Amanecemos con dos noticias: una buena y una mala. La buena es que la «nueva gobernanza» no cerró el 2023 con demasiados subejercicios. La mala es que cerró con subejercicios. Pero vayamos por partes, estimado lector.
Como se recordará, en el 2022 (según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas), la administración que dice encabezar David Monreal tenía comprometidos, pero sin pagar, algo así como 2 mil 402 millones 677 mil 301 pesos. Hablamos con corte al 31 de diciembre de ese año. Y en su momento se hicieron los reclamos correspondientes ante el pleno de la 64 Legislatura.
Pues para el 31 de diciembre de 2023, la «nueva gobernanza» cerró el ejercicio fiscal con 1 mil 881 millones 717 mil 857 pesos devengados y no pagados; es decir, recurso comprometido que seguía generando rendimientos en cuentas bancarias y sin ser pagados.
¿Pero qué cree, estimado lector? Que al 30 de septiembre (o sea, al cierre del tercer trimestre), el gobierno apenas acumulaba 559 millones 905 mil 762 pesos en esta condición, o sea, recursos comprometidos, pero sin pagar.
Eso significa que durante el cuarto trimestre del año, la «nueva gobernanza» pretendió erogar todo lo que no gastó durante el año (y en este espacio lo advertimos tantas veces). Por eso el gobernador (eso dice él) David Monreal hoy mantiene una agenda muy activa (es un decir) repartiendo apoyos, dando banderazos de arranque o inaugurando obras que debieron ejecutarse el año pasado. Y todavía falta…
Porque en medio de los gritos y sombrerazos por el proyecto del «viaducto elevado», resulta que al cierre del 2023 la «nueva gobernanza» acumuló algo así como 1 mil 116 millones 790 mil 428 pesos del Capítulo 6000 en recursos devengados que no se habían pagado al 31 de diciembre.
Y el tema no es cosa menor, pues dicho capítulo corresponde a la Inversión pública, es decir, de donde se financia principalmente la obra pública. Originalmente, los diputados de la 64 Legislatura habían aprobado unos 868 millones 206 mil 708 pesos en este capítulo para el ejercicio fiscal 2023.
Sin embargo, durante el año se autorizaron ampliaciones presupuestales por 644 millones 996 mil 896 pesos, de los cuales 290 millones 475 mil 732 pesos fueron autorizados durante el cuarto trimestre del año; es decir, a nada de concluir el ejercicio fiscal.
Lo más relevante es que, según los informes financieros de la SEFIN, al 30 de septiembre, en capítulo 6000, sólo se habían devengado 318 millones 36 mil 282 pesos; eso significa que durante el cuarto trimestre se comprometieron 1 mil 195 millones 167 mil 322 pesos, de los cuales entre octubre y diciembre sólo se pagaron 78 millones 376 mil 894 pesos. Nada.
El detalle por capítulo también resulta interesante, pues al cierre del año pasado aunque se comprometió el 100% del presupuesto, sí hubo recursos que no se pagaron en el mismo ejercicio fiscal:
- 1000 (servicios personales): 297 millones 163 mil 739 pesos
- 2000 (materiales y suministros): 200 millones 221 mil 507 pesos
- 3000 (servicios generales): 109 millones 128 mil 58 pesos
- 4000 (transferencias): 44 millones 823 mil 247 pesos
- 5000 (bienes): 113 millones 557 mil 524 pesos
- 6000 (inversión pública): 1 mil 116 millones 790 mil 428 pesos
- 7000 (inversiones financieras): 0 pesos
- 8000 (participaciones y aportaciones): 33 mil 356 pesos
- 9000 (deuda pública): 0 pesos
Y si nos vamos al análisis por dependencia, hay varias que dejan mucho qué desear respecto a su desempeño, pues aunque comprometieron el 100% de sus presupuestos (modificados, hay que decirlo), no pagaron todos esos recursos al cierre del ejercicio fiscal. Aunque tampoco sorprende, pues se trata de las mismas que demostraron una pésima ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal 2022:
- Jefatura de Oficina del Gobernador: 2 millones 847 mil 251 pesos devengados y no pagados (1.63% de presupuesto modificado)
- Secretaría General de Gobierno: 13 millones 827 mil 931 pesos (7.36%)
- Secretaría de Finanzas: 37 millones 71 mil 829 pesos (1.62%)
- Secretaría de Seguridad Pública: 302 millones 751 mil 967 pesos (14.58%)
- Secretaría de Administración: 47 millones 148 mil 864 pesos (11.81%)
- Secretaría de la Función Pública: 2 millones 344 mil 942 pesos (2.20%)
- Secretaría de Economía: 2 millones 739 mil 219 pesos (1.81%)
- Secretaría de Turismo: 993 mil 973 pesos (1.32%)
- Secretaría de Obras Públicas: 736 millones 464 mil 130 pesos (29.13%)
- Secretaría de Educación: 331 millones 480 mil 838 pesos (2.74%)
- SEDESOL: 156 millones 828 mil 687 pesos (25.7%)
- SEDUVOT: 122 millones 517 mil 647 pesos (44.00%)
- SAMA: 90 millones 838 mil 29 pesos (36.33%)
- SECAMPO: 30 millones 155 mil 227 pesos (4.96%)
- SEMUJER: 1 millón 103 mil 605 pesos (1.63%)
- SEZAMI: 393 mil 859 pesos (1.20%)
- Coordinación General Jurídica: 1 millón 103 mil 583 pesos (2.10%)
- Coordinación Estatal de Planeación: 633 mil 786 pesos (2.14%)
Si todo lo anterior no le ha parecido suficiente, vaya que hay sorpresas cuando se analizan las ampliaciones presupuestales entre poderes, pues al cierre del 2023 los movimientos presupuestales respecto a lo que apropbaron los diputados de la 64 Legislatura quedaron así:
- Ejecutivo: 4 mil 929 millones 502 mil 851 pesos
- Legislativo: 38 millones 360 mil 969 pesos
- Judicial: 30 millones 958 mil 917 pesos
- Autónomos: 318 millones 619 mil 857 pesos
No obstante, resulta harto interesante ver que en algunos casos, la mayor parte de estas ampliaciones presupuestales fueron durante el cuarto trimestre, mientras que en otros casos apenas les dieron morralla para el cierre del ejercicio fiscal:
- Ejecutivo: 2 mil 382 millones 121 mil 773 pesos
- Legislativo: 32 millones 290 mil 928 pesos
- Judicial: 1 millón 667 mil 459 pesos
- Autónomos: 191 millones 803 mil 242 pesos
De inicio, llama la atención esos 32.2 millones de pesos de ampliación presupuestal para el Poder Legislativo durante el tercer trimestre del año. ¿Tenemos ahí el maiceo para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024?, ¿les tocó de a millón por diputado? Vaya usted a saber, estimado lector.
Eso sí, en el caso de los organismos autónomos, no a todos les llovió recurso, pues de los 191.8 millones de ampliación presupuestal durante el cuarto trimestre, al menos 151 millones 929 mil 196 pesos corresponden a la UAZ (¿ya se entiende por qué tanta pleitesía del rector Rubén Ibarra?); 20 millones 603 mil 3 pesos corresponden a la FGJEZ (¿y sólo 1.6 millones al Poder Judicial?, ¿vemos ya las prioridades de la «nueva gobernanza»?), y 6 millones 76 mil 338 pesos corresponden al Tribunal Laboral Burocrático, ahí donde se llevan los casos de despidos injustificados (y terrorismo laboral) en la «nueva gobernanza».
Así los números, lo importante es que este es el Año de la Paz y que, siendo año electoral, habrá mucho, pero mucho dinero para repartir.