Ya nos vamos acostumbrando a que la 65 Legislatura de Zacatecas sea una réplica medio cutre del actual Congreso de la Unión. Sí, porque iniciativa que llega alineada con la 4T (o la «nueva gobernanza»), iniciativa que se aprueba sin decir agua va, y haiga sido como haiga sido. Porque al final ya no importa si la oposición sigue fingiendo ser oposición o si ya es comparsa descarada.
Enero pinta para ser polémico en el Legislativo, empezando por la convocatoria para un segundo periodo extraordinario aprobado por la Comisión Permanente, a desarrollarse los días 14, 15 y 17 de enero, y donde se pretende aprobar la minuta con proyecto de decreto relativo a al llamada Reforma Judicial para el estado de Zacatecas.
Básicamente, se hará el recuento de Cabildos que aprobaron o rechazaron la minuta correspondiente, más el balance de aquellos que no remitieron respuesta, y se dará por aprobada la dichosa reforma para cumplir con caprichos de Palacio Nacional, sin siquiera abrir el tema a foros de parlamento abierto para consultar a la ciudadanía ni mucho menos con la participación del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Eso implicará una nueva carga para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que con todo y el recorte por más de 203 millones de pesos para este año (algo así como 61.71% de lo que tenían en 2024), tendrán que sacar adelante sí o sí la elección de jueces este año.
Y para que no quede duda de que la Reforma Judicial va porque va, en el mismo periodo extraordinario de la 65 Legislatura también se contempla el nombramiento y designación del Consejero Representante del Poder Legislativo ante el Órgano de Administración Judicial.
Con esta parchada constitucional, al mero estilo de la 4T, hasta parece surreal que, en sesión solemne, se pretenda develar en letras doradas la leyenda: «2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas». Aunque cualquier cosa es mejor que el «2025, Año del Bienestar»…
Por si esta aberración legislativa no fuera suficiente, en la misma sesión de la Comisión Permanente de este lunes el diputado Jesús Padilla, también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, que no es otra cosa que la declaratoria de extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
El tema no es tampoco una sorpresa, pues ya estaba cantado y lo advertimos en este espacio desde el pasado 25 de noviembre. Sin embargo, sí llama la atención la premura con la que pretenden acelerar este proceso de extinción, violando incluso los artículos transitorios del decreto federal.
Los argumentos, eso sí, rayan en lo rídiculo para el caso del IZAI, pues en la exposición de motivos a la que dio lectura el diputado Jesús Padilla, pues se sigue aludiendo a «lujos, gastos superfluos, duplicidad de funciones y despilfarro», cuando el órgano garante apenas contará con un presupuesto de 23.2 millones de pesos como presupuesto para este año y que significan un recorte de 1.4 millones respecto al presupuesto que tuvo en 2024.
Es decir, al IZAI apenas le habrían destinado para este año el 17.9% del presupuesto total que ejercerá la Secretaría de la Función Pública; o el 0.6% del presupuesto que se destinará a organismos autónomos; o el 0.05% del presupuesto total del estado. Así que eso del despilfarro, los lujos y los gastos superfluos, como que no, ¿verdad?
Por encima de todo, el diputado promovente justifica en la iniciativa que: «En el artículo cuarto transitorio de la mencionada minuta (federal), establece que las Legislaturas de los Estados deben hacer las modificaciones a la normatividad respectiva conforma las disposiciones antes mencionadas».
Nada más que a Padilla Estrada se le olvidó mencionar que, a la letra, el citado artículo transitorio establece que: «Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el artículo Segundo transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme al presente Decreto«.
Y dicho artículo segundo transitorio se refiere a la expedición de las leyes secundarias en lo federal, relativas a la extinción del INAI y otros organismos autónomos, para lo cual se tendrán hasta 90 días. Y hasta el momento, no se ha cumplido esta condición.
Es decir, la 65 Legislatura local se estaría adelantando a los tiempos, e incluso acortando los plazos para la extinción del IZAI (según el artículo cuarto transitorio, «la Legislatura del Estado tendrán el plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, para armonizar el marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, para hacer efectivas las disposiciones del presente«), porque la legislación secundaria en lo federal ni siquiera se ha abordado y hasta el INAI tiene cuatro meses de gracia para continuar con sus actividades.
No quisiéramos pensar que esta iniciativa para acelerar la extinción del IZAI más bien responda, primero, a quedar bien con Palacio Nacional y presumir que Zacatecas fue la primera entidad en la armonización constitucional, o que les urge extinguir al órgano garante antes de que se cumpla el plazo para cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia las obligaciones en la materia correspondientes al primer trimestre de este año, es decir, un plazo que se cumpliría el 30 de abril.
Porque vaya usted a saber qué tanto pretende esconder la «nueva gobernanza», con el aval del zar anticorrupción, Ernesto González Romo.
Por lo pronto, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el monrealista (perdón, morenista) Santos Antonio González, y que integran como secretarios las diputadas Ana María Romo, Lyndi Bugarín, Dayanne Cruz y Karla Rivera, así como el diputado Alfredo Femat.
Pero mucho ojo, pues si la 65 Legislatura aprueba esta armonización antes de que se cumpla el artículo cuarto transitorio del decreto federal, estaría incurriendo en una grave violación al proceso y podría ser impugnable.
Mientras tanto, en el IZAI ya se preparan para el último informe de labores de la comisionada presidenta Fabiola Torres; la próxima despedida del comisionado Samuel Montoya, cuyo periodo de siete años concluirá el próximo 31 de enero; y el relevo en la presidencia del organismo que ahora recaerá en la comisionada Nubia Barrios, con un pleno de apenas dos comisionadas mientras el IZAI vive sus últimos días.
Y a disfrutar lo votado…
