En el marco de la comparecencia ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia llamó a no dejar impune el atropello de los derechos de las mujeres vulneradas durante la pasada marcha por el 8M en la entidad.
Esto luego de cuestionar sobre el número de carpetas y denuncias se han abierto contra policías estatales o municipales implicados, así como del trato preferencial de Arturo Medina Mayoral, Rodrigo Reyes Muguerza y Oswaldo Caldera, funcionarios de la administración estatal señalados por el Movimiento Feminista como responsables directos de los actos de represión.
“¿Qué avances hay en la investigación sobre el exceso de la fuerza pública el 8 M en Zacatecas, así como las sanciones y detenciones por dichos eventos, además de preguntar sobre si el funcionario, está de acuerdo con “el trato violento e indigno que recibieron las mujeres e infancias el 8M por parte de las corporaciones de seguridad de Gobierno del Estado?”, cuestionó.
La diputada por Acción Nacional señaló que la ciudadanía exige no dejar impune lo que fue un atropello a los derechos de las víctimas, “tales actos de violencia y mal manejo de situación no se veían en México y Zacatecas desde mucho tiempo, las zacatecanas y los zacatecanos necesitan respuestas de las instituciones que cuidan sus derechos y sobre todo que gastan recurso de sus impuestos”.
En su intervención Mar de Ávila cuestionó sobre la cadena de mando para concretar la orden “de que atacaran, violentaran y humillaran de esta forma a las mujeres al término de la marcha, se tiene identificada la cadena de mando que acorraló, detuvo, torturo físicamente y psicológicamente al menos a 20 mujeres”.
De Ávila Ibargüengoytia solicitó al Camacho Osnaya informar sobre las garantías que existen por parte de la fiscalía para que se realice “una investigación eficaz, transparente e imparcial sobre el 8M, ya que las fuerzas de seguridad cometieron actos de represión y son estas mismas corporaciones las que deben cumplir con las medidas de protección a las mujeres denunciantes”.
Exigió de igual forma, información en torno a las presiones que se ejercieron y se ejercen sobre el personal femenino de las corporaciones de seguridad pública para denunciar a las manifestantes del 8M, “para callar o en todo caso falsear sus declaraciones para favorecer a sus jefes varones”.
En torno al caso del asesinato de Raúl Calderón Samaniego en donde se implica al ex alcalde Julio N y su cónyuge, la diputada en tribuna solicitó información detallada sobre las fechas en que fueron giraron las fichas de búsqueda a nivel nacional e internacional y en que países son buscados los presuntos implicados en este caso, a lo que el fiscal general dio repuesta que dichas fichas fueron solicitadas y emitidas en el mes de junio de 2023 -dos meses después del proceso de desafuero y seis meses después de ocurrido el homicidio del joven-.
Mar de Ávila cuestionó sobre el trabajo que se realiza desde la fiscalía para combatir la alta incidencia de piso en la entidad, hecho que ha generado -dijo- “un ambiente de inseguridad y a su vez ha detonado el deterioro económico de las comunidades agrícolas, ganaderas y de prestadores de servicios en la entidad”.
Finalmente, y sin que Camacho Osnaya diera respuestas concretas y detalladas sobre los cuestionamientos, Mar de Ávila conminó a que la institución materialice su autonomía e independencia, “que no sea un instrumento del poder político, que no se someta ante quienes tienen sumido a Zacatecas en un marasmo de impunidad, de indiferencia, de cinismo y de dolor que diariamente enluta a las y los zacatecanos ante un cinismo insultante de quienes dicen conducir las instituciones del Estado”.