En sesión ordinaria, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) resolvió siete recursos de revisión derivados de solicitudes sobre la aplicación de la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.
Las inconformidades fueron interpuestas contra el Sistema Municipal de Agua Potable de Miguel Auza, el Ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena, el Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes recibieron la misma solicitud con 27 cuestionamientos en torno a si cuentan con sistema institucional de archivos, grupo interdisciplinario, actas de instalación, entre otras preguntas relativas a la gestión documental.
Los comisionados informaron que, en dos casos, no se obtuvo respuesta, por lo que se instruyó al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juan Aldama, así como al Sindicato de Personal Docente del CONALEP Fresnillo, modificar su contestación.
“El organismo de agua potable de Juan Aldama, por ejemplo, negó contar con instrumentos archivísticos, catálogo de disposición documental y guía simple de archivos, al no tener personal que realice estas labores” explicó el comisionado Samuel Montoya Álvarez. Agregó que la respuesta resuelta insuficiente, pues no se atendieron de manera puntual los 27 cuestionamientos recibidos en la petición y, toda vez que el Sistema de Agua Potable recibe y ejerce recursos públicos, es sujeto obligado a la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.
La comisionada Nubia Barrios Escamilla, ponente de la otra inconformidad, explicó que el Sindicato de Personal Docente del CONALEP Fresnillo negó ser sujeto obligado en materia de archivos y por lo tanto, dijo no cumplir con las disposiciones.
“Sin embargo, cabe mencionar que ambas leyes de archivos, la general y la local, establecen en su artículo primero que los sindicatos sí deberán cumplir con sus disposiciones” afirmó.
Por lo anterior, el Pleno instruyó que ambos sujetos obligados respondan cada uno de los 27 cuestionamientos referentes a la implementación y aplicación de las leyes de archivos, general y estatal, en un plazo menor a cinco días.
“Además de los hoy presentados, tenemos registrados 60 recursos de revisión muy similares derivados de solicitudes que contienen estas 27 preguntas, cabe mencionar que toda institución pública está obligada a observar esta ley y contar con protocolos para la correcta gestión de los archivos” señaló la comisionada Fabiola Torres Rodríguez.
El Pleno coincidió en que gran parte de los sujetos obligados que recibieron esta solicitud negaron ser sujetos obligados en materia de archivos, por lo que en próximas sesiones se continuarán resolviendo recursos de revisión e instruyendo la entrega de información.