunca harán falta ante los recortes presupuestales de la federación. ¿De dónde saldrán?
