La semana pasada ya advertíamos en este espacio que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, a puerta cerrada, no respondería precisamente a destacar los logros del «más inteligente» de los Monreal.
A través de una fotonota, la «nueva gobernanza» se limitó a decir que el Presidente vino a evaluar los avances en la universalización de los servicios de salud de Zacatecas, con la implementación del sistema IMSS-Bienestar.
La verdad, es que el tema principal de la visita presidencial, a puerta cerrada, fue el proceso electoral. Según fuentes de la Secretaría de Gobernación, en el último mes se han realizado «muchas reuniones» en los lugares donde se puede perder la elección, y que además tienen problemas de violencia, lugares entre los cuales han identificado a Zacatecas con una alerta en particular.
De acuerdo con estas mismas fuentes, las visitas oficiales del Presidente se han limitado al sur del país, especialmente para supervisar las megaobras. Sin embargo, desde hace dos semanas la propia SEGOB que encabeza Luisa Alcalde Luján pidió a las Mesas de Seguridad en los estados que informaran cuáles municipios tienen más posibilidades de un problema que afecte el proceso electoral.
En ese lapso, personal de SEGOB ha revisado a detalle con los gobiernos de los estados en qué condiciones se encuentran y para Zacatecas la cosa no pinta bien, a pesar de las sendas fotonotas de la «nueva gobernanza» donde se informa que «hay condiciones para realizar elecciones pacíficas en Zacatecas«.
De hecho, apenas el fin de semana pasado (luego de la visita presidencial), la «nueva gobernanza» informó que la Mesa Estatal de Abrazos y No Balazos «ha evaluado y reforzado la estrategia de seguridad para garantizar unos comicios pacíficos, en los que hay condiciones para la instalación de las 2 mil 634 casillas en el estado«.
Y se reiteró que «en Zacatecas existen las condiciones necesarias para la instalación total de las casillas electorales en el territorio estatal, y el compromiso de la administración es continuar el trabajo en el plan de seguridad, con el objetivo de consolidar la paz durante los comicios«.
Pero las cosas son más graves de lo que parecen, pues desde la SEGOB se sabe que para el día de los comicios la idea es desplegar algo así como 17 mil elementos de la Guardia Nacional para patrullajes en los municipios donde hay más posibilidades de problemas que afecten al proceso electoral, que en Zacatecas abarcaría prácticamente una tercera parte de los 58 municipios, teniendo como prioritarios el llamado corredor electoral: Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Fresnillo, sin olvidar la región de Valparaíso, Río Grande, Sombrerete, Apulco, Tlaltenango, entre otros más.
A este diagnóstico se agrega el significativo número de renuncias de candidaturas en este proceso electoral, no sólo de mujeres (por aquello de la violencia política en razón de género), sino que en la SEGOB cuentan con información adicional para pensar que muchas de estas renuncias se debieron a temas de inseguridad.
Aunado a lo anterior, también en SEGOB hubo una reunión con carácter de urgente hará cosa de un par de semanas, a la que se obligó a asistir a la candidata al Senado por la coalición «Sigamos robando más» (o algo así), Verónica del Carmen Díaz Robles, a quien le habrían leído la cartilla ante las numerosas quejas de sus propios aliados de coalición.
En dicha reunión no sólo se le advirtió la prohibición de pretender utilizar la estructura de Servidores de la Nación para sus propios fines político electorales. También se le dio un ultimátum para que el subdelegado regional José Luis González Orozco dejara de operar a su favor y hoy tiene un procedimiento abierto por presunto desvío de recursos «millonarios» en favor de la exdelegada de Programas para el Desarrollo.
No sólo eso, también se le habría advertido que en su campaña dejara de amedrentar a los presidentes municipales para llamarlos al voto diferenciado y anular el respaldo a quienes son aliados de la coalición «Sigamos robando más» (o algo así).
De hecho, la situación habría llegado a tal grado que, a nivel federal, ya se tiene el nombramiento listo para que un nuevo delegado (hombre) ocupe la Delegación de Programas para el Desarrollo a partir del próximo lunes 3 de junio, una persona externa a Zacatecas, pero de toda la confianza de la hoy candidata presidencial Claudia Shienbaum. ¿Preparando ya la sucesión?
Este nombramiento sería el punto de partida para cerrarle la llave (y las puertas) a Díaz Robles, quien no contará con el respaldo federal en su aspiración a lograr la candidatura a la gubernatura en el 2027, un lugar que estaría reservado para dos perfiles: el actual candidato a diputado federal del Distrito 3, Ulises Mejía Haro, o atendiendo al principio de paridad y alternancia, Julia Olguín, actual candidata a diputada federal del Distrito 2.
El problema para Zacatecas, sin embargo, va más allá del 2 de junio, pues en las mesas de evaluación que ha establecido la SEGOB con los gobiernos estatales se ha identificado para nuestra entidad un nuevo problema latente, que en mucho se debe a la irresponsabilidad del gobernador David Monreal y que habría derivado en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.
Porque resulta que el «más inteligente» de los Monreal se ha negado reiteradamente (en los últimos dos meses) a establecer una mesa tripartita con los maestros agremiados al CNTE, y esa bomba no tarda en estallar, como todo en esta «nueva gobernanza». Y el escenario más probable es que la nueva secretaria de Educación, Maricarmen Salinas, tenga que salir al quite, pero ojalá no sea ya muy tarde.
Así las cosas, en la última semana de este proceso electoral insufrible.
