Hace casi un año, concretamente el 28 de abril, el Sistema Estatal DIF habría dado lo que suponíamos era el último adiós a la empresa chihuahuense Don Cacahuato al celebrar contrato con la empresa favorita del «quinquenio diferente», Dominus Messico, para la adquisición de despensas.
Esta despedida no era gratuita, respondía a los múltiples señalamientos de sobrecosto, retraso en la entrega de productos y la mala calidad de lo entregado, sin que se sepa hasta el momento si la Secretaría de la Función Pública inició procedimiento de sanción.
Así que durante el 2023, el SEDIF cumplió con la estrategia Hambre Cero de la mano de Dominus Messico luego de haber ganado el fallo a la Licitación Pública Estatal No. LP-SEDIF.ZAC-EA-4-2023, con una propuesta técnica y económica hasta por 245 millones 105 mil 251 pesos, sin incluir impuestos.
Si cumplió o no, eso sólo Obama lo sabe. Lo cierto es que para este 2024 el SEDIF parece que ha prescindido de sus servicios, pues según el proceso de licitación LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024, para la «adquisición y contratación del suministro y distribución de manera mensual de productos alimenticios«, sólo una empresa presentó su propuesta técnica y económica, misma empresa que también fue la única en participar en la sesión de la Junta de Aclaraciones celebrada el pasado 27 de marzo.
Se trata de Nomada Co S de RL de CV, empresa con sede en Chihuahua, cuyo representante legal es Julio César Castillo Proaño. Dicha empresa habría presentado una propuesta técnica y económica por 233 millones 824 mil 877.10 pesos, sin incluir impuestos, según consta en el acta correspondiente.
Lo anterior significa que para este año el SEDIF erogará menos recursos en paquetes alimentarios que en 2023, aunque no necesariamente se deba a un menor costo de los insumos.
De hecho, hay elementos para sospechar no sólo de otro caso de simulación de licitaciones (y abundan los ejemplos en la «nueva gobernanza»), sino también de una posible simulación de contratación de servicios.
Según los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dicha empresa de reciente creación únicamente cuenta con cinco contratos a la fecha, tres con el gobierno de Chihuahua, uno con el gobierno de Aguascalientes, y uno más con el Ayuntamiento de Zacatecas. Todos, del 2023.
Lo más interesante de lo que revela la PNT radica en el contrato de licitación LP.DIF.01/2023 del Gobierno de Chihuahua, para la adquisición de despensas por un costo global de 27 millones 500 mil pesos (unos 415 pesos por despensa, según consta en el contrato).
Porque resulta que en dicha licitación habrían participado de manera conjunta Nomada Co S de RL de CV y la ya famosa empresa Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, ambas representadas por Luis Enrique Amaya Clausen.
Bien raro el costo por despensa en dicha licitación, cuando en el caso de la licitación 313/2023-Licitación-SEDESO con el Gobierno de Aguascalientes cada despensa habría costado en promedio unos 191.52 pesos, considerando la adquisición de 720 mil paquetes alimentarios por un monto global de 137 millones 900 mil 316 pesos.
Más barato le habría resultado al Ayuntamiento de Zacatecas, según consta en el contrato PMZ-SAD/ADQ-047-2023, pues se habrían erogado hasta 900 mil pesos para adquirir unas 6 mil despensas, es decir, un costo de 150 pesos por paquete alimentario.
Pero volvamos al caso del SEDIF Zacatecas, donde según el proceso de licitación, este viernes 12 de abril se dará el fallo correspondiente a la licitación LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2024, aunque todo indica que volverá la sombra de Don Cacahuato.
Muy reveladora resulta el acta de la Junta de Aclaraciones, pues entre los anexos se adjunta un calendario de distribución de los paquetes alimentarios y, siendo año electoral, llama la atención que del 29 de abril al 9 de mayo las despensas serán entregadas con empaque comercial; mientras que del 17 al 27 de mayo se repartirían con la leyenda de veda electoral, y sólo del 3 de junio (un día después de la jornada electoral) al 15 de noviembre (fecha de la última entrega) se entregarían con imagen institucional de la «nueva gobernanza».
Lo anterior hace sospechar que en la primera entrega, la «nueva gobernanza» repartiría despensas con fines electorales debido a que los productos sólo llevarían un empaque comercial, lo que facilitaría a los hoy candidatos el reparto discrecional de los apoyos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Esperemos que la expriísta Cuquita Ávalos, hoy candidata de MORENA a la presidencia municipal de Jerez, también alce la voz en contra de esta licitación donde se aprecia aún la sombra de Don Cacahuato, pues cuando se desempeñó como diputada tricolor fue la principal crítica de la empresa chihuahuanse y hasta exigió se le vetara en las contrataciones de la «nueva gobernanza».
Ni perdón ni olvido
Este lunes 8 de abril se cumplió un mes de la brutalidad en la Plaza de Armas en el marco de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Y a un mes de dichos acontecimientos, colectivos feministas vuelven a alzar la voz para denunciar que la «nueva gobernanza» ha hecho oídos sordos a sus exigencias de destitución de los servidores públicos involucrados en la agresión policiaca.
Porque a la fecha siguen cobrando (y bien) quien dio la cara desde antes del 8M, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; y quien tiene el mando de las fuerzas policiacas, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
Mucho menos se ha cumplido la exigencia de mostrar los videos de las cámaras de seguridad en el Callejón de las Campanas, donde se registraron las principales agresiones en contra de las manifestantes, quienes ya se han dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas de quien esperan su visita a Zacatecas para observar de primera mano las flagrantes violaciones a sus derechos cometidas por las fuerzas policiales del estado el pasado 8 de marzo.
Además, han advertido que acudirán a los mecanismos de derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano para informarles sobre la grave situación que se vive en Zacatecas y se presentará un recurso ante la Función Pública para exigir formalmente la destitución de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de estos actos atroces.
Para rematar, este martes comparecerá ante el pleno de la 64 Legislatura el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, para rendir un informe anual de actividades y se espera que explique los avances en las denuncias presentadas por las víctimas del 8M, sin olvidar el caso de Julio César «N», quien sigue prófugo de la justicia.
¿Veremos una fiscalía autónoma o un organismo más al servicio de la «nueva gobernanza»?
