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Como ya se esperaba, la 65 Legislatura aprobó por mayoría la minuta relativa a la «simplificación administrativa» por la que se extinguen siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Esta aprobación, se sabe, estuvo precedida por la rispidez de declaraciones entre la diputada local Lyndi Bugarín (que más parece coordinadora de la bancada oficialista) y la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, aunque el desenlace ya estaba cantado.

Eso sí, muy ridícula la defensa de la minuta por parte del oficialismo, al recurrir una y otra vez a escándalos especialmente en el INAI, entre viajes y viáticos y lujos que ya en su momento había denunciado Del Río Venegas ante el órgano interno de control.

Pero eso de alegar que la Auditoría Superior de la Federación encontró hasta 30 millones de pesos en irregularidades en el INAI en sus cuentas públicas, y callar ante los más de 15 mil millones de pesos de la estafa de SEGALMEX, no tiene punto de comparación, mucho menos cuando se argumenta que en esta «simplificación administrativa» habrá mayor control presupuestal.

Porque el meollo del asunto, y para dorar la píldora, obra en el artículo tercero transitorio (como ya señalábamos en este espacio) donde se establece que las economías y ahorros que se generen por la extinción de estos organismos irán a parar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Nada más que el presupuesto de estos siete organismos que han decidido extinguir no representa ni el 1% del gasto que implican los programas del bienestar. Entonces así como que mucho ahorro, no lo hay.

Más bien queda la incertidumbre sobre la pretendida autonomía que se conservará en la tutela de funciones que tenían estos siete organismos que han decidido extinguir, especialmente en lo que compete a la transparencia y la protección de datos personales.

Tampoco hubo sorpresas cuando, también por mayoría, fue aprobada la minuta con la reforma constitucional relativa a la prisión preventiva oficiosa, cuyo catálogo de delitos se incrementa, en lugar de ir a la discusión sobre la pertinencia de conservar esta medida que sigue atentando contra los derechos humanos.

En este caso, parca, muy laxa, exigua, floja y atropellada fue la defensa del oficialismo sobre el contenido de la minuta, cuya única voz fue la diputada Maribel Villalpando, en una intervención por demás insufrible, mientras en la oposición sobraban las voces en contra, como los diputados Marco Vinicio Flores, Eleuterio Ramos, Maritere López, Isadora Santiváñez, Dayanne Cruz y hasta Pedro Martínez.

Eso sí, bien raro que más allá de citar múltiples recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la pertinencia de conservar esta medida privativa de la libertad, se centraran en alertar ante la posibilidad de que el gobierno en turno se dedique a fabricar delitos contra sus opositores para dictarles prisión preventiva oficiosa y, después de dos años, salir con un «usted disculpe».

Y más raro cuando la discusión de la oposición se centró en un nuevo delito incluido en el catálogo que amerite esta medida: el uso indebido de programas sociales. Porque no fueron pocas veces las que se sugirió que se recurriría a la prisión preventiva oficiosa para amedrentar a la oposición de cara a las elecciones de 2027.

Más bien la oposición (especialmente el PAN) debería cuestionarse por qué sigue postulando perfiles con antecedentes turbios (que sí o sí requerirán fuero) que luego serán aprovechados por la 4T para someterlos a su favor e incluso abrirles los brazos en las filas de MORENA, como ya ocurrió con los Yunes más recientemente, pero también con exgobernadores como el expriísta Alejandro Murat, hoy senador por MORENA.

Baste revisar los perfiles postulados para la dirigencia estatal del PAN, no vaya siendo que gane quien está acusado de haber estado dos años en prisión por la comisión de un secuestro y que hoy cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Varela y de la diputada federal Noemí Luna. Recuerden que el hilo siempre se rompe por lo más delgado… Y luego se hacen los sorprendidos (e indignados).

Finalmente, en una de las tres sesiones convocadas para este jueves, se dio lectura a la lista de idoneidad de los perfiles inscritos en la convocatoria para ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y llaman la atención dos perfiles: la priísta Erica del Carmen Velázquez Vacio y la exdiputada morenista Maribel Galván Jiménez.

La lista fue turnada a la Junta de Coordinación Política, para luego ser remitida al Ejecutivo y que de ahí se depure los perfiles para integrar la terna definitiva de la cual se elegirá la magistratura vacante.

Sobra decir que, en el preámbulo de la presentación, discusión y aprobación del Paquete Económico 2025 del estado, la balanza podría inclinarse por los acuerdos con la oposición o continuar con el mayoriteo legislativo en favor de la «nueva gobernanza».