Lo bueno es que el diputado Juan Mendoza no volverá a ser diputado en la 65 Legislatura, porque como presidente de la Comisión de Justicia, hoy acumula más de 100 iniciativas rezagadas que no han sido dictaminadas.
Sin embargo, atribuir únicamente al magro desempeño de un solo legislador el problema de inseguridad en la entidad es un despropósito, como también lo es señalar que el cáncer de la corrupción se resolverá con las dos carpetas de investigación aún en trámite en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes.
Durante la comparecencia del fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, con motivo del informe anual de actividades quedó claro que este ejercicio de rendición de cuentas ha quedado obsoleto, pues la danza de cifras y declaraciones en una sesión que duró más de 6 horas bien pudo resumirse en unas cuantas infografías. Y tan tan.
Pero no, lo importante para nuestros diputados locales (algunos de los cuales buscan la reelección) fue el espectáculo de politizar la procuración de justicia, a pesar de tener la razón en varios de sus cuestionamientos al fiscal, quien tampoco la tuvo fácil porque cargó a cuestas con la irresponsabilidad de su antecesor, Francisco Murillo Ruiseco.
Como ya se había previsto, los temas que marcaron la comparecencia fueron los hechos del 8M, el proceso en contra de Julio César «N», feminicidios, personas desaparecidas y no localizadas, el «año de la paz» (aunque sea por decreto) y el rezago en la atención de denuncias en la FGJEZ.
Este último punto merece especial atención. Ya el diputado Manolo Gallardo había sugerido que el organismo estaba rebasado entre las carpetas de investigación que se presentan y los asuntos que se resuelven, uno de los principales motivos por los que la población ya no quiere denunciar (eso a lo que llaman «cifra negra»).
Y el tema no es cosa menor, pues tan sólo en 2023 la Fiscalía tramitó 215 mil carpetas de investigación, de las cuales, 57 mil 696 se declararon en «abstención de investigación» (carpetazo), mientras otras 86 mil 268 se turnaron a «archivo temporal» (otro carpetazo) y sólo se encuentran en trámite unas 34 mil 168.
Eso significa que sólo el 15.8% de las denuncias del año pasado tiene posibilidades de llegar a los tribunales, ahí donde la Fiscalía todavía tiene que demostrar que hay elementos suficientes para resolver en favor de las víctimas de un delito. Porque tan sólo el año pasado se lograron 381 sentencias condenatorias, de las más de 215 mil carpetas de investigación radicadas. De ese nivel es la procuración de justicia en Zacatecas.
Este rezago ¿es atribuible a la falta de recursos?, ¿a la falta de personal?, ¿a la falta de equipamiento?, ¿a una legislación obsoleta?, ¿a la falta de voluntad para resolver los asuntos que llegan a la Fiscalía?, ¿a la corrupción que posiblemente haya permeado al organismo?, ¿a la justicia selectiva?, ¿o es una mezcla de estos y muchos otros factores?
Pues nos quedamos con las ganas de que el fiscal respondiera, porque nuestros diputados se perdieron en los bloques de preguntas y respuestas durante las más de 6 horas de la sesión.
En resumidas cuentas: del 8M existen 13 denuncias de mujeres víctimas de alguna agresión y 14 de policías que también se dijeron víctimas; del proceso contra Julio César «N», se sigue investigando; de las denuncias pendientes contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, «siguen en trámite» en la fiscalía especializada.
Por lo demás, se tiene que una cuarta parte de las denuncias recibidas corresponden a delitos patrimoniales como el robo; hay 381 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción (de los cuales 11 se han judicializado, con un auto de vinculación en contra de 12 involucrados y una sola sentencia contra una persona); así como 1 mil 140 carpetas de investigación por desaparición de personas, un delito que no ha merecido particular atención de las autoridades, que se han centrado más en la «histórica» disminución en los homicidios dolosos.
Porque de las 1 mil 351 personas desaparecidas y no localizadas que documentó la Fiscalía el año pasado, únicamente se habría localizado a 478 personas, lo que significa que 873 (más del 64%) aún no han vuelto con sus respectivas familias.
Finalmente, Camacho Osnaya se vio pequeñito pequeñito en su comparecencia, a tal grado que el oficialismo tuvo que salir en su rescate, una mala señal de que la pretendida autonomía de la fiscalía está al servicio de quien lo puso en el cargo. Y no hablamos de los diputados.
¿Los equipos se desdoblan?
Dicen, dicen, dicen que mientras la atención está puesta en el actual proceso electoral (con campañas más aguadas que una gelatina), en la «nueva gobernanza» se orquestan más cambios en el gabinete de florero.
Y entre esos cambios parece que ya le habrían dado las gracias a quien se desempeñaba como subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Finanzas, Silvia Savedra, incondicional de la comisionada del INAI Norma Julieta del Río.
Además, el nombre de la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, parece que también estaría en la lista de perfiles a los que dirían adiós en la «nueva gobernanza».
Mientras son peras o son manzanas, sigamos celebrando que este 2024 es el «año de la paz», aunque sea por decreto…
