En sesión ordinaria, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) aprobó que se inicie con la elaboración de proyectos de medidas de apremio contra las instituciones públicas que no alcanzaron el 100% de cumplimiento en la publicación de su información financiera.
Así lo explicaron los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez, al informar que el organismo garante ha concluido el proceso de la verificación a las obligaciones de transparencia en materia financiera correspondientes al primer trimestre del año en curso.
Jessica Lizbeth Rodríguez López, directora de Tecnologías de la Información del IZAI, resaltó que es la primera ocasión en la cual se concluye una verificación dos meses antes de lo que se había calendarizado, gracias al trabajo de quienes realizaron la revisión y de los sujetos obligados que cumplieron.
“Los resultados son muy buenos, al cierre de esta etapa, el Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia del estado es del 92.76% y 120 instituciones públicas que cumplieron, lo que supera a las verificaciones anteriores” afirmó.
Los comisionados destacaron que la mayoría de quienes no alcanzaron el 100% se quedaron en algún porcentaje bajo o alto de cumplimiento, sin embargo, hubo pocos sujetos obligados que, desde un inicio, mantuvieron en cero el porcentaje.
“Sólo cinco sujetos obligados no tienen cumplimiento en absoluto: los ayuntamientos de Apulco y Cañitas de Felipe Pescador, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, así como los sistemas de agua potable de Villa González Ortega y Luis Moya” afirmó la comisionada presidenta.
Entre los sujetos obligados que incumplieron se encuentran 28 ayuntamientos, seis sindicatos, un organismo público desconcentrado, tres partidos políticos, un organismo autónomo y seis dependencias descentralizadas del Poder Ejecutivo.
El Pleno lamentó que, durante los seis meses del proceso de verificación, las anteriores instituciones públicas no obtuvieran el 100% en su información financiera correspondiente al primer trimestre del 2023, pues algunos de ellos se quedaron a décimas de obtener el cumplimiento.
Por otra parte, reconocieron el trabajo de las y los verificadores, pues es el primer año en el que este proceso se realizó con menos personal a causa del déficit presupuestal y aún así se culminó el proceso dos meses antes de lo previsto.
Por lo anterior, el Pleno aprobó los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia 2023 e instruyó que se elaboren los proyectos de medida de apremio en contra de los servidores públicos que resulten responsables por los incumplimientos; una vez que estos sean notificados, afirmaron los comisionados, ya no se podrán retirar, pues se convierten en créditos fiscales que ingresan a las arcas del Estado.