Con el tiempo encima y entre protestas de trabajadores, así fue la última sesión del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) en la que se aprobó la integración del Comité de Transferencia para pasar sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y la última es la última.
Porque una vez publicado el decreto que expide las nuevas leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales publicado el 20 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el Comité de Transferencia tendrá 30 días naturales para dar cauce a la última etapa del proceso de extinción del INAI.
Vía remota y en apenas 30 minutos, sin lugar a mensajes de despedida más allá de las breves palabras de las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Julieta del Río y Josefina Román, la última sesión del Pleno del INAI dejó un amargo sabor de boca.
La extinción del Instituto era inevitable. Se convirtió en una de las principales piedras en el zapato de la Cuarta Transformación, esa que en su segundo piso hoy promete que estarán garantizados los derechos de acceso a la información de datos personales, pese a su reiterada negativa a la transparencia.
Esta vendetta llevó a un desaseado (por decir lo menos) proceso legislativo que hoy no sólo obliga a los Congresos de los estados a armonizar su legislación para extinguir también a sus propios órganos garantes locales, sino que dejó en la incertidumbre a quienes laboraban en el INAI, un aspecto importantísimo que deberán cuidar en los estados.
Porque al final, del total de trabajadoras y trabajadores del INAI, únicamente se logró un acuerdo para otorgar una compensación a 419 de carrera, pero que dejó fuera a 320 de confianza.
De ahí que la última sesión del Pleno fuera de pisa y corre, en un lamentable final para una institución que siempre debió velar por el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, pero que en manos equivocadas recurrió a prácticas que le llevaron a su extinción. Y por los errores de unos cuantos hoy la pagan sus trahbajadores.
Por lo anterior, nuestros diputados y diputadas de la 65 Legislatura deberán estar muy atentos a la última etapa del proceso de extinción del INAI para evitar cometer los mismos errores, más considerando que desde el pasado 13 de enero, en sesión de la Comisión Permanente y meses antes de que corrieran los plazos legales para ello, el diputado Jesús Padilla presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa para la declaratoria de extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Y aunque su eventual desaparición ya estaba cantada (como lo dimos a conocer en este espacio desde el pasado 25 de noviembre de 2024), la justificación para la extinción del IZAI raya por demás en el ridículo.
De acuerdo con la inicitiva presentada el 143 de enero, se sigue aludiendo a «lujos, gastos superfluos, duplicidad de funciones y despilfarros«, cuando el órgano garante apenas cuenta con un presupuesto de 23.2 millones de pesos para este año, con un recorte de 1.4 millones respecto al presupuesto que le fue asignado en 2024.
Por eso resulta irrisorio que, en la misma iniciativa, se establezca que los ahorros generados con la extinción del IZAI serán integrados a las arcas del estado (a ver para cuánto les ajusta, si es que sobra recurso), pero en ningún momento se considera el recurso necesario para compensar al personal afectado por la extinción del IZAI.
Porque hoy al menos 43 trabajadores se mantienen en la incertidumbre ante lo que determinen en la 65 Legislatura y, luego, en el acuerdo que se logre entre el Pleno del IZAI (que hoy se reduce únicamente a las comisionadas Nubia Barrios y Fabiola Torres) y la «nueva gobernanza», de la mano con la Secretaría de la Función Pública (SFP) hoy en manos del zar anticorrupción, Ernesto González Romo.
En aras de una vendetta vendida como simplificación administrativa, vienen tiempos oscuros y muy opacos para la transparencia. Demos gracias a nuestros legisladores y legisladoras federales urgidos por extinguir la transparencia, pero que se ausentan de sus funciones tratándose de temás aún más serios como el caso de Teuchitlán, Jalisco.
Huyen del debate
Si hablamos de huir del debate parlamentario, en la 65 Legislatura no se quedan atrás, pues la sesión ordinaria convocada para este jueves no reunió el quórum legal para sesionar, lo que impidió una segunda lectura, discusión y votación al dictamen por el que se reforma la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Atendieron a la convocatoria únicamente las y los diputados Ruth Calderón, Santos González, Martín Álvarez, David González, Isadora Santiváñez, Ma. Elena Canales, Renata Ávila, Alfredo Femat, Ana María Romo, Marco Vinicio Flores y Karla Rivera. Sólo 11 de los 30 diputados que integran el Pleno. Y no es como que se encontraran en actividades propias de su distrito.
Quienes todo indica que no han podido desprenderse de sus prejuicios optaron por ausentarse de una discusión que lleva décadas en el foro público, y que hoy les obliga a legislar incluso por mandato judicial. Así que eventualmente la reforma tendrá que ser aprobada.
Mientras tanto, ¿se aplicará el Reglamento y se le descontará el día a quienes se ausentaron de la convocatoria a sesión ordinaria?, ¿o haremos como que no pasa nada? Porque en la iniciativa privada, el grueso de las y los zacatecanos tendrían otras consecuencias. ¿Disfrutamos lo votado?
