Con más de 25 años de trayectoria y un activismo consolidado dentro del movimiento feminista en Zacatecas, Mara Muñoz Galván busca incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el último eslabón de la cadena de justicia: el Poder Judicial.
Ella es una de las dos personas que contienden por el cargo de juez o jueza de distrito en el sistema penal acusatorio federal en Zacatecas, en medio de una polémica elección judicial en la que más de 3 mil personas competirán por 881 cargos judiciales en todo el país.
Como abogada feminista que ha acompañado a mujeres y niñas en situación de violencia, principalmente violencia sexual y violencia feminicida, además de conocer de cerca el activismo en favor de los derechos humanos, como el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia, Mara Muñoz busca incidir en los casos de violencia institucional desde un cargo como persona juzgadora.
«En este trayecto me he podido dar cuenta de múltiples casos de violencia institucional, de cómo el estado no corresponde a sus obligaciones de proteger, de garantizar, de promover nuestros derechos humanos y lejos de cumplir con la Constitución y los tratados internacionales, pues caen en muchas ocasiones en prejuicios, en prácticas corruptas, en negligencia y eso evidentemente lastima la vida, la dignidad, la integridad de las mujeres, todavía más allá del daño que ya les provocó la agresión primaria por la cual están recurriendo al sistema de justicia«.
En entrevista para Lalalá News, la candidata a jueza penal federal vio la reforma al Poder Judicial federal y eventualmente la llamada elección judicial como una oportunidad para «hacer real el acceso a la justicia para las mujeres con una perspectiva de género«, pero también «la posibilidad de ejercer la función jurisdiccional con un enfoque de derechos humanos, donde las víctimas, principalmente las más vulnerables, estén al centro del proceso«.
De ahí que en su promoción del acceso a la justicia, privilegie a grupos que tienen una situación de desventaja histórica, estructural y sistémica, como las mujeres, las infancias y adolescencias, personas indígenas, migrantes, defensoras de derechos humanos y hasta personas buscadoras.
¿Una persona juzgadora puede hacer un cambio en la impartición de justicia?
Mara Muñoz es conciente de que en la posición por la que compite se habrán de juzgar no sólo aquellos delitos federales o de alto impacto, sino también aquellos cometidos por servidoras y servidores públicos federales.
En esa tarea de juez o jueza de control en materia penal federal, considera fundamental implementar una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos durante el proceso penal.
En caso de ganar la elección, «a mí me va a tocar ver delitos como feminicidios, como violencia sexual, como desaparición forzada, cuando lo cometan servidores públicos federales. Ahí eminentemente hay una relación de poder que el juzgador o la juzgadora tiene que detectar, tiene que aplicar medidas para compensar esa relación de poder«.
Además, indicó que «una de las grandes funciones de un juzgador o de una juzgadora es saber discernir lo que es verdad de lo que es mentira, y poder ser justa en ese sentido. ¿Qué significa? Tener la capacidad de valorar los elementos probatorios que se ponen en la mesa, los argumentos de las partes y poder llegar a una conclusión que sea imparcial y que le dé, como dice esa definición tan importante, a cada quién lo que le corresponde«.
En particular, sobre delitos cometidos contra las personas buscadoras o la desaparición forzada cometida por servidoras o servidores públicos federales, «habrá una gan responsabilidad, porque no solamente es una desaparición, sino que vas en contra del estado. Estamos acostumbradas ya a ir en contra de los intereses del estado, eso no me preocupa, no es un tema de preocupación para mí, al contrario, eso es una motivación para hacer las cosas todavía de una mejor manera«.
Fiscalías y defensorías, ausentes en reforma judicial
Para Mara Muñoz, las fiscalías, las defensorías públicas y los sistemas de asesoría legal para las víctimas siguen siendo un gran pendiente en la reforma judicial, pues «cuando un caso llega ante un juez o jueza penal federal, se pone sobre la mesa lo que está en la carpeta de investigación, lo que la fiscalía integró para comprobar ese delito. Si la fiscalía no hizo su trabajo, si no se allegó de las pruebas suficientes, si no integró de manera adecuada esa carpeta de investigación, evidentemente el juez o la jueza no va a tener los elementos suficientes para valorar la situación, ni siquiera para una vinculación a proceso«.
Por otra parte, en el caso de las defensorías públicas, la candidata advirtió que con frecuencia éstas disponen de poco tiempo para acceder a las carpetas de investigación, lo que deriva en una laxa defensa de las víctimase e incluso «una simulación del proceso penal«.
Por ello, Muñoz Galván afirmó que su compromiso es cambiar esta dinámica desde las instituciones, con medidas como el diferimiento de las audiencias para garantizar un verdadero acceso a la justicia.
Sin embargo, también advirtió que «hay cosas que un juzgador, una juzgadora, no puede hacer y que eso implica una reforma estructural mucho más profunda al sistema de justicia, porque en definitiva la manera en la que estamos operando no es la correcta para garantizar el acceso a la justicia en el proceso».
Un voto de confianza a la elección judicial
Más allá de la polémica que ha surgido en torno a la controvertida elección judicial, para Mara Muñoz es importante conceder el beneficio de la duda y otorgar un voto de confianza ante la posibilidad de que la propia ciudadanía elija a sus juzgadores.
«Históricamente estas figuras de autoridad han sido lejanas, han sido herméticas, los poderes judiciales, tanto locales como el federal, se han movido en términos de su ingreso y de ir avanzando en el sistema en mucho por quién te recomendó, por si tienes un familiar dentro… entonces todo eso ha hecho que el poder judicial federal sea algo lejano, intocable».
Hoy, con la reforma judicial y la posibilidad de elegir a las personas juzgadoras, Mara Muñoz reconoce que existe una barrera del prejuicio: «se cuestiona mucho el método, pero yo creo que vamos a ver cómo funciona, vamos a transitar por esta elección federal, yo te puedo decir que hasta el momento, en lo federal, en lo que a mí compete, he visto que las cosas han sido transparentes y han transcurrido de manera correcta».
No obstante, a diferencia de una elección ordinaria para cargos de elección popular, «mucho de lo que determina una elección es la movilización de los votantes y evidentemente yo no tengo la capacidad de movilizar los votos porque no tengo a mi cargo ni programas sociales ni estructuras gubernamentales, y aunque las tuviera no lo haría«.
Algunas proyecciones estiman que la participación en la elección judicial llegará al 30% de votantes, otros indican que apenas alcanzará un 15% y los pronósticos más pesimistas prevén sólo un 10% de participación, es decir, en niveles similares a cuando se llevó a cabo por primera vez un ejercicio de revocación y/o ratificación de mandato durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
«Yo confío en que esta sea una elección en la que los poderes dejen que transite de manera justa para legitimar la elección. Porque si hay un intervencionismo, si en determinado momento hay otro tipo de prácticas, pues lo único que va a suceder es que se va a deslegitimar, ahora sí de manera definitiva, este tipo de elección«.
Plataforma de propuestas
Como candidata a jueza penal federal, Mara Muñoz hoy promueve cinco compromisos fundamentales en esta elección: imparcialidad y autonomía, para evitar que decisiones externas impacten en la forma de resolver; combate a la corrupción, para actuar con transparencia e integridad; juzgar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; promover el uso de la tecnología en todo el proceso penal, para una justicia pronta y expedita; así como capacitación constante, de la mano de la Escuela Judicial, para incorporar estos principios en la forma de juzgar.
