Para la llamada 4T, que ahora dice que va por su «segundo piso de la transformación», ha quedado claro que la transparencia no es lo suyo. Es más, son enemigos de la transparencia y ejemplos sobran hasta el cansancio.
Porque no sólo se ha intentado desaparecer al INAI con una reforma constitucional. Este organismo «autónomo» ha enfrentado serios recortes presupuestales y no hay que olvidar la controversia por la falta de nombramiento de al menos tres comisionados para completar el Pleno, un tema que aunque revive en el Senado, sigue sin generar consensos.
No es una situación muy diferente en Zacatecas. El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) ha estado en la lona con los recortes presupuestales porque para la «nueva gobernanza», la transparencia sale cara.
Y una y otra vez, la comisionada presidenta Fabiola Torres ha respondido que si para la «nueva gobernanza» la transparencia sale cara, a los zacatecanos les sale más cara la corrupción.
Esto viene a colación no sólo por la reciente capacitación del INAI a los enlaces de Transparencia de los sujetos obligados, que deberán cargar su información trimestral (del periodo enero-marzo 2024) en la Plataforma Nacional de Transparencia durante el mes de abril.
Seguramente, otra vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera no cumplirá el compromiso de homologar los formatos de carga de información pública, ni de verificar que la información transparentada sea confiable, y mucho menos que la carga de información sea «a modo» y se omita aquella información que, sí o sí, es de interés público.
Esta capacitación del INAI, y los recientes hechos de violencia en Zacatecas, coinciden con la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 que elabora el INEGI y que fueron dados a conocer este miércoles.
Dicha encuesta no sólo mide cómo evalúa la población a sus gobiernos, sino también la calidad dr los servicios que éstos ofrecen y las consecuencias de sus actos de corrupción. Y en el «Año de la Paz» (que ahora va por decreto), ya sabemos que el eslogan más bien debería ser «Año de la Corrupción y la Impunidad» (Priscila Benítez dixit).
Siendo Fresnillo la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, y la Capital de Zacatecas en la quinta posición a nivel nacional, no es sorpresa que en la ENCIG 2023 Zacatecas haya sido la sexta entidad con menor «sensación de seguridad», con apenas 29.0% de su población que se dijo segura con la presencia de las fuerzas policiacas.
Tampoco es para celebrar que nuestra entidad no se ubique en la última posición. Porque en el sótano se encuentran Morelos, con apenas 21.6%; Guerrero, con 21.7%; Chiapas, con 22.1%; Michoacán, con 24.3%; y Quintana Roo con 27.4 por ciento. Y se trata de entidades con serios problemas de grupos delictivos que mantienen a la población aterrorizada.
Una situación muy diferente viven en Yucatán, donde el 61.1% de la población dijo sentirse segura con la presencia policial; o en Baja California Sur, con 57.7%; o en Nayarit, con el 52.4% de su población. Vaya, Zacatecas está incluso lejos del promedio nacinal del 35.9% de la población que dijo sentirse segura.
Y apenas hablamos de 2023, antes de que se registraran los hechos brutales del pasado 8 de marzo, que sin duda abonarán a la desconfianza en las corporaciones policiales en nuestra entidad.
La ENCIG 2023 también muestra otra realidad que en la «nueva gobernanza» (y en la SFP) parece que se niegan a ver: la corrupción. Esa que ya existía en gobiernos anteriores, pero que prevalece en la actual administración.
Por ejemplo, del 2021 al 2023 (o sea, lo que va de la «nueva gobernanza»), ha habido un incremento del 8% en el número de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, concretamente una tasa de 8 mil 912 víctimas por cada 100 mil.
Y lo que es más grave, hay un incremento exponencial en el número de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. El INEGI advierte que este incremento no es susceptible de una valoración cuantitativa debido a que la variación es superior al 30 por ciento.
Sin embargo, sí nos permite identificar que mientras en 2021, cuando inició la «nueva gobernanza», se detectaron al menos 12 mil 219 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras el año pasado la tasa se habría disparado hasta 24 mil 534 casos.
Algunos podrían pensar que en Zacatecas la corrupción sale barata, pues según la ENCIG 2023, los actos de corrupción habrían costado a cada víctima algo así como 1 mil 422 pesos, siendo Zacatecas la séptima entidad con menor costo.
No obstante, en números fríos, todo lo anterior significa que durante el año pasado se habrían registrado al menos 144 mil 565 víctimas de actos de corrupción en nuestra entidad (casi el 10% de la población), actos cuyo costo habría ascendido a unos 205 millones 571 mil 430 pesos. Es decir, 11 veces más que el presupuesto anual asignado al IZAI, lo que confirma que «la transparencia no sale cara, sale más cara la corrupción«.
Y siguiendo la dinámica de un David Monreal en el sótano de la aceptación social, la ENCIG 2023 muestra que durante el año pasado sólo el 36.6% de la población confía en su gobierno estatal, la segunda menor proporción en el país, sólo por encima de Morelos que apenas alcanzó 35.1%, igualito que en las mediciones de casas encuestadoras.
Un resultado muy diferente se tuvo en el caso de la cofianza que tiene la población en sus autoridades municipales de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, pues alcanzó el 55.5% de la población, ubicándonos en el lugar 11 a nivel nacional con mayor porporción de confianza.
Pero no se preocupe, estimado lector, que la «nueva gobernanza» ya ha decidido que este 2024 será el «Año de la Paz en Zacatecas»… aunque sea por decreto.
