Para el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) los días están contados, lo mismo que para los órganos garantes en los demás 31 estados del país.
Luego de la aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para hacer las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento al decreto por el que se extinguen diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
La lucha se dio. Incluso se presentaron alternativas para reducir el gasto mucho más de lo que se pretendía con la «austeridad republicana» que cacarea la Cuarta Transformación. Hasta se propuso una «simplificación orgánica» al interior del órgano garante a nivel nacional para fundamentar estos recortes importantes. Y el decreto para su extinción se aprobó haiga sido como haiga sido.
Pues mientras transcurren esos 90 días para adecuar las leyes que permitan incorporar a los órganos extintos a la administración pública federal (el INAI sería absorbido por la Secretaría Anticorrupción o algo así), los comisionados continuarán en su encargo y luego saldrán por la puerta de atrás. Y que bien les vaya.
Llegado ese plazo, las economías y ahorros que se generen por la extinción de estos organismos autónomos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Nada nuevo, considerando que los «programas del bienestar» son un monstruo elevado a rango constitucional que consumirán buena parte del presupuesto. Y así será cada año. Y cada año se buscará echar mano de cuanto recurso sea necesario para garantizarlos.
Además, el personal que labora en dichos organismos autónomos en vías de extinción pasaría a formar parte de la administración pública federal, lo que significará otro impacto presupuestal si se pretende respetar sus derechos laborales, como señala el artículo séptimo transitorio del Decreto en mención.
En fin… transcurridos los 90 días para consumar la extinción de organismos autónomos, las legislaturas en las entidades federativas tendrán un nuevo plazo de 90 días para armonizar sus leyes. Y se sobreentiende que deberán proceder de igual forma con la extinción de sus órganos garantes en materia de transparencia para ser integrados a las administraciones públicas estatales.
Ya de paso, en el caso de Zacatecas, capaz que a nuestros brillantes diputados también se les ocurre desaparecer de una vez al Sistema Estatal Anticorrupción. Total, ya tenemos zar anticorrupción Ernesto González Romo en la Secretaría de la Función Pública, y no es que el Sistema haya sido muy eficiente en eso de combatir la corrupción.
Pero si de recursos hablamos, el IZAI tuvo un presupuesto de apenas 24.6 millones de pesos para este año, que no representan ni el 1% del presupuesto total del estado de Zacatecas. No les alcanzaría ni para una quincena de la nómina educativa. Por eso para el gobernador David Monreal, fue muy fácil decir que mientras se consuma su extinción (palabras más, palabras menos), el IZAI tendrá los recursos que necesite para su operación.
Porque hablamos de prácticamente seis meses para que los legisladores federales adecúen las leyes federales, y que nuestros legisladores locales armonicen la legislación local. Lo que significa que para el cuarto informe de gobierno en septiembre de 2025 el IZAI quedaría extinto y su personal, incorporado a la SFP (con el impacto presupuestal que ello implica).
Se dice fácil, pero en la práctica no hay mucha confianza en que se garantice el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Ni a nivel nacional ni en lo local. Ya a nivel federal sobran los ejemplos donde se aplicaba el mismo machote para negar la entrega de información pública o para recurrir a prácticar dilatorias que prolongaran las solicitudes de información por años.
Y en lo local, no son pocos los casos donde a raíz de trabajos periodísticos de investigación, los entes públicos dejaron de publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) información de carácter público más allá de lo mínimo indispensable para las evaluaciones trimestrales.
Por eso el número de contratos publicados no corresponde con los recursos devengados en cada trimestre en diversas dependencias de la administración pública estatal. ¿O está para consulta pública en la PNT el contrato plurianual para la construcción del Viaducto elevado?
Además, luego de exhibir las compras de Mezcal Zacatecano Añejo en la Jefatura de Oficina del Gobernador donde despacha un tal Zuñi, dejaron de transparentarse estos gastos para ser disfrazados con tickets de compras para la ayudantía del gobernador. Mismo monto que el costo de una botella de mezcal, pero diferentes conceptos.
O qué tal en la Secretaría de Economía que dice encabezar Rodrigo Castañeda Miranda, donde se siguen disfrazando viáticos con invitaciones a eventos ficticios para justificar recursos que diferentes funcionarios se han embolsado cada trimestre, o que, en el peor de los casos, vacacionan con cargo al erario.
Y si nos metemos a revisar a los municipios, no terminamos, como tampoco con la negativa de otros entes públicos que se niegan a proporcionar información, como el caso de sindicatos o hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas con una transparencia muy, pero muy parcial.
Finalmente, en el segundo piso de la transformación, lo que queda claro es que a la 4T no le molesta la corrupción que alega en los organismos autónomos cuya extinción acaba de aprobar la Cámara de Diputados. De otro modo, habría recurrido a otros mecanismos para sancionar los presuntos actos de corrupción.
No, a la 4T no le molesta la corrupción porque no la sanciona. Lo que molesta a la 4T son las instituciones. Por eso las desmantela. Pero, pues, cada quién…
