Contadas, muy contadas, son las excepciones donde funcionarios de la «nueva gobernanza» contestan a los temas espinosos, porque ni hablándoles bonito, ni a gritos y sombrerazos, tal como la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, cuando fue cuestionada por la periodista Cuquis Hernández ante las reiteradas quejas de alcaldes sobre la intromisión de Servidores de la Nación en los programas alimentarios del SEDIF.
Esa actitud ha quedado clara en la primera semana de la glosa al segundo informe de gobierno, y no hay mucha expectativa en que esta situación cambie en las próximas semanas, mucho menos cuando la chiquillada legislativa insiste en convertir un ejercicio de rendición de cuentas en el más lamentable de los espectáculos. Si tan sólo pudiéramos decir «espectáculos de bajo presupuesto», pero el circo legislativo hoy nos cuesta a los zacatecanos más de 633 millones de pesos…
La fallida comparecencia (que al final no lo fue) del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, igualito que la primera comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, más los antecedentes del juicio político a la secretaria de Educación, Maribel Villapando, por no atender a su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe, dejan abierta la posibilidad de que en las próximas semanas se registren otras comparecencias fallidas ante la falta de quórum para sesionar.
Si teniendo una sola por día difícilmente se ha mantenido el quórum legal, cuando se han tenido dos comparecencias por día no ha sido más productiva la jornada legislativa, mucho menos con un protocolo donde todos los diputados que así lo deseen tienen el derecho a intervenir en tribuna para cuestionar a los funcionarios citados.
Recuérdese aquellos tiempos en los que el protocolo para las glosas establecía una intervención por grupo parlamentario, con el tiempo suficiente para ofrecer una postura desde el oficialismo o la oposición, pero también con el peso de un análisis a lo informado y cuestionamientos más acertados que en estos tiempos tan decadentes para el Poder Legislativo.
Las fallas en la «nueva gobernanza» y el gabinete de florero han sido tantas que los 30 diputados que hoy integran la 64 Legislatura no bastarían para terminar de cuestionar sus magros resultados (y los muchos yerros) en apenas dos años de gobierno.
Sin embargo, nuestros legisladores han optado por la política del protagonismo en el preámbulo del proceso electoral 2023-2024, y a pesar del incremento en los minutos de intervención para cada uno, insisten en perder el tiempo en gritos y sombrerazos, más que en ceñirse a lo sustancial equilibrando su función como legisladores, lo que se reporta en el documento del informe que les fue entregado el pasado 8 de septiembre y lo que se puede interpretar de los informes financieros o de avance de gestión.
Y no sólo eso, ya en la última comparecencia donde hizo como que rindió cuentas el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, los diputados comenzaron con eso de las «cartitas de peticiones» para sus distritos, aunado a señalar lo obvio, lo evidente.
Mejor tino tuvo el diputado Juan Mendoza en esta ocasión al señalar las mentiras del segundo informe de gobierno, respecto a obras y acciones reportadas como ya realizadas, cuando el propio secretario reconoció que apenas están llegando los recursos para realizarse.
¿Cuántas mentirás más contendrá el documento de 467 páginas (que por cierto, ya no incluye el anexo estadístico y documental para sustentar lo informado, como en administraciones anteriores)?, ¿se les prenderá el foco a nuestros diputados para que esas mentiras tengan consecuencias legales o se prestarán a la simulación en la que se han convertido las glosas?
En fin, que Pinedo Barrios evitó responder a cuestionamientos como la doble plaza como médico en Sombrerete y como director de los SSZ; el favoritismo a un pequeño número de empresas en los procesos de licitación y adjudicación directa (y para colmo, foráneas); la disparidad entre la estadística oficial de abasto de medicamentos y el bajo porcentaje de surtimiento de recetas en las farmacias; el surtimiento de medicamentos a punto de caducar (o ya caducos); la presunta complicidad con empresas privadas para la atención en salud alegando que «no se tiene el servicio»; el evidente rezago en infraestructura; la aplicación de vacunas COVID ya caducas; y por encima de todo, la opacidad en la transición hacia el IMSS-Bienestar, que impactará no sólo en la atención a la población dizque de manera gratuita, sino a los trabajadores que podrían perder en sus ingresos al incorporarse al nuevo esquema.
Entrampado en sus mentiras quedó el secretario cuando fue cuestionado por los ingresos de gestión, que no fueron 23 millones de pesos en el periodo que se informa, sino 36 millones (incluyendo ampliaciones) cuya aplicación tampoco ha quedado muy clara.
Así lo evidenció la diputada Gaby Basurto, quien además insistió en que no se están ejecutando los recursos en el mismo ejercicio fiscal, pues lo que hoy se reporta aún sigue siendo recurso del 2022 y del actual ejercicio fiscal, a ver para cuándo, igualito que el desastre del campo y la cacareada declaratoria de emergencia que nunca llegará.
Y si el año pasado los Servicios de Salud de Zacatecas ya arrastraban un subejercicio de 700 millones de pesos, Basurto Ávila vaticinó que a este ritmo, se podrían acumular subejercicios superiores a los 900 millones para este ejercicio fiscal. ¿Y qué dijo Pinedo Barrios? Es que todavía tienen como margen el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente para ejecutar los recursos. ¡Qué alivio!
Con esa actitud, uno puede creer más en la versión de los trabajadores de salud que, además de los malos tratos que enfrentan en su día a día, acusan falta de medicamentos e insumos debido a que no se distribuyen desde almacenes centrales (y así lo sugiere el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud cuando se reporta un abasto superior al 78%, pero los medicamentos se concentran en almacenes centrales y no en unidades médicas o jurisdicciones sanitarias).
¿Que el INSABI fue un fracaso? Sí, ya se sabe, hasta lo reconoció el propio diputado Ernesto González Romo. Pero a qué grado llegará la falta de comunicación en la «nueva gobernanza» que apenas este sábado 7 de octubre, un día después de la comparecencia de Uswaldo Pinedo Barrios, se publicó en el Suplemento del Periódico Oficial el Convenio de Colaboración «para Fortalecer, la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados, en favor de las personas sin seguridad social, en las regiones de alta y muy alta marginación, mediante la asignación de personal de salud, que celebran, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Zacatecas«. Y eso que el convenio se firmó desde el 15 de febrero.
Pues para seguir evidenciando que la «nueva gobernanza» requiere terapia intensiva (aunque algunos ya piden su eutanasia con la revocación de mandato), esta semana arranca con cuatro comparecencias simultáneas: la del secretario de Desarrollo Social, Sergio Casas; la nueva titular de SEDUVOT, Eugenia Pérez Haro (¿ya habrá concluido con su proceso de entrega-recepción?); la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez; y el secretario de Obras Públicas, Luis de la Peña.
Y como una ronda de gritos y sombrerazos no será suficiente para nuestros 30 diputados, el titular de SEDESOL tendrá una segunda comparecencia este martes (a ver si contesta por los sobreprecios en mochilas, loncheras, uniformes y paquetes de útiles escolares; por qué se vetó a Don Cacahuato y se volvió con Dominus Messico); mientras el titular de Obras Públicas repetirá comparecencia el próximo miércoles.
¿Cuánto apuesta a que esta semana lloverán las «cartitas de peticiones» para los distritos electorales de nuestros diputados, tal como en la glosa del primer informe de gobierno?
