Cierra una etapa para el magistrado Arturo Nahle (la más importante, a su juicio), al concluir su presidencia al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, luego de 35 años ininterrumpidos en el servicio público.
¿Se despide de la vida pública? No es probable. Ya en su mensaje durante su cuarto y último informe de labores advirtió que regresará a su ponencia en el Poder Judicial y no en pocas ocasiones ha habido visos de pretender participar en algún cargo de elección popular o incluso escalar a otros peldaños, como llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero hay que respetar los plazos constitucionales.
Ciertamente, no es menor la trayectoria de Nahle García. Su experiencia y capacidad le ha llevado desde la entonces Secretaría de la Reforma Agraria a secretario técnico en el Senado de la República; luego al gobierno del estado de Hidalgo en diversos cargos; lo mismo que en el sexenio de Ricardo Monreal, ya en Zacatecas.
Fue electo diputado federal; participó en el Gobierno del entonces Distrito Federal; fue designado procurador general de Justicia del Estado de Zacatecas antes de la transición al nuevo sistema de justicia penal; volvió al gobierno federal al desempeñarse como subsecretario de Desarrollo Agrario en la SEDATU y al concluir su gestión, desde entonces ha ocupado el cargo de magistrado del Poder Judicial de Zacatecas.
En lo que ha sido, en sus palabras, «la responsabilidad más alta, más digna y más honrosa» de toda su vida, Arturo Nahle enfrentó desafíos que hicieron más visible la labor de los impartidores de justicia.
Sería cosa del destino o porque «Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros«, a casi nada de haber asumido la presidencia del TSJEZ tuvo que sacar adelante los trabajos del Poder Judicial durante una pandemia que impactó en todas las actividades.
Lo hizo mientras había que implementar el nuevo sistema de justicia laboral, así como la transición a la justicia oral, con limitaciones presupuestales desde el primer año de su gestión y que se agudizaron con la llegada de la «nueva gobernanza» en una cacareada «austeridad republicana», que no ha hecho más que hacer mella en el «tema de temas» con su demagogia.
Es fecha que seguimos esperando el desenlace de cierta «mecanógrafa» por la que Arturo Nahle ofreció una disculpa pública en el recinto legislativo, sin que hasta el momento se conozca el nombre de la agraviada para hacer justicia a todas las mecanógrafas del mundo.
Siempre polémico, Nahle García contribuyó a explicar con peras y manzanas la función del Poder Judicial en el «tema de temas», que no es la detención de criminales, mucho la investigación de los delitos. Se trata de uno de los últimos eslabones en materia de seguridad, con la alta responsabilidad de hacer justicia a la población que se ha visto «vulnerada en sus derechos, sus bienes, sus libertades, sus hijos, su vida y su dignidad«.
Mediatizar la labor del Poder Judicial, obviamente, implicó estar sometidos al escrutinio de los zacatecanos; sin embargo, para Arturo Nahle, también pesaba el juicio de sus familiares y en su mensaje dejó en claro que por encima de todo, su prioridad era «heredar un apellido del que no se avergüencen» sus hijos y nietos.
En la vida pública de Zacatecas ¿habrá algún apellido que genere vergüenza a sus herederos?
Así concluye otra etapa en el Poder Judicial del estado. El rey ha muerto, ¿viva el rey?
(In)congruencias
A propósito del «tema de temas», en el Poder Legislativo existe una deuda pendiente particularmente con las mujeres, y así lo reconoció la diputada Gaby Pinedo como presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) al atender a la caravana informativa sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.
Con la amnesia selectiva de haber omitido su responsabilidad en el tema, al encabezar temporalmente la dependencia encargada de la política de gobierno y coordinar los trabajos de seguridad, Pinedo Morales atribuyó la carga a la Comisión Legislativa de Justicia que encabeza el perredista Juan Mendoza (muy apuntado para buscar la presidencia municipal de Río Grande) y que tiene un rezago de más de 70 iniciativas en la congeladora, sin ser dictaminadas.
A juicio de la presidenta de la JUCOPO, este factor es una limitante para que en Zacatecas avance la homologación en el delito de feminicidio, atendiendo a los criterios de la sentencia Mariana Lima Buendía, a fin de que toda muerte violenta de una mujer o niña sea investigada con perspectiva de género, y no dejar esta decisión a criterio discrecional de las fiscalías.
Porque hoy el gran problema es que este vacío legal ha permitido a las fiscalías clasificar las muertes violentas de mujeres y niñas como homicidios dolosos (que en las cifras alegres van a la baja) y no como feminicidios, lo que implica una perspectiva diferente en la etapa de investigación y de impartición de justicia.
¿El compromiso? La buena voluntad, porque de acciones… ni hablar. Recordemos que el Poder Legislativo se encuentra «de vacaciones» con la Comisión Permanente que hoy preside el diputado David González (y que en lo que va del año apenas ha sesionado en una sola ocasión) y para marzo, en el preámbulo de las campañas del actual proceso electoral, el pleno reanudará actividades para su segundo periodo ordinario del último año constitucional. O sea, la petición de colectivos feministas se heredará a la 65 Legislatura, que bien podría ser peor que la actual.
