En lo que va del proceso electoral 2023-2024 se han documentado algo así como 24 asesinatos de políticos y candidatos (de todos los colores), de los cuales al menos 15 han ocurrido en lo que va de este año.
Zacatecas no ha estado exento de esta violencia. Se recordará el caso de Juan Pérez Guardado, exfuncionario municipal de Fresnillo y operador político del hoy senador Ricardo Monreal; así como el de Cecilio Murillo, hermano del exalcalde de Sombrerete (y candidato a diputado local), Alan Murillo.
El silencio que ha guardado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que hoy dice encabezar Cristian Paul Camacho Osnaya en torno a estos (y otros) casos no ha abonado a generar mayor certeza sobre el actual proceso electoral.
Y aunque estos casos se insertan en el «tema de temas», no parecieron relevantes para los diputados locales durante la comparecencia del fiscal la semana pasada ante el pleno de la 64 Legislatura.
Menor certeza ha podido brindar la «nueva gobernanza», que ya desde enero había anunciado que habría «elecciones en paz«, como uno de los 300 puntos a desarrollar en la denominada «Agenda por la Paz«, en el marco del cacareado «2024. Año de la Paz en Zacatecas«… aunque sea por decreto.
A lo más, se ha informado de una pretendida coordinación entre autoridades electorales y la Mesa de Abrazos y no Balazos para implementar un protocolo de protección y atención a candidatos en el actual proceso electoral, protocolo que (dicen) ya fue estrenado.
La situación no es menor, considerando que en las primeras dos semanas de campañas del proceso local ya van al menos 153 renuncias de candidatas mujeres «por motivos personales», y la cifra podría superar las 500 renuncias de candidatas y candidatos en el mismo lapso.
De acuerdo con la información del periodista Rafael de Santiago para El Sol de Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ya investiga si estas renuncias se debieron a actos constitutivos de violencia política en razón de género, siguiendo un protocolo en el que se entrevista a las candidatas y se les aplica una «encuesta» sobre las causas que las motivaron a renunciar.
Sin embargo, el problema es más grave de lo que parece y todo indica que vendría desde mucho antes de iniciar las campañas del proceso local el pasado 31 de marzo, pues como se recordará, el órgano electoral tenía prevista la recepción de al menos 14 mil solicitudes de registro de candidatos a algún cargo de elección popular de nivel local (diputaciones y ayuntamientos).
La sorpresa fue que al cierre de registros, únicamente se recibieron unas 9 mil 398 solicitudes; es decir, unas 4 mil 602 solicitudes menos de las previstas. Y estimando que las renuncias de candidaturas ya validadas por el IEEZ sumarían en promedio 500 (entre hombres y mujeres), a la fecha más del 5% del total de las y los candidatos ya habrían renunciado a su postulación en las primeras dos semanas de campañas del proceso electoral local.
Y el problema no está únicamente en las renuncias a candidaturas, sino también desde las solicitudes de registro, pues no es secreto que la mayoría de los partidos políticos y coaliciones tuvieron problemas (es un decir) para completar sus planillas con lo mínimo indispensable que les exige la Ley Electoral.
Por algo tenemos municipios con apenas tres planillas registradas para contender, como el caso de Atolinga y Trinidad García de la Cadena, o que incluso alcanzaron apenas 4 registros de planillas (como Mazapil, Monte Escobedo y Santa María de la Paz); cuando hay municipios que alcanzaron 10 registros (Trancoso) o hasta un máximo de 11 registros (Villa González Ortega).
Y eso únicamente en lo que corresponde a planillas de mayoría relativa, pues en los listados de candidatos de representación proporcional en los Ayuntamientos, los anexos a los acuerdos aprobados por el IEEZ revelan que la mayoría de los partidos y coaliciones apenas alcanzaron un mínimo de tres registros por municipio.
Que la semana pasada el órgano electoral haya aprobado 83 sustituciones de candidaturas (de las más de 500 renuncias estimadas a la fecha) debe poner en alerta sobre el actual proceso electoral, y más cuando estas sustitucions corresponden a renuncias de candidatos titulares por las tres coaliciones registradas, y los partidos PAN, PRD, PT, PVEM, MC, MOPRENA, Nueva Alianza Zacatecas, Encuentro Solidario Zacatecas, Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Alternativa Zacatecas.
Si de estas renuncias y sustituciones se ha derivado la interposición de denuncias penales ante la FGJEZ, el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya no lo informó durante su comparecencia ante el pleno de la 64 Legislatura la semana pasada, lo que no evita pensar en la posibilidad de que el actual proceso electoral esté en manos del crimen inteligente y bien organizado y se le haya escapado de las manos a las autoridades que departen con café y galletas en la Mesa Estatal de Abrazos y no Balazos.
La ausencia de estas denuncias tampoco significaría que ya están garantizadas unas elecciones en paz (como reza el compromiso de la «Agenda por la Paz«), sino que sería otro indicio de esa cifra negra de delitos que no se denuncian.
A eso súmele las amenazas y el acoso de corporaciones municipales, como ya se documentó en Guadalupe, cuando se supone que los elementos policiacos están para brindar protección y seguridad, y tenemos tremendo cochinero en este proceso electoral.
Si esto pasa con quienes buscan un cargo de elección popular, y para quienes se ha dispuesto todo un protocolo de protección, ¿qué pueden esperar los votantes durante la jornada electoral del 2 de junio?
