Durante la sesión de la Comisión Permanente de este lunes 22 de julio, la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del ISSSTEZAC presentó en voz de su presidenta, la diputada Gabriela Monserrat Basurto Ávila, el informe final por escrito de sus actividades, el cual contiene las conclusiones de esta Comisión respecto de las sesiones de trabajo y foros realizados, así como de la información adicional solicitada al Despacho Valuaciones del Norte, para poder realizar un análisis técnico de las posibles variables de la reforma.
De acuerdo con la información actuarial y financiera proporcionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Especial detalló que el ISSSTEZAC no tiene viabilidad técnica y financiera para seguir operando sin la realización de la reforma que la propia ley mandata.
Asimismo, de la realización de las actividades de la Comisión, una de las conclusiones es que sí es necesaria una reforma; además, la legisladora Basurto Ávila recalcó en la manifestación de la base pensionada, derechohabientes activo y personal que trabaja en el Instituto sobre su inconformidad en los manejos administrativos y financieros desde la creación del propio Instituto, lo que a su juicio ha ocasionado la crisis en la que se encuentra.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del ISSSTEZAC, dio cuenta de las variables paramétricas presentadas por el Secretario de Finanzas y presidente de la Junta Directiva del Instituto, así como los principales puntos rescatados de las actividades realizadas, que son: modificación al cálculo de las prestaciones, migrando al uso de la Unidad de Medida de Actualización; modificaciones de topes de pensión; gravar y reducir aguinaldos; incremento gradual a las cuotas y aportaciones patronales; modificación del sueldo regulador; eliminar la prestación de devolución de cuotas; complementariedad de pensiones solo para generaciones futuras; y reingeniería de áreas administrativas y empresariales.
El informe fue remitido a las Comisiones Unidas de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo y de Parlamento Abierto.