A más de dos años de iniciada la «nueva gobernanza», por fin (¡por fin!) este sábado 14 de octubre se publicó en el Suplemento del Periódico Oficial el Programa Estatal de Seguridad Pública 2022-2027. El diputado Jehú Salas debe estar que no cabe de gusto, luego de dos años de insistencia en la publicación del citado documento, que representa la columna vertebral en la atención al «tema de temas» en la entidad.
Recuérdese la glosa del primer informe de gobierno, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, fue cuestionado al respecto por el diputado priísta (que aspira a la reelección por el distrito de Ojocaliente) y para cuándo sesionaría el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Seguramente, como ya hemos visto en la glosa del segundo informe de gobierno, Salas Dávila tenía preparada la misma pregunta (¿para cuándo se publicará el Programa Estatal de Seguridad Pública?) en la comparecencia del hoy titular de la SSP, Arturo Medina Mayoral, una comparecencia que no fue ante la falta de quórum para llevar a cabo la sesión. Y del tema poco o nada se habló en la reunión informal con diputados (mayormente del oficialismo) que tendría en esa fecha el secretario en el quinto piso del recinto legislativo.
Sin tener certeza sobre la fecha en la que fue aprobado el citado documento (porque no consta en lo publicado en el Periódico Oficial), en él se desglosan los objetivos, estrategias y líneas de acción para atender el tema que más duele a los zacatecanos y que hoy representa el eje toral de la «nueva gobernanza» para lograr el vacío eslogan de «paz, bienestar y progreso».
Y, por supuesto, se incluyen los indicadores con los cuales se habrán de evaluar las acciones a emprender, aunque a vuelo de pájaro son notorias algunas deficiencias en el enfoque que ya analizaremos en próximos días, deficiencias que se asemejan a las ya señaladas en el documento del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
Del documento publicado este fin de semana sobresale que en gran parte de las acciones se hace corresponsable a la sociedad zacatecana que, efectivamente, debe ser partícipe en la atención al «tema de temas», pero es imprescindible dejar en claro hasta dónde llega su participación y hasta dónde puede servir de pretexto a la «nueva gobernanza» para deslindarse de su responsabilidad en materia de seguridad.
Parte importante del citado Programa es el diagnóstico del que se parte (y que dan una idea sobre la fecha de aprobación, que pudo ser entre julio y agosto de este año), en el que citando estadísticas oficiales del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se identifica una baja en la incidencia de homicidios dolosos y secuestros, aunque también el incremento en delitos como robo de vehículos o a casa habitación, así como la extorsión.
Tampoco se dejan de reconocer los resultados del INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pero como la «nueva gobernanza» es enemiga de la percepción, cambió el término por «sensación de inseguridad«.
Llama la atención que entre los elementos incluídos en el diagnóstico y en las líneas de acción, haya temas que son competencia de la Secretaría de Economía que hoy dice encabezar Rodrigo Castañeda Miranda, y aunque la estadística que se reporta en el diagnóstico es muy parcial (por decir lo menos), queda en evidencia que la actuación de la SEZAC en relación con las acciones establecidas en el citado Programa Estatal de Seguridad van muy, pero muy desfasadas.
Lo anterior terminaría por dar la razón al diputado Enrique Laviada, cuando en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Sergio Casas, advirtió que «en nuestro tiempo la violencia es la principal causa de la pobreza«, pero si en la fórmula se agrega la abulia de la «nueva gobernanza», se tienen resultados catastróficos.
Baste un ejemplo para poner en evidencia su enorme retraso. Apenas este fin de semana, desde la taquería de Comunicación Social se informó de la primera (¡sí, la primera!) sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial del programa Economía Social para el Bienestar, donde se aprobaron créditos de 5 mil a 30 mil pesos para 197 beneficiarios y que en total sumarían 5.2 millones de pesos en apoyos.
El problema es que esta acción se informa como ya realizada en el citado Programa Estatal de Seguridad Pública 2022-2027, lo que significa que en sus mediciones, la «nueva gobernanza» ofrece resultados a partir de sus propias mentiras. ¿Seguimos hablando de farsantes?
Recta final de la glosa
Después de dos semanas insufribles, se llegó la última semana de comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno y restan en el calendario los titulares de Economía, Rodrigo Castañeda; Turismo, Le Roy Barragán; Finanzas, Ricardo Olivares; Administración, Verónica Yvette Hernández; Issstezac, Ignacio Sánchez; Cultura, Ma. de Jesús Muñoz; y SEDIF, Humberto de la Torre.
Por si la mediocridad de gran parte del gabinete de florero no fuera suficiente, hay que agregar el desconocimiento de buena parte de los diputados locales sobre la administración pública, a tal grado que en varias comparecencias han sobresalido más los memes, el proselitismo en favor de Xóchitl Gálvez o la ciega defensa de la 4T (y su par de la «nueva gobernanza»). ¡Un espectáculo más que lamentable!
Así que esta última semana de comparecencias no se augura mayor productividad que en las anteriores, salvo en contados casos, como el del secretario de Finanzas, sobre todo al considerar la próxima presentación del Paquete Económico 2024 en el mes de noviembre.
Por lo demás, es evidente el fracaso de Castañeda Miranda al frente de la SEZAC (y este lunes se espera la retahíla de estadísticas donde Zacatecas figura con números rojos, porque sobran los ejemplos). De Ignacio Sánchez no habrá sorpresas en su insistencia de que el Instituto se encuentra al borde de la quiebra y que súper urge la cacareada reforma a la Ley del Issstezac. Del turismo, mejor ni hablamos.
En cambio, sí se esperan al menos algunos cuestionamientos a la secretaria de Administración, sobre todo por presuntas irregularidades en algunas adquisiciones y la farsa de la «austeridad republicana»; en ejemplos similares a los que se pueden encontrar en el SEDIF y la sospechosa recontratación de Dominus Messico luego de la terrible experiencia con Don Cacahuato.
Por lo pronto, el pasado viernes sí fue una sorpresa que se reuniera el quórum legal para llevar a cabo la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, luego de que en la glosa del primer informe de gobierno no pudiera comparecer ante el pleno por falta de quórum (y que se diera por satisfecha su rendición de cuentas).
Tampoco es que deslumbrara con los resultados en materia de transparencia y combate a la corrupción, pues en la danza de cifras y tecnicismos, lo único que quedó claro es que existen más de 300 resoluciones hasta por 273 años de inhabilitación (y varios millones en montos recuperados), pero que aún se encuentran en una etapa procesal que podría implicar un revés en tribunales, lo que impidió a la funcionaria hablar al respecto con mayor detalle.
En su comparecencia también hubo visos de que los presuntos casos de corrupción publicados en medios de comunicación o expuestos en la tribuna legislativa no han sido del conocimiento de la SFP, o al menos no han ameritado abrir investigación de oficio, pues en varios ejemplos expuestos el pasado viernes, López Loera tomó nota y se comprometió a darle seguimiento a las denuncias, como el caso de contrataciones irregulares en la SEDUZAC.
Eso sí, pesa sobre la titular de la SFP una doble carga: la responsabilidad para sancionar «la corrupción del pasado» (Ernesto González Romo dixit) o las cacareadas «herencias malditas», pero también «la corrupción del presente», sobre todo ahora que la dependencia parece estar en manos de su titular ahora sí. ¡Ánimas!
