Qué nivel de rezago tendrán en la Coordinación General Jurídica, que apenas este 16 de marzo publican en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el «Acuerdo Administrativo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social y Gubernamental de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2024«.
Y eso que el documento fue firmado desde el 3 de enero de este año, con un Artículo Primero transitorio que establece que el citado Acuerdo entrará en vigor «al día siguiente de su publicación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024«.
El tema no es cosa menor. Tan sólo en la Jefatura de Oficina del Gobernador, de la que depende la Coordinación de Comunicación Social, se etiquetaron para este ejercicio fiscal algo así como 72 millones 864 mil pesos para «servicios de comunicación social y publicidad», es decir, el 94.2% de los 77 millones 381 mil 517 pesos asignados en esta partida para dependencias de la administración pública centralizada.
Y bien harto interesante la dinámica que ha tenido el presupuesto asignado para gastos en comunicación social en la «nueva gobernanza» (hablamos de gasto, no de inversión, pues de otro modo el gobernador David Monreal no estaría en el sótano de la aceptación social).
Como se recordará, parte de la campaña del proceso electoral del 2021 fue el dispendio en esta partida durante los gobiernos de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello, y no se olvida cómo el actual diputado Ernesto González Romo casi hasta echaba espuma de la rabia con la que mostraba sus gráficas con el dispendio de recursos en publicidad.
Ciertamente, los montos asignados a esta partida en los gobiernos anteriores fue muy superior a lo etiquetado durante la «nueva gobernanza». Sin embargo, también es falso eso de la austeridad con la actual administración.
Vayamos por partes. Durante el ejercicio fiscal 2021, en año electoral, el gobierno de Alejandro Tello devengó 132 millones 458 mil 116 pesos en los primeros tres trimestres (los últimos de su quinquenio), y a David Monreal únicamente le dejaron la irrisoria cantidad de 2 millones 925 mil 669 pesos para el último trimestre del año.
Para el 2022, la 64 Legislatura autorizó al Ejecutivo una partida por 74 millones 12 mil pesos para la contratación de servicios de publicidad, de los cuales al cierre del año únicamente se devengaron 58 millones 606 mil 779 pesos. ¿Mala ejecución del gasto o recortes necesarios ante insuficiencia presupuestal en otras áreas (recordando las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera)?
Luego, en el 2023, la 64 Legislatura autorizó al Ejecutivo una partida por 79 millones 100 mil pesos; es decir, poco más de 5 millones más que el año anterior. No osbtante, nuevamente se devengaron menos recursos que los etiquetados, concretamente 68 millones 459 mil 460 pesos (y aún así, sigue siendo un monto mayor que el ejercicio fiscal previo). Otra vez: ¿mala ejecución del gasto o recortes necesarios ante insuficiencia presupuestal en otras áreas?
Para este 2024, también año electoral, la 64 Legislatura autorizó a la «nueva gobernanza» una partida por 72 millones 864 mil pesos para la contratación de servicios de publicidad, un monto mayor a lo devengado en lo que va de la actual administración en cada ejercicio fiscal.
Pero en esta fórmula hay que considerar lo que establece el Capítulo VIII del citado Acuerdo Administrativo, en particular el Artículo 36, que se refiere a la veda electoral en la que deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental. Y ahora sí, entramos en materia.
Según el citado Acuerdo, la única excepción para la difusión de campañas de comunicación social serían las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; y cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, preocupa no sólo el hecho de que este Acuerdo, con las disposiciones por la veda electoral, se hayan publicado transcurridos ya varios días de la veda electoral (valga la redundancia).
El Consejo General del INE, por ejemplo, dio de plazo a los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios hasta el 31 de diciembre de 2023 para el registro de sus campañas informativas durante el ejercicio fiscal 2024, concretamente antes, durante y después del proceso electoral.
Y es en este plazo que la «nueva gobernanza» debió haber registrado no sólo la campaña de difusión del Festival Cultural Zacatecas en su edición 2024, sino también la pretendida declaratoria de «2024. Año de la Paz en Zacatecas».
Sin decirlo con esas palabras, así lo dio a entender entre líneas Matías Chiquito Díaz de León, actual consejero presidente de la Junta Local del INE en Zacatecas, quien en entrevista radiofónica hace unos días señaló que la campaña promocional de dicha declaratoria (que sigue y sigue y sigue en estaciones de radio y televisión y hasta en espectaculares y redes sociales a pesar de la veda electoral) «es susceptible de ser observada por la autoridad electoral«.
¿Cuál es el problema? Que la autoridad electoral no investiga estos casos de oficio, por lo que es menester la denuncia correspondiente para abrir un expediente, investigar y en su caso, sancionar (con una multa millonaria) al ente público que habría violado las disposiciones en materia electoral.
De por sí la campaña del «Año de la Paz» resultaba ofensiva en un estado que violenta a las mujeres en «su día» (y por lo cual fue revocada la declaratoria en la 64 Legislatura), a ello se agrega que también pudo haber generado condiciones de inequidad en la contienda electoral y ahí también debería haber consecuencias, como las esperan colectivos feministas por la brutal agresión policiaca durante el 8M.
¿Quién será el o la valiente que presente la denuncia correspondiente por el «Año de la Paz en Zacatecas»?
Farsantes
Y a propósito del 8M, la «nueva gobernanza» no se cansa de regarla como tepache, pues durante el pasado puente el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, presumió en sus redes sociales la reunión sostenida con la periodista Nancy García, una de las víctimas de la brutalidad policiaca durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer y cuyo testimonio circuló en diversos medios de comunicación.
Dizque el secretario general de Gobierno ofreció una «disculpa sincera por los lamentables hechos ocurridos el 8 de marzo«. Y le aseguró que «seremos respetuosos de los resultados de la investigación derivada de su denuncia sin ningún tipo de represalia«. ¡Faltaba más!
Bien curioso que gran parte de las críticas por la publicación se enfocaron en la víctima, la periodista Nancy García, alegando que «así se moría un movimiento», cuando en realidad la reunión se trató de un hecho revictimizante por reunir a la víctima con su victimario.
No sólo eso. Tampoco hay que olvidar que fue el propio secretario general de Gobierno quien ofreció establecer una mesa de diálogo con los colectivos feministas para atender sus demandas y que la brutalidad del 8M tuviera consecuencias.
Suponemos que su ofrecimiento no habrá tenido eco para ahora tener que recurrir a reuniones en lo individual con cada víctima de la «nueva gobernanza». Así es como el propio Reyes Mugüerza se ahorca con sus propias palabras, pretendiendo «dividir para vencer». ¿Pues quién lo asesora?
