Hará casi un año de que la «nueva gobernanza» convocó en el Palacio de Convenciones a una serie de foros para integrar un plan estratégico de reconstrucción del tejido social, de nombre larguísimo, en el que participaron diversos sectores de la sociedad aportando sus ideas encaminadas a recuperar la paz en Zacatecas.
Pasaron los meses y del dichoso plan estratégico, nada. Hasta que la presión de quienes participaron en los foros fue suficiente para arrancarle a la «nueva gobernanza» una atropellada presentación de algo que no terminó de cuajar.
Fueron tiempos en los que la actual diputada local Gaby Pinedo fungía como secretaria general de Gobierno. Y cómo olvidar aquella presentación preliminar de la estrategia, meses después de los foros, en la que acompañada de las titulares de la Coordinación Estatal de Planeación, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, y de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito y responsable de la Estrategia Estatal de Construcción de Paz, Diana Guadalupe Saucedo Nava.
Porque en dicha presentación lo más notable fue la decepción: todas aquellas ideas aportadas durante los foros, aunque «buenas», no podían ser aplicadas hasta el 2024 porque para entonces ya se había aprobado el Presupuesto de Egresos 2023. Únicamente se implementarían aquellos proyectos que se ajustaran a las acciones ya presupuestadas.
Pues el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y este miércoles, con las cifras alegres de una reducción del 40% en los homicidios dolosos, el gobernador (eso dice él) David Monreal presentará la denominada «Agenda Estatal de la Paz», que no es otra cosa que las acciones que quedaron pendientes en los dichosos foros de hace casi un año.
O al menos eso se espera, porque descubrir el hilo negro en el «tema de temas» ya es fútil a estas alturas de la administración. Sin embargo, desde ya se advierte una tendencia a cargar sobre la sociedad el peso de la pacificación del estado, como si se pretendiera deslindar a la «nueva gobernanza» de una responsabilidad constitucional en la procuración de justicia y la prevención del delito.
En palabras de David Monreal, la dichosa agenda se trata de la segunda etapa en la estrategia de pacificación, en el marco del denominado «año de la paz». Se asume que la primera etapa habría correspondido a la reducción de homicidios dolosos, aunque con una estrategia que poco ha impactado en la incidencia delictiva que abarca también delitos como extorsiones, secuestros, robos y hasta la desaparición de personas, un delito que no ha merecido la misma atención del gobierno, pero que sí impacta (y mucho) en la percepción de inseguridad.
Ya los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el INEGI dieron cuenta de cómo el municipio de Fresnillo parece romper récord con casi tres años encabezando la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en todo el país, una dinámica que no parece replicarse en el caso de la Capital, que de ubicarse en la segunda posición hoy ha bajado al quinto lugar, con una tendencia decreciente.
La desconfianza de la población en las cifras alegres tampoco es gratuita. El mismo INEGI ha dado a conocer este martes la estadística preliminar de homicidios durante el primer semestre de 2023 y sus resultados difieren de lo que reporta el Gobierno de México.
Según el estudio del INEGI, de enero a junio del año pasado se habrían documentado unos 15 mil 82 homicidios en todo el país, con una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, y aunque representa una baja respecto a la tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo de 2022, estas cifras no coinciden con lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Habrá que recordar que a partir de octubre de 2021, dicha institución federal cambió la metodología para el registro de este delito y de un plumazo desaparecieron algo así como 500 víctimas tan sólo en el caso de Zacatecas.
Pues de enero a junio del año pasado, el Secretariado Ejecutivo del SNSP documentó unos 12 mil 785 homicidios dolosos; es decir, unos 2 mil 297 homicidios menos que los encontrados por el INEGI en su revisión a los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas, entre oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público.
Las cifras encontradas por el INEGI se actualizarán a una versión definitiva hasta agosto de este año, cuando termine la revisión al segundo semestre de 2023; no obstante, sí permiten constatar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha vivido una alza y una baja en la comisión de homicidios dolosos, alcanzando su pico más alto en el primer semestre de 2020 (en plena pandemia), con 18 mil 57 casos según la estadística del INEGI.
Estos datos que aún no se desglosan por entidad federativa permitirán contrastar el discurso oficial con lo que percibe la ciudadanía en su día a día y que va a la par de lo que se reporta en los registros administrativos que analiza el INEGI, quizá la principal institución a la que detesta la «nueva gobernanza».
Qué raro que el «tema de temas» no fue tema para el Presidente en su reciente visita a nuestra entidad, y sin tener claros los resultados del Plan Zacatecas II, hoy se pretende cacaraquear la llamada «Agenda Estatal por la Paz», colgándose de las ideas que aportó la sociedad civil organizada. Nuevamente, saludando con sombrero ajeno.
En medio de todo esto, hay que seguir preguntando de qué manera la inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos en el viaducto elevado (mejor conocido como «segundo piso) se traducirá en una mejora en la seguridad de los zacatecanos. ¿Sabemos ya de dónde se estaría financiando realmente esta mega-obra? Hay que darse una vuelta a los informes financieros de la «nueva gobernanza»…
Muy buen análisis, saludos!