Si hoy se piensa que la 64 Legislatura ha sido la peor en la historia de Zacatecas, ¡aguas! Porque la próxima puede ser aún peor.
En la jornada legislativa de este jueves, el pleno dio una muestra más del bajo nivel en el que ha caído el debate parlamentario, en especial cuando los diputados locales únicamente tenían que votar un dictamen para enajenación de un bien inmueble y terminaron entre gritos de «vendedoras de chicles».
Ciertamente, un mercado se queda corto con los lamentables episodios vividos en la actual Legislatura, que ha transitado entre calificativos como «botargas aplaudidoras», «paleras imparciales», «asesinos», «señores que no tiene pelo» y demás.
Luego de subir y bajar del orden del día en varias sesiones el dictamen correspondiente, este jueves los diputados aprobaron por mayoría la enajenación de un bien inmueble en la modalidad de donación para la construcción del cacareado C5 en el Cerro San Simón, en el municipio de Guadalupe.
Sin embargo, la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que preside la diputada Priscila Benítez no estuvo exento de acusaciones a diestra y siniestra, a cual más lamentables.
Como ya habíamos advertido en este espacio en días pasados, el proyecto más ambicioso en materia de seguridad en la «nueva gobernanza» ya arrastraba sendas irregularidades desde el principio, y llegó empuercado a la Comisión legislativa que dictaminó la solicitud de donación correspondiente.
En sí, el dictamen que votarían los diputados locales únicamente se centraba en la enajenación del bien inmueble que era materia de la solicitud, lo que no evitó que en tribuna se expusieran los motivos para votar con cautela, al tratarse de un proyecto que bien podría ser observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo anterior motivó una discusión ya no sobre el dictamen que fue sometido a la consideración del pleno, es decir, la enajenación; sino sobre el proyecto en sí. Pero los posicionamientos fueron escalando a tal grado qu terminaron en el cinismo de ver quién se arrastraba más para defender a un gobernador en el sótano de la aceptación social en todo el país.
Hubo diputados que fueron más lejos y hasta mostraron gráficas para ilustrar sobre la dichosa estrategia de seguridad de la «nueva gobernanza» que, según las cifras alegres, «está funcionando».
Nada más que ela gráfica proyectada durante la sesión ordinaria mostraba no sólo la reducción de homicidios dolosos, sino el incremento de casos de personas desaparecidas y no localizadas, un aspecto del que nadie de los diputados habló.
Luego de unas dos horas de perorata, con penosas intervenciones de quienes insistían en que la estrategia de seguridad «está dando resultados» y luego reconocían la incidencia de delitos de alto impacto, el dictamen fue aprobado por mayoría, con los votos en contra de los diputados Zulema Santacruz, Juan Mendoza, Enrique Laviada y Marimar de Ávila; así como las abstenciones de las diputadas Priscila Benítez y Martha Elena Rodríguez.
Lo más irrisorio de la discusión fue cuando la diputada Violeta Cerrillo se remitió a «herencias malditas» que obstaculizaban el avance del proyecto, como el ya referido fideicomiso que fue extinguido apenas en septiembre de este año y mediante el cual estaban comprometidas unas 3 hectáreas del área de donación materia del dictamen.
La diputada expriísta y neomorenista olvidó que dicho fideicomiso se creó cuando fue regidora en Guadalupe y que incluso votó a favor del proyecto que llamó «virgensota».
Más contradictoria resultó la acusación de que la oposición pretendía politizar el «tema de temas», cuando la verdad es que el oficialismo (y la secta) no se queda atrás, y el ejemplo más claro está en el proceso para designar titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).
Desde la aprobación de la convocatoria correspondiente, ya se había advertido que el procedimiento era facultad de la Comisión de Justicia que hoy preside el diputado Juan Mendoza, y en un intento de usurpar sus funciones, se aprobó la reserva presentada por la diputada Gaby Pinedo para que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) decidiera sobre la lista definitiva de idóneos que sería remitida al Ejecutivo, con el argumento de que no había confianza en que la citada comisión eligiera a los mejores perfiles, además de señalar que ahí no tenían representación todos los diputados.
Vaya paradojas cuando, en la discusión del dictamen sobre la enajenación para la construcción del C5, se argumentó que los 30 diputados tenían el derecho de participar en cualquier comisión para expresar sus posturas, pero en el caso de la Fiscalía se olvidó dicho argumento.
Porque con la reserva aprobada, la lista definitiva de perfiles idóneos que fue remitida al Ejecutivo lleva el sello de los grupos parlamentarios ahí representados. Es decir, fue una decisión política, que (valga la redundancia) abona a politizar el «tema de temas».
Más allá de meros tecnicismos y debate parlamentario, la iniciativa aprobada este jueves con 25 votos a favor y las abstenciones de los diputados Enrique Laviada y Zulema Santacruz deja ver que el oficialismo tuvo poco margen de actuación con el dictamen que emitió la Comisión de Justicia.
Habiendo descartado cuatro perfiles por no resultar idóneos, según las bases de la convocatoria correspondiente y atendiendo a los requisitos del marco legal, la JUCOPO habría solicitado el expediente de Oscar Alberto Aparicio Avedaño, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, quien no figuraba en la lista de 23 idóneos, mucho menos se encontraba en la propuesta de cinco perfiles enlistados por la Comisión de Justicia para ser considerados en la lista definitiva. Y todo para confirmar que no cumplía con los requisitos.
Finalmente, a los cinco perfiles propuestos por la Comisión de Justicia, la JUCOPO agregó otros dos nombres: Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de Investigación y actual encargado de la FGJEZ; así como a Ana Laura Rivera Vallejo, quien ya ha ocupado diversos cargos en la Fiscalía y protagonizó la reciente manifestación de trabajadores en dicho organismo «autónomo».
Desde este momento se puede controvertir la convocatoria y la decisión tomada en sesión de este jueves por los diputados, pues la JUCOPO usurpó las funciones de la Comisión de Justicia. Sin embargo, lo anterior sólo abonaría a dejar acéfala la Fiscalía, lo que no evitaría que en las siguientes etapas del proceso de designación se pudiera presentar alguna impugnación.
Ahora el tema está en la cancha del Ejecutivo, que contará con 10 días para remitir al Legislativo la terna de la cual se votará al próximo titular de la FGJEZ, una decisión que el oficialismo (¿o era la secta?) politizó desde el inicio del procedimiento. ¿Así pretendían dar legitimidad a quien llegue a ocupar la titularidad de la Fiscalía por los próximos siete años?
