Para este ejercicio fiscal, nuestros diputados locales disponen de una bolsa de 259.1 millones de pesos en el Capítulo 1000 para servicios personales, de los cuales al menos 35.4 millones de pesos corresponde al ingreso de los 30 legisladores, sin contar impuestos ni gastos en comisiones oficiales ni sus viáticos.
Además, de ese monto, 9.2 mdp corresponden a las remuneraciones al personal de carácter transitorio. Es decir, los asesores que se supone están para apoyar a cada diputado en los «asuntos propios de su encargo». Y no hay que olvidar esos 8.9 mdp etiquetados para la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, encaminados al mismo fin.
Toda esta información es de consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y corresponde a los informes financieros de la 64 Legislatura, con corte al 30 de septiembre y que incluyen modificaciones al presupuesto originalmente aprobado en diciembre del año pasado.
Pues todo ese recurso público erogado en nuestros 30 diputados parece más un gasto inútil si se considera que en las últimas votaciones de dictámenes no están leyendo las letras chiquitas de los documentos que se publican en la Gaceta Parlamentaria.
Pongamos un ejemplo. En la pasada sesión del 7 de noviembre, una vez que se instaló la nueva Mesa Directiva presidida por Herminio Briones, se reanudaron los trabajos de la sesión del 31 de octubre que fue suspendida por falta de quórum. Y en dicha sesión se aprobaron diversos dictámenes de enajenación de inmuebles, la mayoría en la modalidad de donación.
En la Gaceta Parlamentaria de fecha 30 de octubre, se publicó el dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe para enajenar un bien inmueble en la modalidad de venta en favor de la asociación civil denominada «Guardería Infantil Chiquitines».
Sin embargo, en el Artículo Primero del dictamen de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal se autorizaba la enajenación bajo la modalidad de donación. El dictamen fue aprobado en la sesión del 7 de noviembre (reanudación de la sesión del 31 de octubre), luego de la aclaración de la presidenta de la Comisión, la diputada Priscila Benítez, de que se trataba de una modalidad de compraventa, y se hizo el cambio correspondiente en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
No ha sido el único error reciente en la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. En la Gaceta Parlamentaria del 31 de octubre se publicaron los dictámenes relativos a las solicitudes del Ayuntamiento de Valparaíso para la contratación de dos créditos: uno por 18.9 millones de pesos que se destinaría a obras de acciones sociales básicas, y otro por más de 19 millones de pesos para financiar inversiones públicas productivas (equipamiento, adquisición de vehículos y maquinaria).
Como se recordará, se trata de los dos dictámenes que en la sesión del 21 de junio, a solicitud de diputados de oposición, fueron devueltos a la comisión dictaminadora, pero que esta semana regresaron al pleno sin moverle una sola coma.
En la votación de este miércoles, los diputados aprobaron con 19 votos a favor y 5 en contra el dictamen relativo al crédito por 18.9 millones de pesos, y rechazaron (por no reunir mayoría calificada) el dictamen sobre el crédito por más de 19 millones de pesos.
El problema es que nuestros legisladores aprobaron un crédito pensando que se trataba del pagadero en un plazo que no excediera de la actual administración; es decir, el 14 de septiembre de 2024. Y en su imaginación, habían rechazado el dictamen sobre el crédito pagadero en un plazo de seis años.
No fue así. Porque en los dictámenes publicados en la Gaceta Parlamentaria, el plazo de seis años se fijaba para el crédito de 18.9 millones de pesos que fue aprobado por la mayoría de los diputados, mientras que el plazo del 14 de septiembre del 2024 se establecía para el segundo crédito (el que fue rechazado) por más de 19 millones de pesos. Y así consta en los dictámenes publicados en la Gaceta Parlamentaria, sin que se hiciera el cambio correspondiente (si es que se trató de un error) antes de ser votado por el pleno.
¿Por qué es importante esta observación? Porque en las últimas sesiones se ha dado lectura a los proyectos de Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos para el próximo ejercicio fiscal y, si nuestros diputados no tienen cuidado de leer las letras chiquitas en los dictámenes correspondientes, vaya usted a saber si se vayan a enchorizar al pueblo zacatecano por un acto de omisión.
Elecciones, en riesgo
Durante la jornada legislativa de este miércoles, el diputado Lupe Correa también presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el que se exhorta al Ejecutivo estatal a otorgar una ampliación presupuestal al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para este ejercicio fiscal, que se destinaría a gasto ordinario y gasto electoral.
Aunque en la iniciativa no se especificó el monto solicitado, porque a la «nueva gobernanza» hay que hablarle bonito y bajito para que no se moleste, el diputado panista explicó en tribuna que los recursos requeridos al menos para este ejercicio fiscal ascienden a unos 17 millones de pesos: 10 millones para gasto electoral y 7 millones para gasto ordinario.
Y es que, en sus sueños guajiros de la «austeridad republicana», el año pasado los diputados locales aprobaron un recorte al IEEZ argumentando que este 2023 no era año electoral, pero olvidaron que existen actividades preparativas de cada proceso y que no van acorde con un año fiscal empatado con un año electoral.
Es el caso de la impresión de las boletas que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 2 de junio de 2024. A nivel nacional, sólo existen cuatro empresas con la capacidad para imprimir dichas boletas con los estándares establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), y debido a que el próximo año la elección local se empata con una elección federal y en otros nueve estados, hay que apartar lugar y formarse en la lista de quienes requieren imprimir dichas boletas para el próximo proceso electoral.
Pero el IEEZ se ha quedado sin recursos gracias a la «austeridad republicana». Y el problema se agrava considerando que los diputados locales aprobaron una reforma para que en las boletas de cada proceso electoral se incluya la fotografía de los candidatos, lo cual encarecerá más el costo del boletaje.
Por más que los consejeros electorales han tocado puertas en la «nueva gobernanza», dicen (así consta en la iniciativa del diputado Lupe Correa) que la respuesta ha sido negativa.
Esto tampoco es del todo cierto, pues en los informes financieros de la Secretaría de Finanzas con corte al 30 de septiembre se demuestra que el órgano electoral recibió una ampliación presupuestal por 7 millones 886 mil 715 pesos durante el tercer trimestre del año.
Ahora sí que, aprobado el exhorto de urgente y obvia resolución, la pelotita está en la cancha del Ejecutivo estatal, pero la responsabilidad de este error no deja de ser para nuestros diputados locales que, en su desconocimiento de los procesos electorales, le dieron tijeretazo al órgano garante de las elecciones locales. ¿Usted volvería a votar por ellos?
